En entrevista con Proceso, dice que hay que “subsanar las omisiones” cometidas por la administración de Miguel Ángel Mancera y sus procuradores, Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, para esclarecer los hechos de la tarde del 31 de julio de 2015, cuando fueron torturados y ejecutados la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la modelo de origen colombiano Mile Virginia Martín, la defensora de derechos humanos Nadia Vera y el fotoperiodista y colaborador de este semanario, Rubén Espinosa.
Por lo pronto, el pasado miércoles 17 la fiscalía a cargo de Quiroz Hernández entregó a los familiares de las víctimas y sus abogados una propuesta de Plan de Investigación –cuya copia tiene la reportera–, en el que se enlistan ocho líneas de investigación: las amenazas contra Rubén y Nadia en Veracruz (entonces gobernado por Javier Duarte) por su actividad periodística y de defensa y promoción de los derechos humanos, respectivamente; trata de personas; una amenaza contra Alejandra; así como presuntos vínculos entre los tres detenidos y las víctimas.
Además, dicho plan propone indagar la operación de grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad de México y su relación con los imputados; la existencia de grupos armados civiles en Veracruz que vigilaban y agredían a activistas y periodistas en la entidad; y el funcionamiento de empresas de seguridad privada en la capital mexicana, presuntamente afines a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de aquel estado.
De acuerdo con la coadyuvancia y los familiares de las víctimas consultados por la reportera, ellos han insistido en las tres primeras líneas ante la PGJ-CDMX desde que ocurrió el crimen en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.
En ese plan la fiscalía también propone una “ruta crítica” que implica la consulta de la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) el 21 de junio de 2017, así como manuales de la ONU para realizar protocolos de investigación sobre feminicidios y de casos delictivos en Colombia, El Salvador y Honduras.
El documento menciona como sus fines específicos el garantizar el derecho a la verdad de las víctimas indirectas y la comunidad, procurar acceso a la justicia y establecer todas las líneas de investigación.
Entre las diligencias a realizar se menciona el análisis de la información derivada de entrevistas y la actividad telefónica “que muestren el mapa de vínculos entre los probables responsables y las víctimas, así como entre estos y otros actores –sociales y públicos– relacionados o relacionables con el caso”.
Además, propone analizar el entorno de las víctimas y los probables responsables; hacer estudios de video y fotografía en materia criminalística; consultar a organismos locales de derechos humanos sobre patrones de violencia contra periodistas y activistas; ampliar declaraciones de testigos, recabar información sobre la empresa Model Management SA de CV, donde trabajaba Mile; así como revisar información bancaria y de redes de los actores vinculados al caso.
Tras la entrega del Plan de Investigación, “los representantes y las víctimas estuvieron de acuerdo en lo general y se establecieron acuerdos en cuanto a líneas de investigación y diligencias, pero manifestaron algunas inquietudes, respecto de las que la PGJ-CDMX tomó nota”, informó personal de la CDHDF presente en dicha reunión. El Plan de Investigación corresponde al primer punto de la Recomendación 4/2017 de la CDHDF, cuya actual presidenta, Nashieli Ramírez, además de los familiares de las víctimas y sus abogados, califican como “con muy lento avance”. Aun así, todos dan el beneficio de la duda a la procuraduría local para demostrar que es parte de un gobierno diferente y que pronto resolverá el caso.
“Como si hubiera pasado ayer”
En diciembre pasado, unos días después de que se inició el nuevo gobierno capitalino, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Rodrigo de la Riva, se reunió con abogados de los familiares de las víctimas y las hermanas de Rubén Espinosa, como muestra de la disposición para retomar el caso. Para marzo de este año, la procuradora Ernestina Godoy los recibió en su oficina y se comprometió a investigar “todas las líneas a fondo”.
El fiscal José Luis Quiroz explica que, desde entonces, se han realizado cuatro reuniones con los interesados para retomar la indagatoria. Considera que han tenido avances “positivos”, pues han escuchado a las víctimas indirectas y a su defensa legal, han resuelto sus dudas y tomado en cuenta sus propuestas para elaborar el plan. El propósito de éste, dice, es “subsanar las omisiones en torno a la investigación del hecho en la administración anterior”.
