Los funcionarios que permitieron la salida y se encargaban de la administración del presupuesto en ambas dependencias eran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, y el director de programación, Francisco Báez, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) señala como presuntos responsables de irregularidades, y que son personajes centrales en la trama.
El primero en denunciar fue Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento territorial en la Sedatu, quien había sido el funcionario de mayor rango involucrado y quien fue vinculado a proceso en enero pasado por falsedad de declaración, justamente por denunciar desde 2017 la falsificación de su firma en el convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.
Armando Saldaña Flores, quien fue director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo en la Sedatu, también denunció la falsificación de la firma en el convenio específico, derivado del convenio general que supuestamente firmó Tiburcio, y que derivó en el presunto desvío de 185 millones 839 mil pesos.
En tanto, José Antolino Orozco Martínez, exdirector general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, declaró a la Fiscalía que no reconoció su firma en el convenio hecho con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 77 millones de pesos, para supuestamente verificar la información del padrón de beneficiarios de programas sociales en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.
Rosario Robles supo de la falsificación
En agosto de 2014, Humberto Valverde, entonces coordinador de asesores del Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, le dijo a José Antolino Orozco que debía firmar un convenio con la Universidad de Morelos, que se pagaría del presupuesto de su área, pero se haría cargo de ello Simón Pedro de León Mojarro, entonces titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Pero María del Carmen Gutiérrez, subalterna de Orozco, alertó a éste sobre irregularidades, debido a que en la unidad que él dirigía no existía “suficiencia presupuestal” para pagar un convenio de 77 millones de pesos, además había “inconsistencias y falta de motivos para solicitar esos trabajos”.
De acuerdo con testimonios de José Antolino y María del Carmen realizados a la Fiscalía General de la República entre mayo y agosto de este año, al notar las inconsistencias él habló por teléfono en altavoz con Sonia Angélica Zaragoza González, entonces directora de Recursos Humanos, quien le dijo que se encargaría de destruir el convenio, pero que tratara el tema con Rosario Robles o Emilio Zebadúa.
Tiempo después, le encargaron a María del Carmen atender al personal de la Auditoría Superior de la Federación que revisaría el ejercicio presupuestal de 2014. Cuando le solicitaron los comprobantes de los servicios del convenio con la Universidad de Morelos, “es cuando se percata de la existencia del convenio”, dijo en su declaración.
En este convenio, la Universidad supuestamente contrató a la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed, S. A. de C. V., pero ésta sólo se quedó con 6 millones 990 mil pesos, y el resto (66 millones 170 mil pesos) los transfirió a la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que ni siquiera firmó algún contrato, según detectó la Auditoría.
Ambas empresas fueron declaradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que simularon operaciones fiscales y no tenían capital, infraestructura ni personal para poder desarrollar algún servicio.
De acuerdo con la investigación hecha por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en La Estafa Maestra, Grupo Industrial se encontraba en un oficina llena de cajas y sin más personal que un par de personas recibiendo avisos, en la colonia San Pedro en Monterrey, Nuevo León.
Esa era la misma dirección registrada como sede de otras tres compañías que igualmente recibieron dinero de la Sedesol con convenios con la misma universidad. (Evyena Servicios, S. A. de C. V., Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V. y Comercializadora Integral de Productos Villaregia, S. A. de C. V.).
En tanto, la segunda compañía, ESGER, estaba ubicada en un despacho de un edificio habitacional en la colonia Nápoles en la Ciudad de México, y fue la compañía concentradora de los recursos de Sedesol, pues pese a no firmar contratos ni realizar ningún servicio, las otras compañías implicadas le transfirieron una suma de 683 millones de pesos.
Después al asumir la titularidad de la Sedatu, Rosario Robles se llevó a 12 funcionarios de la Sedesol a su nueva administración. Uno de ellos fue Antolino Orozco, quien fue nombrado como Jefe de la Unidad de Política, Planeación y Enlace Institucional.
