Con los recursos legales, además, buscan que se ponga a consulta ciudadana la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto aeroportuario que presentó hace unos meses la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
José Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), quien asesora legalmente a los opositores a la terminal aérea, explicó que en la MIA se habla de que se requerirán del orden de 6 millones de litros diarios para la operación del nuevo aeropuerto, de los cuales, el millón de litros que hay en los pozos ubicados en la Base Aérea, pueden ser autosuficientes; mientras que los otros 5 millones tendrían que salir de la región.
“Cinco millones de litros de agua potable significan alrededor de 500 pipas diarias, que ni siquiera un pueblo completo tiene tal cantidad de líquido. Y estando en una cuenca con sobreexplotación de mantos acuíferos de 800 por ciento, no tenemos que ser científicos para entender que si sacas mucha más agua que la que entra, te la acabas y generará un infarto hídrico”.
Afirmó que el primer recurso que será presentado será para que se someta a consulta ciudadana la MIA.
Destacó que otro recurso legal que se presentará son los amparos por parte de las autoridades comunitarias, los sistemas autónomos de agua potable, delegados y Comités de Participación Ciudadana (Copacis), para que se respete su derecho a que exista una consulta en los pueblos y se garantice el derecho al agua.
“Lo primero que estamos exigiendo es respeto a los pueblos originarios y apego a derecho. Queremos pensar que Andrés Manuel López Obrador se encuentra mal informado porque ha dicho que los pueblos han sido consultados y que se dio la aceptación, sin embargo ninguno ha sido consultado.
“Son una veintena de pueblos que tienen que ser consultados; sólo por voces sabemos que en Xaltocan se acercó la Segob. Tan sólo en San Lucas Xolox, que es el pueblo más cercano al polígono de la Base Aérea de Santa Lucía, son 5 mil habitantes los que viven y 80 mil en los pueblos originarios de la zona, sin tomar en cuenta los fraccionamientos o unidades habitacionales”, dijo.
José Antonio Lara expuso que están en la recopilación de la información necesaria para proceder en breve a la presentación de recursos legales.
“Si los pueblos no son consultados habrá una batería de amparos de todos y cada uno de los pueblos. El día que la gente abra la llave y no haya agua, la gente se va movilizar lo que pone en riesgo la viabilidad del aeropuerto”.
“Los anuncios propagandísticos que está haciendo el gobierno federal está dando señales que no son afortunadas porque señala a estas comunidades como conservadores y fifís, opositores a su proyecto. No es así, son gente común que está preocupada por el acceso al agua y que necesita respuestas claras del gobierno de Andrés Manuel”, apuntó.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: JAVIER SALINAS CESAREO