El funcionario subraya que entre las teorías por trabajar se retoma la exigencia de indagar el contexto de amenazas y violencia en Veracruz que denunciaron públicamente Rubén y Nadia, y que los obligaron a refugiarse en la Ciudad de México meses antes de ser asesinados. Por ello, adelanta que regresarán a Veracruz a realizar más diligencias.
También ahondarán en la posible participación de un cuarto asesino material, derivada de la ampliación de la mecánica de hechos realizada el 17 de diciembre de 2017. Hasta ahora sólo están en la cárcel Daniel Pacheco Gutiérrez, César Omar Martínez Zendejas y Abraham Torres Tranquilino. Éste último tiene sentencia confirmada de 315 años de prisión y se prevé que los tres vuelvan a ser interrogados ministerialmente.
En estos cuatro años la PGJ-CDMX ha cambiado el caso otras tantas veces de Ministerio Público. El fiscal de Homicidios explica que José Francisco Coronilla, quien integró la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 cuando Rodolfo Ríos era procurador, fue cambiado por recomendación de la CDHDF. En su lugar quedó Daniel Flores Márquez, especializado en robo de autos, quien renunció en marzo pasado por “cuestiones personales”. Le siguió David Xochipa, quien en mayo fue sustituido por Francisco Gamboa. Éste último lleva 19 años en la procuraduría, donde ha fungido como oficial secretario del MP, adscrito a la Coordinación de Agentes del MP auxiliares del procurador, y desde 2015 pertenece a la Fiscalía de Homicidios; además de que ha cursado diplomados en integración de Averiguación Previa, Protocolo de Feminicidio y Juicios Orales. Gamboa deberá dar seguimiento a las más de 10 mil fojas integradas en 21 tomos que lleva el expediente, más los que se acumulen.
Quiroz Hernández asegura que en el caso Narvarte “no se cesará en la obligación que se tiene de procurar justicia, ante todo, en estricto derecho y pleno respeto a los derechos humanos”.
Y afirma: “Todas las líneas de investigación están abiertas. Vamos a investigar todo como si el crimen hubiese pasado ayer”.
Los avances, las reservas…
Karla Michelle Salas, una de las abogadas representantes de los familiares de Nadia, Yesenia y Mile, reconoce que, a diferencia del maltrato y obstáculos que padecieron con los exprocuradores Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, “ahora sí vemos un cambio de voluntad política discursiva. Se ve que sí quieren marcar la diferencia con el gobierno de Mancera”.
Sin embargo, en entrevista señala que las nuevas autoridades repiten el esquema de dilación de sus antecesores: “En diciembre pasado les entregamos nuestra propuesta de plan y hasta hace una semana, muy cerca de cumplirse el cuarto aniversario, nos dijeron que ya lo revisaron y nos dieron su contrapropuesta. ¡Dejaron pasar siete meses para decirnos que sí harán algo que ya está recomendado desde 2017! Les damos el beneficio de la duda, pero su proyecto se tiene que materializar”.
Por si fuera poco, igual que los manceristas, las nuevas autoridades les han cancelado de última hora reuniones y citas para hacer diligencias. Por ejemplo, la programada para el pasado jueves 25, cuando se recabaría un testimonio.
Salas enfatiza algunos de los pendientes por indagar: el contexto y modus operandi de los grupos agresores en Veracruz que denunciaron Rubén y Nadia; la forma en que Mile ingresó a México y la empresa de modelaje que la contrató, cuyo representante no ha sido localizado, tema que podría llevar al de trata de personas.
Además, se deben indagar las llamadas telefónicas que los tres imputados recibieron desde seis estados en un lapso cercano al crimen; así como las que hicieron entre ellos aun cuando estaban en el mismo lugar. Y es que, dice, la PGJ aseguró que eran llamadas de instituciones bancarias. También hay que revisar las contradicciones y vacíos en las declaraciones ministeriales de los imputados y de Esbeidy, quien compartía el departamento con Nadia, Yesenia y Mile, y descubrió el crimen por la noche, cuando regresó de trabajar.
Al revisar los videos obtenidos por las autoridades, luego de más de dos años de solicitar acceso a ellos, los abogados hallaron que “no hay coherencia con lo que se plasmó en el expediente y lo que se ve en las imágenes. También hay dos versiones de dónde estaban los cuerpos cuando fueron descubiertos dentro del departamento”.
