Las exigencias son para generar confianza y certidumbre entre los inversionistas a través de la eliminación de los desincentivos fiscales y de que se permita al sector acreditar las obras sociales de infraestructura que realiza en favor de las comunidades, según explicó Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).
Agregó que la actividad minera debe ser blindada contra impuestos municipales y estables que interfieran con los alcances que tiene la Ley Minera.
La petición al gobierno federal fue firmada tanto por Alanís como por la Asociación de Ingenieros de Minas, Matalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
Mientras tanto, los pueblos indígenas de varios estados del país se han manifestado contra la imposición de proyectos mineros en sus territorios por la contaminación al agua y el suelo y por la amenaza que representa para sus actividades económicas y su modo de vida.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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