El abogado Edmundo Iván Lozano informó que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato resolvió antes de lo esperado. “Ya no resolvió la situación jurídica, nos esperábamos que fuera mañana o el domingo”, indicó.
En este nuevo proceso la defensa ya solicitó un incidente con las nuevas reglas del sistema de justicia penal para poder recurrir a un amparo.
“Ya esta sometida aun proceso penal, toca revisar los tomos y definir la estrategia legal apartir de mañana (…) ahora solicitaremos firma periódica que toca a las medidas cautelares que ya solicitaron y está en manos del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento”, refirió.
El abogado mencionó que aún no se define un monto para poder quedar en libertad, tampoco en cuánto tiempo se resolverá la petición.
Luego que este jueves fue detenida por la Fiscalía general del Estado y que se dijo estaría en el Centro de Readaptación Social (Cereso) por 72 horas para determinar si la dejaban en prisión o libre, finalmente la resolución fue auto de formal prisión.
Las acusaciones en su contra fueron por el delito de peculado por haber firmado contratos de empresas fantasma en el 2013 durante su gestión como presidenta municipal y por una denuncia enitida por la Contraloría en 2015.
Desde la mañana de este viernes tanto su abogado como el ex Secretario de Ayuntamiento, Martín Ortiz estuvieron en los juzgados del Cereso esperando que se definiera el proceso legal de la priista.
Más tarde llegó su hermano Tomás Botello, el dirigente municipal del PRI, Denny Méndez, la ex Regidora Verónica Barrios, y otros priistas, quienes en compañía del abogado estuvieron al pendiente de la resolución.
CONTRATOS Y RECOMENDAR EMPRESAS
Cuatro años le llevó al Poder Judicial de Guanajuato lograr la detención de la ex Alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez por el posible delito de peculado, luego de proponer y firmar contratos con empresas fantasmas en 2013 durante su gestión como presidenta municipal de León.
Aunque de momento es la única ex servidora pública de la administración 2012-2015 detenida, la Fiscalía General del Estado advirtió que el delito no lo cometió sola, hay otros ex funcionarios coludidos quienes provocaron un daño por un millón 577 mil pesos.
En febrero de 2015 tras una auditoría realizada por la Contraloría Municipal entonces liderada por Alberto Padilla Camacho, es el propio ex tesorero Roberto Pesquera Vargas el que señaló a Botello Santibañez como responsable de la contratación de empresas.
Entre ellas Asesoría Especializada Especta AEESA y Advise Experts Trilogy ; la primera fue contratada por la Tesorería para dar una asesoría financiera mientras que la segunda recibió en 2013 dos contratos de la misma dependencia para la revisión jurídica de escrituras y llevar a cabo todo el trámite ante el Registro Público de la Propiedad.
El abogado de la ex Alcaldesa, Edmundo Ivan Lozano Serna confirmó que la detención se dio ante los contratos realizados en 2013.
“Es relativo a unos contratos del año 2013, es lo poco que acabamos de advertir durante la administración de la licenciada Botello (…) sabemos que hay datos duros respecto a unos contratos”, señaló el día de ayer.
Todavía en la administración de la priista era permitido que por orden del alcalde en turno se llevaran a cabo contrataciones; AEESA recibió alrededor de 465 mil pesos, trabajo del que en su momento la Contraloría señaló no había justificantes.
Mientras que Advise Experts se llevó más de 500 mil pesos, donde tampoco hay entregables sobre el trabajo que realizó.
PRIISTAS ACUSADOS
Aunque los priista enfrentaron 11 órdenes de aprehensión, el único que pisó la cárcel fue Carlos Gustavo Torres Navarro exdirector de Prevención del Delito obtuvo de formal prisión el pasado 8 de junio del 2016 por el delito de fraude.
El exfuncionario pasó su proceso bajo libertad, pues se le concedió un amparo antes de que se le girará una orden de aprehensión.
En 2013, la Dirección de Prevención del Delito firmó dos contratos con la empresa Servicios Profesionales e Integrales Prohispa por más de un millón 500 mil pesos. Según una investigación del Periódico AM, la empresa no tenía ni dirección física y los socios recibieron 100 pesos para firmar “unos papeles”.
El resto como el ex tesorero Pesquera Vargas recurrió al tribunal para que reasumiera su competencia originaria y conozca el amparo en revisión, bajo el número de carpeta 292/2017 del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Guanajuato. En este mismo caso, la Fiscalía General aún no ha podido cumplir con la orden de aprehensión..
Al ex director de Ingresos en el trienio 2012-2015, Arturo Zapién Álvarez, promovió un amparo y un juez federal se lo concedió, pues no se le notificó el pliego de responsabilidades en su contra. Argumentó una falla en el debido proceso de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por lo que se deberá reponer. Éste caso podría preescribir.
En el caso de las sanciones administrativas impuestas al ex director de Desarrollo Institucional, José Cruz Hernández y Fidel García Granados, ex director de Gestión Ambiental, ahora subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente, el Tribunal de Justicia Administrativa les dio la razón.
Otro caso es el del ex director de Movilidad, Amílcar López Zepeda, quien tiene una orden de aprehensión aún vigente por el delito de peculado, bajo el expediente 117/2018 en el juzgado tercero. Aunque desde hace unos meses, es funcionario en Jalisco en la administración del gobernador Enrique Alfaro.
FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/
LINK: https://www.sinembargo.mx/31-05-2019/3589643