Si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados, advirtió el organismo en ocasión del quinto aniversario del caso, “se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos”.
El Centro Pro, refirió que a pesar de la sentencia dictada dentro del Juicio 545/2017, para que se investigara la orden castrense que instruía a abatir delincuentes, y a pesar de los pronunciamientos por parte de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de procedimientos especiales, como el del Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, a la fecha no hay un avance en el esclarecimiento de la verdad ni existe resolución que sancione por homicidio a los funcionarios militares implicados en el caso.
Hace cinco años al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano en Tlatlaya, en el contexto de la militarización de la seguridad pública, recordó el organismo. Y agregó que, lamentablemente, a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia.
Recordó que el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, sin embargo, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el organismo nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que sucedió en realidad.
El mismo Centro Prodh indicó que logró acreditar que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía “abatir civiles en horas de oscuridad”.
“Obviando los límites que los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos imponen a la jurisdicción militar, la Sedena inició una averiguación previa por los hechos. Luego de que esta indagatoria fuera consignada, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a un año de prisión por el delito de desobediencia” recordó el organismo.
Añadió que, por su parte, la PGR inició y consignó la Averiguación Previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la que acusó a siete militares por el homicidio de ocho civiles y por encubrimiento, pero debido a que no ofreció pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, estos fueron liberados con las reservas de ley por el Poder Judicial de la Federación en mayo de 2016, a pesar de considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias.
No obstante, Clara Gómez González, quien perdió en los hechos a su hija adolescente Ericka, el 31 de julio de 2017 el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia dictada dentro del Juicio 545/2017, que realizara “con debida diligencia” la investigación de los hechos, agotando la cadena de mando e investigando la orden castrense que instruía a abatir delincuentes.
A pesar de los esfuerzos, a la fecha no hay avance en el esclarecimiento de los hechos, lamentó el Centro Pro.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.proceso.com.mx/590492/impunidad-en-el-caso-tlatlaya-un-mensaje-negativo-sobre-la-intervencion-militar-centro-pro