Los 238 menores huérfanos están en 11 de las 32 entidades: Michoacán (96), San Luis Potosí (64), Morelos (31), Coahuila (13), Jalisco (10), Chihuahua (9), Durango (6), Yucatán (5), Querétaro (2), Oaxaca (1) y Veracruz (1). Son los únicos estados del país que reportaron atender a huérfanos por feminicidios.
Otros ocho estados —Baja California Sur, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala— dijeron tener cero casos. El resto, no cuenta con información.
A nivel nacional, tampoco existe un registro. Apenas en julio pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) anunció que realizará un censo para informar en 2020 del número exacto de niños y niñas huérfanos por este delito. Su cálculo inicial indica que, en los últimos ocho meses, fueron 3 mil 400 niños, y que esa es la tendencia anual, pero no hay una cifra oficial.
Animal Político solicitó a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas de la Violencia y a cada Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) en las entidades los registros de huérfanos víctimas de feminicidio, que han recibido atención desde 2012.
En ningún caso hay información desde ese año, pues los estados comenzaron a registrar los casos desde 2015. Reconocen que los niños y niñas que quedaron huérfanos por feminicidio antes de ese año no son ni serán atendidos como víctimas de la violencia.
En entrevista para Animal Político, Gail Aguilar, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), explicó que la inexistencia de una base de datos nacional y la disparidad de casos entre una entidad y otra, se debe a que no existe una ley que obligue a los estados a llevar un registro de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio.
Aunado a esto, Gail detalló que la Ley General de Víctimas, que ampara a estos menores bajo la figura de víctimas indirectas, es una ley en materia concurrente. Esto significa que cada entidad tiene la facultad de establecer sus reglas de aplicación, decidir cómo trabajarán sus comisiones y realizar los registros que crean pertinentes.
“Básicamente, cada entidad federativa va marcando sus ámbitos de competencia de acuerdo a su legislación, y es por eso que cada órgano estatal tiene una forma distinta de llevar a cabo este registro”, añadió Gail.
Carlos, Uriel y Fernanda tenían 5, 4 y 2 años, respectivamente, cuando su padre, Bernardo López, asesinó a su madre Nadia Alejandra Muciño el 12 de febrero de 2004, en el Estado de México. No solo son víctimas de la violencia feminicida del país, también son víctimas del Estado que no los reconoce como tal.
Su abuela María Antonia, madre de Nadia, se hizo cargo de ellos, pagando su educación y tratamientos psicológicos. Desde que su madre fue asesinada hace 15 años, no han recibido apoyo del Estado.
Apenas en 2013 se creó la Ley General de Víctimas y en 2014 se conformó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que nació para atender y apoyar a las víctimas de un delito federal o de violación a sus derechos humanos, con el fin de que éstas obtengan “verdad, justicia y reparación del daño”.
En 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) inició un registro anual de feminicidios. Desde enero de aquel año a mayo de 2019 suman 3 mil 17 feminicidios y 9 mil 892 mujeres víctimas de homicidio doloso.
El Inmujeres dijo en julio pasado que se han usado esos datos del SESNSP para hacer una estimación inicial del número de huérfanos por feminicidio, que deberían recibir atención del Estado.
El instituto hizo este cálculo al multiplicar los homicidios dolosos y feminicidios de mujeres entre noviembre de 2018 y abril de 2019, por la tasa de natalidad, que según datos del INEGI es de 2.21 hijos por mujer.
El Inmujeres dijo a Animal Político que revisarán los expedientes de muertes violentas de mujeres en el periodo mencionado, para generar un registro de huérfanos con los datos que proporcionen las 32 fiscalías y procuradurías del país, aunque ese registro será solo una muestra.
Se espera que para mayo de 2020 se tengan los resultados de esta muestra.
En entrevista, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), plantea que aunque no esté establecido en la Ley General de Víctimas, el gobierno federal debería asumir la responsabilidad, a través de la CEAV, de realizar un registro de nacional de huérfanos por feminicidio, además de cumplir con su obligación de dar seguimiento a cada caso para ofrecer una reparación integral a los familiares de las víctimas.
