La petición de revisión de la actuación del gobierno de López Obrador fue formulada en un informe sombra enviado por organizaciones civiles al CERD, que evaluará a México en materia de discriminación contra los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y las personas migrantes y refugiadas, los próximos 8 y 9 de agosto en Ginebra, Suiza.
En el documento, firmado por cerca de un centenar de organizaciones civiles, 87 de ellas agrupadas en la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), resalta que el último reporte del Estado mexicano al CERD data de 2017, y fue elaborado por la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que la primera preocupación de la sociedad civil radica en que el 18 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la delegación mexicana que viajaría a Ginebra al examen CERD “ratificaría el informe oficial presentado por el gobierno anterior y que la única información nueva que presentaría sería la que saliera precisamente de esa reunión de trabajo”.
En el informe sombra, las organizaciones detallaron que en el encuentro del 18 de junio, estuvieron presentes algunos activistas, así como funcionarios de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y de la Cancillería.
“Sin entrar a discutir la reunión en sí o la concepción que el nuevo gobierno tiene sobre la participación de la sociedad civil, a las organizaciones que elaboramos el presente informe nos preocupa que las nuevas autoridades no vean necesario actualizar la información oficial que va a presentar ante el Comité en vista de los graves cambios que han ocurrido en los últimos meses en el panorama de derechos humanos”, se apuntó en el reporte alternativo.
A casi nueve meses de iniciado el nuevo gobierno, los autores del documento pidieron al CERD que se pronuncie en relación a “las nuevas políticas migratorias que ha adoptado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, en el que se han desarrollado las llamadas “Caravanas Migrantes”, generando “al mismo tiempo y de manera contrapuesta una ola de solidaridad y otra de rechazo y xenofobia”, de manera que “se han disparado” las violaciones a derechos humanos contra las personas migrantes a su paso por México.
Las organizaciones agregaron que “a partir de sus negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador no sólo ha militarizado la Frontera Sur (con el envío de la Guardia Nacional) sino que ha hecho declaraciones públicas que criminalizan a las personas que defienden los derechos de las y los migrantes, acusándoles de tráfico de personas y amenazando la sostenibilidad de los albergues de migrantes”.
Para quienes firman el documento es “imprescindible” que el CERD se pronuncie sobre lo que llamaron “supuestas” consultas realizadas por el actual gobierno, que “no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales de los pueblos indígenas”, de acuerdo a la evaluación que hizo la relatora especial sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en su reciente visita a México.
“Estas consultas a modo suelen consistir únicamente en una papeleta con dos opciones (Sí o No) y con una pregunta formulada de manera nada objetiva, y, en la práctica, constituyen la imposición de un megaproyecto”, resumieron los firmantes.
Agregaron que ante la oposición de personas o comunidades de esa forma de consulta, y que salen en defensa de su tierra y territorio, “son considerados como ‘opositores al desarrollo’, ‘conservadores de izquierdas, ‘fifís’, entre otros apelativos utilizados por el propio presidente así como por otras autoridades”.
Para las organizaciones el caso más emblemático de los efectos de los actos de discriminación a quienes cuestionan los megaproyectos impulsados por el gobierno de López Obrador, está el caso de Samir Flores, “indígena náhua, defensor de derechos humanos y comunicador comunitario, quien además era uno de los líderes del Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala , quienes se oponían al Proyecto Integral Morelos (PIM)”, y quien fue asesinado el 20 de febrero de 2019, “un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigiese duras críticas a la oposición al PIM”.
El informe sobre presentado ante el CERD aborda la discriminación contra indígenas en el acceso a la justicia, el desplazamiento forzado, los impactos de los megaproyectos, los atentados a la libertad de expresión de los pueblos indígenas y la violencia diferenciada que sufren las mujeres indígenas, así como el “racismo estructural e institucional contra las personas migrantes y refugiadas, que afecta de manera especial a la niñez migrante”.
El documento incluye casos específicos de discriminación racial en Oaxaca, Hidalgo, Sonora y Puebla, además de recomendaciones formuladas por las organizaciones que elaboraron el informe alternativo al Estado mexicano.
La expectativa de las firmantes es que el examen de México ante el CERD “sea no sólo una oportunidad de visibilizar la situación real de vulnerabilidad y vulneración de derechos humanos que padecen las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiadas en el país, sino que también el Estado aproveche la ocasión para adquirir compromisos reales, comprobables y medibles, para superar esta crisis de derechos humanos”.
El documento fue elaborado por Asistencia Legal por los Derechos Humanos; centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”; Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”; Centro de Derechos de Mujeres de Chiapas; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comité de Derechos Humanos Gobixha; Cultural Survival; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Proyecto Sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; Red por los Derechos de la Infancia y la Red TDT.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: https://www.proceso.com.mx/593663/ong-piden-al-cerd-pronunciarse-sobre-politicas-migratorias-y-postura-de-amlo-ante-megaproyectos