Con una insignia negra colocada en su brazo izquierdo, sobre la cual están resaltadas en blanco las letras “GN”, los guardias nacionales siembran el pánico en las zonas de alta afluencia de migrantes, como terminales de autobuses, albergues, carreteras, hoteles y aeropuertos…
Algunos gobiernos estatales, como los de Guanajuato y Veracruz, comienzan a proyectar la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, que serán edificados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El miércoles 3 en el río Suchiate, Chiapas, se hizo la presentación formal del comandante de la Guardia Nacional para esa región de la frontera sur, el general brigadier Vicente Antonio Hernández Sánchez, quien a la vez es comandante de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula.
Enfundado en el riguroso uniforme militar, Hernández Sánchez le informó a la prensa que se desplegarán 6 mil 500 elementos para vigilar esa línea fronteriza –de más de 900 kilómetros–, así como en los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y el sur de Veracruz.
Presumió que desde mayo pasado en esa frontera han sido “rescatados” 20 mil 400 migrantes de las manos de los traficantes, labor que ahora seguirá realizando la Guardia Nacional en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM). Agregó que últimamente fueron arrestados más de 30 polleros que también se dedicaban a la trata de personas.
“La Guardia Nacional es un organismo de seguridad pública netamente civil, profesional y capacitada para rescatar la paz, para preservar la vida de las personas y la integridad de todos los que están en este país”, afirmó el militar.
Recalcó que la Guardia Nacional emprenderá un “rescate humanitario” de los migrantes que cruzan por el territorio mexicano y son víctimas de trata, robo, violaciones, desapariciones y hasta asesinato de parte de la delincuencia organizada.
Críticas
La visión del general contrasta con la de los activistas y defensores de los derechos humanos, como la del párroco de Huixtla y fundador del albergue para migrantes Hogar de la Misericordia, Heyman Vázquez:
“Esta militarización de la frontera sur responde a una política migratoria inhumana, pues ahora está obligando a los migrantes a caminar por rutas de más alto riesgo, más peligrosas”, lamenta.
Para Diana Damián, de la organización civil Formación y Capacitación, los operativos del gobierno representan una “militarización” que responde a las “presiones” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien obligó a López Obrador a bloquear los flujos migratorios valiéndose de la Guardia Nacional, la cual, dice, ni siquiera tiene un protocolo de actuación para tratar a los migrantes; sólo los capturan y los llevan a las estaciones migratorias que ya de por sí están sobresaturadas y con brotes de enfermedades infecciosas.
El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur es realmente una “movilización militar” que causa “miedo e incertidumbre entre los migrantes”, coinciden otros activistas de esa zona, como Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Claudia León, del Servicio Jesuita a Refugiados México; Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, y el abogado activista Luis Rey García.
Este último, por cierto, encaró al general brigadier Hernández Sánchez cuando terminó su discurso en el río Suchiate, y le dijo: “Usted está encabezando la militarización en la frontera sur, que es violatoria de los derechos humanos”.
Piden visas humanitarias
En la frontera norte también comenzaron a llegar los agentes de la Guardia Nacional. Portando armas y uniforme castrenses, sólo se les distingue de los militares por su insignia negra en el brazo. Su presencia es muy visible en las zonas de mayor afluencia de migrantes: en las inmediaciones de los hoteles, terminales de autobuses, aeropuertos y albergues de Tijuana y Mexicali.
Por ejemplo, una veintena de guardias nacionales ya se apostó permanentemente en el retén militar “El Centinela”, ubicado en el kilómetro 41 de la autopista Mexicali-Tijuana. Ahí –en la abrupta sierra de La Rumorosa– detienen autobuses de pasajeros, automóviles y camiones de carga. Les piden a los ocupantes que acrediten su nacionalidad mexicana o su estancia legal en el país.
Soraya Vázquez Pesqueira, abogada defensora de los derechos humanos en esa región fronteriza, comenta: “Los guardias nacionales se colocaron justamente donde cumplirán con mayor éxito su objetivo más apremiante, frenar el flujo migratorio de quienes intentan llegar a Estados Unidos”.
Ante esta intimidante movilización militar, lamenta: “los migrantes tienen miedo de salir a la calle y de ser deportados a sus países de origen”.
Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC, pide que el gobierno mexicano “otorgue visas humanitarias a los solicitantes de asilo en Estados Unidos, para que así puedan moverse libremente en México y conseguir un empleo en tanto los tribunales estadunidenses resuelven sus peticiones”.
Serán alrededor de 900 elementos de la Guardia Nacional los que llegarán al territorio bajacaliforniano. Y su presencia –alertan los defensores de los derechos humanos– agravará la situación de los migrantes, muchos de los cuales se alojan en los 32 abarrotados albergues de Baja California, administrados por organizaciones civiles y religiosas.
Presencia en Guanajuato
En el violento estado de Guanajuato es paulatino el arribo de la Guardia Nacional. Hasta el jueves 4 ya operaba en Celaya, León, Irapuato, Salamanca y San Luis de la Paz.
La nueva corporación de seguridad operará de manera directa en al menos 10 municipios guanajuatenses; cada uno de ellos recibirá, en promedio, a 120 elementos. Pero en otros casos, como en Celaya, están asignados 400 uniformados instalados provisionalmente donde había un destacamento de la Policía Militar.
En algunos municipios que integran el corredor industrial, donde ocurre una violencia criminal sin precedentes, los gobiernos locales ya autorizaron la donación de predios en los que se edificarán los cuarteles de la Guardia Nacional.
Estos terrenos –de entre 1.5 y 3 hectáreas de extensión– estarán bajo el control de la Sedena, que después se encargará de construir las nuevas sedes policiales.
En junio último, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, se reunió con los alcaldes de Irapuato, Celaya, Salamanca, Cortazar y Comonfort. Ingenieros militares ya preparan las obras.
En el estado de Veracruz, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, informó que la Guardia Nacional tendrá 10 cuarteles y que el gobierno federal ya está en pláticas con los alcaldes que recibirán las nuevas sedes.
Las instalaciones policiales se construirán en Zongolica, Huatusco, Orizaba, Córdoba, Cosamaloapan y Poza Rica, entre otros municipios con problemas de inseguridad. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto de 2019 y en la previa del ejercicio fiscal 2020 no se pretende la construcción de los inmuebles.
“No hay absolutamente nada. Ni siquiera un diagnóstico que te diga cuánto van a costar estos cuarteles de la Guardia Nacional. Son puras ideas. Pero nada en concreto”, dijo el diputado Sergio Hernández, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso estatal.
Operativo en Iztapalapa
El jueves 4 la Guardia Nacional arrancó sus operaciones en la Ciudad de México, particularmente en Iztapalapa, donde los habitantes de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl fueron los primeros en observar el patrullaje de la nueva institución de seguridad pública.
Los guardias nacionales iniciaron sus operativos de vigilancia vestidos con el característico uniforme del Ejército en una colonia que frecuentemente padece robos, homicidios y narcomenudeo.
Iztapalapa es una de las ocho alcaldías en las que tendrá presencia la Guardia Nacional. La nueva corporación desplegará 2 mil 700 elementos en la capital del país, aunque todavía no está definido dónde instalarán sus cuarteles.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.proceso.com.mx/591627/y-la-guardia-nacional-se-estreno-con-los-mas-debiles