De acuerdo con las organizaciones, en los primeros meses de la administración de AMLO se ha aplicado una política de detención y deportación sistemática, se reforzaron los controles en las carreteras y se han implementado redadas antimigrantes, y señalaron que tan sólo en los primeros 15 días de abril fueron deportados en promedio 273 hondureños cada día.
Por su parte, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) indicó que se trata de “la política migratoria más violenta que se ha registrado en los últimos años en la frontera sur”, y ejemplificó con el incremento del número de operativos de detención “que se han implementado en los últimos días, en los que se encuentran presentes agentes de migración, policías federales, municipales y estatales, lo que habla de una lógica de criminalizar a la migración”.
Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el gobierno federal señaló que “México ha retomado su tradición de país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones”, a pesar de que, por ejemplo, el mismo Instituto Nacional de Migración (INM) reconoció el 26 de abril que más de mil 746 migrantes estaban recluidas en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, la cual tiene una capacidad máxima de 960 personas y por lo tanto contraviene la Ley de Migración, donde se estipula que “no se alojará a un número de migrantes que supere la capacidad física de la estación migratoria asignada”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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