“Solo a través de denuncias como las presentadas ante la CNDH es que los gobiernos atienden a los menores y sus familiares (…) y a partir de casos así es que hasta ahora, solo dos estados, Jalisco y Estado de México, han implementado protocolos para la atención de estas víctimas”, comenta.
La directora del OCNF explica que si bien los menores no son las únicas víctimas tras un feminicidio, sí resultan los más vulnerables, ya que ven truncado su entorno familiar y pierden por completo su estabilidad emocional.
Entorno familiar roto y sin apoyo
Las vidas de Carlos, Uriel y Fernanda cambiaron radicalmente aquel 12 de febrero de 2004. Los tres hermanos fueron testigos de cómo su padre Bernardo, con ayuda de Isidro, hermano de éste, asesinó a su madre. Desde ese momento lo perdieron todo.
Su entorno familiar se quebró y tuvieron que dejar la casa donde vivían para ir con su abuela, María Antonia, que en ese momento también era responsable de tres hijos. Al momento del asesinato de Nadia, Carlos y Uriel tenían 5 y 4 años, mientras que Fernanda había cumplido apenas 2.
Bernardo y su hermano Isidro huyeron tras cometer el crimen. La investigación del asesinato estuvo plagada de irregularidades.
Aunque en un inicio el Ministerio Público argumentó que se había tratado de un suicidio, el dictamen médico forense estableció que la causa de muerte de Nadia había sido asfixia por ahorcamiento, y que su cuello presentaba una fractura por agresión.
María intentó entregar una carta al entonces presidente Vicente Fox, para solicitar apoyo para sus nietos y agilizar la investigación. Fue recibida por la exprimera dama, Martha Sahagún, quien solo le dio el pésame y turnó el caso al gobierno del Estado de México.
La ayuda ofrecida en ese momento por los gobiernos federal y estatal fue insuficiente, por lo que María prefirió pagar la atención médica y educación para sus tres nietos, así como contratar un abogado que le ayudara con la investigación.
“Ellos nunca me ofrecieron apoyo económico para atención o para educación, y mientras mis nietos la pasaban muy mal”, relató María.
Uno de ellos perdió el control de los esfínteres, el otro tenía pesadillas y la menor presentó problemas de conducta con el paso del tiempo.
Fueron al menos cinco años en los que María pagó tratamientos psicológicos y psiquiátricos para sus tres nietos, y al mismo tiempo se encargaba de su educación y de cubrir los honorarios de los abogados contratados.
María tenía que pedir dinero prestado ya que su sueldo como bordadora de vestidos y el de su esposo no eran suficientes para cubrir todos los gastos.
Al ver que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no le brindaron ayuda, María contactó al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que tomó el caso.
Las sentencias en contra de Bernardo e Isidro fueron por homicidio agravado, pues la tipificación del feminicidio se dio hasta 2011 y por ley todos los casos ocurridos antes de este año no pueden ser clasificados así.
En 2009, Isidro, el tío de los menores y cómplice del homicida, recibió una sentencia de 42 años que apeló. El juez no aceptó las declaraciones de los menores por ser “fantasiosos e incapaces de diferenciar entre la verdad y fantasía”.
Isidro quedó libre y hoy se desconoce su paradero.
La investigación continuó y en 2012 —ocho años después del feminicidio— Bernardo fue capturado en el estado de Hidalgo. Cinco años después finalmente fue sentenciado a 42 años y 7 meses de prisión.
El hecho de que el delito no haya sido tipificado como feminicidio permitió que Bernardo obtuviera una sentencia menor, que pudo haber sido de hasta 70 años.
A pesar de que se consiguió la pena para el homicida, María califica el actuar de las autoridades como “impune y vergonzoso”, por las diversas omisiones e irregularidades.
Hoy en día Carlos está por cumplir 21 años, ya es padre de familia y trabaja como cajero en una tienda de abarrotes; Uriel tiene 19 años, es soltero y estudia la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma del Estado de México, y Fernanda tiene 17 años, es madre de un niño, vive con su pareja y estudia la preparatoria en línea.
María sigue al pendiente de sus tres nietos y con impotencia comenta que su desarrollo pudo haber sido mejor si, tras la pérdida de su madre, hubieran contado con el apoyo del Estado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CÉSAR REVELES.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/08/huerfanos-feminicidio-victimas-estado-ayuda/