La reforma contempla la inclusión de un nuevo tipo penal, denominado “Impedimento de ejecución de trabajos u obras” para castigar “al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas”, se le impondrá una pena de prisión de entre seis y 13 años de cárcel.
Los diputados del PRI y algunos del PRD argumentaron que el dictamen buscaba criminalizar a quienes protestan por reclamos no atendidos.
La oposición reclamó a Morena que ha olvidado que la protesta es parte de su origen y que ayudó a su crecimiento.
Al menos cuatro diputados pidieron regresar el dictamen a Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil e incluso hacer una consulta, lo que celebraron ciudadanos presentes en el pleno.
Sin embargo, la votación en contra fue aplastante: solo 8 legisladores votaron por la moción suspensiva, mientras que 21 votaron por proseguir la discusión y votación.
Luego de la votación en lo general, los diputados aprobaron la modificación al artículo 308 Bis: que se incrementaron las penas y se especificó que se aplicarán a quien extorsione, coercione o trate de imponer cuotas o la realización de obras públicas.
“Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajo de obra pública o privadas en las vías de se impondrá de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
“La pena se incrementará en un ámbito más cuando en la comisión del delito el sujeto activo se debe acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”, detalla el cambio aprobado con 24 votos a favor, cero en contra y una abstención.
El gobernador Adán Augusto López, en conferencia de prensa, defendió que la reforma garantiza en todo momento el derecho de manifestación y libre expresión, y en cambio busca combatir la extorsión de grupos sindicales, o pseudosindicales, que impiden el libre tránsito o bloquean obras para obtener un beneficio propio.
Los argumentos a favor y en contra
La diputada del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita recordó el plantón en Paseo de la Reforma que impulsó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo es conocido por realizar marchas y bloqueos.
Añadió que la reforma solo busca “garrotear a quien proteste” además de que no precisa si las penas serán igual para quien se manifieste en caminos urbanos, rurales o de terracería.
En tanto, los diputados de Morena argumentaron que con los cambios solo quieren terminar con la extorsión que ahuyenta la inversión.
El diputado de Morena, Exequias Braulio Escalante Castillo dijo que en el estado operan grupos “que piden dinero a cambio de que dejen pasar a los trabajadores o retener el equipo si no pagan” ciertas cuotas para poder trabajar.
La reforma mezcla la iniciativa del gobernador con una propuesta del diputado priista Gerald Washington.
Sin embargo, el legislador priista acusó que su propuesta fue cambiada, pues solo buscaba castigar los actos de extorsión como el pago de derecho de piso o las realizadas por teléfono.
Mientras que la iniciativa discutida en el pleno, dijo, castiga toda manifestación, así sea una protesta de campesinos o la de un pueblo “cuando la gente más necesitada se manifieste porque no están siendo escuchadas por los funcionarios públicos”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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