Esto en la entidad natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su etapa de opositor encabezó protestas con medidas como el bloqueo de Paseo de la Reforma, o la toma de pozos petroleros; el estado del sureste donde se planean obras como la refinería de Dos Bocas, y también se planea el paso del Tren Maya.
El dictamen, que mezcla la iniciativa del gobernador con una propuesta del diputado priista Gerald Washington, para castigar con hasta 20 años de cárcel el delito de extorsión, fue aprobado el 26 de julio pasado, en la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil.
La propuesta se discutirá en el pleno del Congreso del estado este lunes durante el segundo periodo extraordinario de la legislatura.
Fueron tres votos a favor de las legisladoras de Morena Julia del Carmen Pardo, Alma Rosa Espadas y María Félix García, y uno en contra la legisladora priista Ingrid Margarita Rosas Pantoja.
“Queremos una legalidad, queremos un estado de derecho, creo que ya es tiempo de ir metiendo orden. Esta iniciativa la presentó nuestro gobernador”, mencionó al respecto la diputada morenista Julia Pardo Contreras, presidenta de la Comisión.
En la página seis del dictamen aprobado, se lee que el gobernador de Tabasco propone la inclusión de un nuevo tipo penal, denominado “Impedimento de ejecución de trabajos u obras”.
El artículo 196 Bis que se propone al respecto, señala que “al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas”, se le impondrá una pena de prisión de entre seis y 13 años de cárcel.
“Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras de las que hace mención el párrafo anterior”, complementa el artículo, además de referir que serán agravantes cometer la falta mencionada con violencia, y entre dos o más personas.
Establecer este tipo penal , se lee en el dictamen, se justifica como un incentivo para el desarrollo económico y contra la pobreza, “debido a que se busca asegurar la inversión privada en el Estado, fortaleciendo el arraigo de la industria nacional y extranjera, como un mecanismo que permitirá recuperar el buen vivir de las personas, mediante el acrecentamiento de mayores y mejores oportunidades de empleo”.
En otro punto, el Octavo del dictamen, el gobernador propone el incremento de las penas previstas para el delito “Oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas”, que ya está en el Código Penal de Tabasco.
Dicho aumento de penas, justifican, “favorecerá la presencia de la entidad como atractivo turístico a nivel nacional e internacional”, ya que contribuirá a “la modernización de infraestructura y la realización de obras ya sean de carácter público o privado”.
En el mismo apartado, el Octavo, también se menciona la inclusión de “un tipo penal que sancionará a quien impida el goce y disfrute del derecho humano a la libertad de tránsito”.
En específico, se menciona que se aplicará prisión de dos hasta 10 años, al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación, destruyendo o dañando algún medio local de transporte público de pasajeros, o de carga.
Al que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculizando alguna vía local de comunicación, se le aplicará prisión de uno a ocho años.
Y el artículo 308 Bis que propone el gobernador dice textual que, “al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Se aumentará al doble la pena de prisión y multa que le corresponda, cuando el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.
En la discusión en la comisión, la legisladora priista Ingrid Margarita Rosas acusó que las reformas, de concretarse, se “usarán como pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno federal, estatal o municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas”.
Es sorprendente ver, agregó, “que quienes antes de ser miembros del gobierno en turno, bloqueaban pozos petroleros, tomaban instalaciones públicas, oficinas de gobiernos, cerraban carreteras, calles, pernoctaban en plazas, en parques, en entradas de edificios públicos en calles o avenidas; hoy que son gobierno, quieren prohibir esos actos”.
En Twitter la senadora de Morena, Citlalli Hernández, expresó su rechazo al dictamen aprobado en comisiones del Congreso de Tabasco.
“¿Será que Morena quiere impedir/criminalizar posibles protestas por construcción de Refinería Dos Bocas, que avanza con adjudicaciones directas y a pesar de no contar con los estudios necesarios?”, cuestionó en tanto la analista Denise Dresser.
En cuanto al gobernador Adán Augusto López, solo replicó un mensaje de Twitter del productor Epigmenio Ibarra, en el que señaló que se estaba distorsionando en los medios la iniciativa del mandatario estatal.
“No se busca criminalizar la protesta sino contener el delito de extorsión en el estado. Los criminales están disfrazándose de sindicalistas y realizando bloqueos”, publicó Ibarra.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO DAEN.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/07/ley-garrote-morena-tabasco-dictamen-protestas-congreso/