Desde ese puesto se habrían firmado más convenios, pero esta vez con la Universidad Politécnica de Chiapas, de los cuáles, dijo, tampoco tuvo conocimiento, por lo que envió un oficio al Órgano Interno de Control en 2018 informando las irregularidades, y con copia a Rosario Robles en el oficio 908/2018.
En una de las declaraciones ministeriales que Orozco dio a la Fiscalía entre mayo y junio, afirmó que en octubre de 2018 fue citado en la oficina alterna del Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, en Tennyson 125, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, donde éste después de escuchar las irregularidades le respondió que no se preocupara, que “todo estaba arreglado” y que se lo mandaba “a decir Rosario”.
Esto, dijo la Fiscalía, era prueba de que la entonces secretaria “tuvo pleno conocimiento” de lo que ocurría en su dependencia.
Antolino Orozco se convirtió en uno de los testigos de la Fiscalía con los que logró acreditar que Robles sabía de los desvíos y no hizo algo por detenerlos, por lo que fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido de la función pública y puesta en prisión preventiva el pasado 13 de agosto.
De acuerdo con un seguimiento realizado por Animal Político de los convenios firmados por la Sedesol y Sedatu señalados con irregularidades por la Auditoría, José Antolino Orozco aparece como firmante de un convenio con la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México en 2013; en cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas y tres con la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Sedatu, según los documentos obtenidos por transparencia.
Más falsificaciones
Enrique González Tiburcio enfrenta un proceso judicial por falsedad de declaraciones, después de interponer una denuncia penal por la falsificación de su firma en 2017, luego de enterarse de la existencia del convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 con la Universidad Francisco I. Madero en enero de 2016, por una solicitud de información a la Sedatu vía transparencia.
El exsubsecretario de Ordenamiento Territorial desconoció su firma en el convenio mediante el cual se iniciaba la relación con la universidad para realizar diversos servicios, por lo que interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la dependencia el 9 de julio de 2017, y un mes después, éste denuncio penalmente contra quien resultara responsable ante la PGR. Así inició el proceso de investigación de dicho convenio.
La defensa del funcionario expuso que el convenio tampoco cumple con otros criterios legales como la falta de firma del titular del área jurídica de la dependencia, la justificación del requerimiento de servicios, rúbrica de funcionarios en todas las hojas del documento, y la inexistencia de registro de las reuniones que siempre se hacen previo a un convenio de este tipo. Además, el 4 de enero de 2016, día de la firma de convenio, González Tiburcio aún se encontraba en periodo de vacaciones decembrinas, sostiene su abogado.
Sin embargo, el perito de la Fiscalía concluyó que la firma sí era de fidedigna, mientras que el perito de la defensa tuvo errores en la explicación de su análisis, por lo que el juez determinó que habían elementos para continuar el proceso judicial, y de denunciante pasó a imputado y fue vinculado a proceso el 30 de enero pasado.
En una siguiente audiencia realizada el 13 de junio pasado, Tiburcio denunció por segunda vez la falsificación de su firma en otros dos convenios, SEDATU-ITSC/SOT/02/2015, del 17 de septiembre de 2015; y SEDATU-ITSC-SOT/01/2016, con fecha del 11 de enero de 2016.
Aunque hasta el momento no hay pruebas de que estos convenios derivaran en la simulación de los servicios y la subcontratación ilegal de empresas fantasma o irregulares, como lo ha dicho la Auditoría Superior de la Federación en otros casos.
Armando Saldaña, quien era subalterno de Tiburcio, aparece como firmante del convenio SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 “para el desarrollo y aplicación de mecanismo de operación para la ejecución de los programas y acciones para el cumplimiento de sus fines institucionales”, por lo que la Sedatu entregó 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.
Sin embargo, aunque en la audiencia por la causa penal 442/2018, el peritaje de la Fiscalía acreditó que la firma era falsa y los convenios originales no habían sido localizados en la dependencia, el juez decidió vincularlo a proceso el 19 de marzo pasado, por lo que las investigaciones en su contra continúan.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/08/estafa-maestra-firmas-falsificadas-desvios/