Elementos de la policía federal y municipal y de la Guardia Nacional acorralaron a migrantes en las puertas de la Casa del Migrante (CDM) Saltillo, en Coahuila, “y con prepotencia los intimidaron, exigiendo documentos de identidad y nacionalidad, y la amenaza de ser entregados a Migración” el pasado sábado 20 y martes 23 de julio, denunciaron los integrantes de la asociación.
“Todo esto constituyó una terrible violación al artículo 76 de la Ley de Migración, que prohíbe ese tipo de acontecimientos y operativos en el mismo espacio territorial de la Casa del Migrante, y más todavía cuando nuestra Casa del Migrante cuenta con el beneficio de medidas cautelares, apoyadas por la CIDH (Comisión Interamericana De Derechos Humanos)”, explicó Pedro Pantoja Arreola, asesor general de la Casa del Migrante y Frontera con Justicia.
Pantoja criticó que las fuerzas de seguridad arremetieran con los migrantes que se encontraban bajo la protección de la CDM y que sus vidas y su libertad fueran “amenazadas de despojo”.
Ante ello, varias organizaciones de derechos humanos y defensoras de los migrantes manifestaron su rechazo y preocupación por los actos de acoso y hostigamiento de la Guardia Nacional y exigieron el cese inmediato de todo acto intimidatorio en contra del albergue humanitario, que desde 2001 brinda atención integral y acompañamiento en derechos humanos a las personas migrantes y refugiadas.
“Las múltiples agresiones y actos de hostigamiento que enfrenta la CDM Saltillo no son hechos aislados, por el contrario, estos responden a un contexto cada vez más adverso para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional”, señalaron organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y Front Line Defenders.
“Este proceso de criminalización y estigmatización pública en contra de defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes tiene su origen en declaraciones de alto nivel, incluso de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se trata de acusaciones sin sustento, generalizantes y con el objetivo de desprestigiar la labor que las organizaciones de derechos humanos han realizado durante décadas”, agregaron.
Ante ello, las organizaciones hicieron un llamado a todas las autoridades mexicanas a “abstenerse” de llevar a cabo acciones que obstaculicen la labor de la CDM y de todos los albergues en el país y que auxilian a los migrantes en su camino, así como que garanticen las medidas de seguridad para que puedan realizar su trabajo de manera segura.
AUTOR: REDACCIÓN