De acuerdo con la periodista Elisa Alanís, las administración de Andrés Manuel López Obrador habría confirmado el hecho, luego que por la mañana, el periodista Mario Maldonado, detallara que, “en cuestión de días”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), presentará un expediente ante la Fiscalía General de la República.
Maldonado señaló en su columna “Hisrtoria de NegoCEOs”, de El Universal, que “el golpe al ex funcionario se prepara de manera quirúrgica”, a fin de hacer que Ruiz Esparza sea procesado por operaciones irregulares y en beneficio de empresas constructoras; desvío de recursos y transferencia de dinero público con posibles fines ilícitos.
El periodista señaló que para evitar errores como los cometidos en los casos de Emilio Lozoya Austin y Eduardo Medina Mora, el expediente contra Ruiz Esparza habría pasado por el visto de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para blindar el caso desde el punto de vista jurídico.
La indagatoria contra el ex Secretario de Peña Nieto también iría dirigida contra el ex oficial mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, y el Subsecretario de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings.
Ramírez Reyes, añadió, estaría ligado a la entrega de contratos con empresas como Alética, antes OHL, y Aldesa.
A la par, Alanís señaló que la UIF, comandada por Santiago Nieto, estaría en proceso de congelar cuentas ligadas a Alética.
RUIZ ESPARZA Y LA SCT
Gerardo Ruiz Esparza es el escalón más alto en una trama de presunta corrupción en la SCT. Durante el sexenio pasado, la ASF encontró más de 16.5 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas, ya fuera por actos u omisiones que fueron maquinados desde la base hasta la punta de la escalera burocrática.
Además de Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su administración (2012-2018) fueron probables responsables directos o indirectos de las anomalías halladas por la ASF, en 251 auditorías realizadas entre 2014 y 2018.
Por un lado están 17 funcionarios y ex funcionarios que ocuparon los principales cargos directivos de la SCT. Esto es de especial relevancia si tomamos en consideración que las decisiones de los directivos en la SCT están presentes “en prácticamente todas las etapas” del ciclo de inversión de los proyectos de obra pública, de acuerdo con un análisis de 2018 sobre la estructura de la SCT, realizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la empresa IDOM Ingeniería.
Entre los 17 están un ex coordinador de Centros SCT en los estados de la República Mexicana; siete ex subsecretarios, dos de Infraestructura, dos de Transporte y tres de Comunicaciones; un ex Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; un ex Oficial Mayor y un ex titular del Órgano Interno de Control de la SCT, además de seis ex directores generales, dos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), dos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, así como dos de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (hoy IFT).
Al menos ocho de esos 17 funcionarios y ex funcionarios públicos fueron señalados entre 2013 y 2018 de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.
Durante esos cinco años, la Auditoría encontró anomalías por pagos excesivos, indebidos y/o injustificados que sumaron un monto total de casi 11.8 mil millones de pesos.
Asimismo, la ASF encontró 2.7 mil millones de pesos utilizados para la compra de bienes y servicios que no fueron “efectuados” o “encontrados” al momento de las auditorías; 841.7 millones por incumplimientos de contrato, falta de cobro de medidas resarcitorias y entrega de amortizaciones y reintegros financieros a la Tesorería de la Federación, además de probables daños por 1.3 mil millones de pesos por “diferencias entre el volumen de obra pagado y cualificado” en diversos proyectos de la SCT.
De acuerdo con las cuentas públicas de 2014 a 2018, hay al menos 72 ex funcionarios públicos que, por sus respectivos cargos, fueron probables responsables directos o indirectos de las irregularidades no solventadas en cinco años de administración de Gerardo Ruiz Esparza. De ellos, al menos 39 han sido señalados de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.
LAS FAVORITAS DE RUIZ
Una investigación de SinEmbargo arrojó que dos de cada 10 pesos contratados por la SCT de Ruiz Esparza terminaron en los bolsillos de 10 empresas privadas, de acuerdo con el registro del portal de compras gubernamentales CompraNet.
De esas 10 empresas, cuatro –Balandrano Ink, Bodega de llantas La Viga, Comercializadora Milenio y Efectivale– están registradas como proveedores ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto “permite a las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno identificar a las empresas que cuentan con la experiencia en vender o prestar servicios al gobierno”, refiere la información del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de la SHCP.
Aunque ninguna de las empresas aparece en el “directorio de proveedores y contratistas sancionados” de la Secretaría de la Función Pública, cinco de las 10 compañías –Bodega de llantas La Viga, Comercializadora Milenio, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Efectivale y Mota-Engil México– han sido señaladas por incurrir en irregularidades y/o presuntos actos de corrupción, ya sea en México u en el extranjero.
Asimismo, una de las principales contratistas de la SCT del sexenio pasado está ligada al político y empresario mexicano Carlos Hank González. Se trata de La Peninsular Compañía Constructora, una filial del Grupo Hermes que ha participado en obras de infraestructura como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Tren México-Toluca, la Presa Zapotillo (Jalisco), la Planta de Bombeo El Caracol (Edomex) y otras más.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://www.sinembargo.mx/28-10-2019/3669437