–La fiscalía dice que hará la investigación prácticamente “desde cero” –se le plantea a la abogada Salas.
–Es una investigación que va a corregir todas las omisiones que hubo desde el inicio. Ya hay un compromiso muy claro de qué se va a investigar y lo que queremos clarificar. Hay un cuadro, líneas, diligencias con fechas y un avance metodológico con cronología, como se debería hacer siempre.
Sobre el avance para que la procuraduría ofrezca una disculpa pública a los familiares de las víctimas y les repare el daño ocasionado, como recomendó la CDHDF, Karla Michelle Salas dice: “Vamos a ver cómo avanza la investigación y luego vemos lo otro, porque debe ser integral”.
Para la “recuperación de la memoria”, el gobierno les propuso a los familiares y representantes de las víctimas la instalación de una placa alusiva al hecho en un parque, poner el nombre de las víctimas a alguna calle y editar un libro de poemas de la madre de Nadia, entre otras opciones.
“Les seguimos dando el beneficio de la duda, pero no aceptaremos ningún acto de disculpa pública si no hay avances en la investigación”, afirma la abogada.
La deuda de Mancera
Patricia Espinosa, hermana de Rubén, coincide en las reservas: “Se han tenido muchas pláticas para hacer la disculpa desde marzo pasado, luego se propuso para el 31 de julio, pero a los familiares eso no nos sirve de nada porque no había avances. Así no tiene sentido”.
Presente en las reuniones y mesas técnicas con la PGJ-CDMX desde el inicio de la investigación, Espinosa reconoce: “Ahora sí hay más disposición del Ministerio Público, presentaron un plan más completo y ya se ve un poco más dirigido a investigar en Veracruz, que es lo que más nos interesa y lo que no quisieron hacer los del gobierno pasado”.
Sin embargo, considera que no hay acuerdo en la reparación del daño pues, entre otros puntos, la procuraduría capitalina les ofrece apoyo psicosocial del área de Atención a Víctimas del Delito, “pero nosotros ya no les tenemos confianza porque su acompañamiento y trato desde el inicio fue fatal y revictimizante”.
Con el nuevo giro en la investigación, Patricia dice tener “un poco más de esperanza de que algo ocurra, pero tengo claro que quizá no va a pasar; tengo mis dudas. Debe haber más disponibilidad y resultados”. Y mientras eso ocurre, reitera su demanda desde hace cuatro años:
“Seguimos exigiendo justicia, queremos saber qué y por qué ocurrió, que se investigue todo y se llegue a la verdad. Esta es una muy buena oportunidad para que el gobierno de Sheinbaum demuestre que es un buen gobierno”.
En tanto, la ombusdperson Nashieli Ramírez evalúa el cumplimiento de la Recomendación 4/2017 en términos generales: “Vamos avanzando mucho muy lento… aún hay forcejeo de la procuraduría para cumplir y la autoridad sigue desestimando las evidencias de la investigación”.
De acuerdo con su revisión, sólo se han cumplido dos de los 17 puntos de la Recomendación, los correspondientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX). En lo que respecta a la PGJ-CDMX y las medidas para garantizar la “no repetición” de la violación de derechos humanos, se lleva un avance de 80%. No obstante, en lo referente al derecho a la verdad y la justicia, solo se ha avanzado 10% y en la “reparación del daño”, 0%.
En su balance, señala que el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera “tiene una deuda con los familiares de las víctimas porque declaró públicamente que se haría justicia y no cumplió”.
Proceso solicitó una entrevista con el ahora senador de la República para hablar del tema, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta.
El próximo miércoles 31 de julio, el colectivo Voz Alterna, del que Rubén Espinosa era integrante, realizará un acto conmemorativo en la plaza Lerdo de Tejada en Xalapa, Veracruz, para exigir justicia en el caso. El jueves 1 de agosto, la organización Artículo 19 presentará la Plataforma de Memoria “Cuatro años sin verdad ni justicia” en Casa Lamm, y el sábado 3, familiares de las víctimas realizarán un acto cultural frente al edificio de la calle Luz Saviñón, como cada año, con el lema “Ni perdón ni olvido”.
Este reportaje se publicó el 28 de julio de 2019 en la edición 2230 de la revista Proceso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
LINK: https://www.proceso.com.mx/594487/el-caso-narvarte-cuatro-anos-perdidos