Allí, se encontró por tercera vez con el juez que lleva su caso, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna cuyo esposo, René Bejarano, estuvo en prisión tras la difusión en 2004 de los videos donde se le veía recibir dinero en efectivo de manos del empresario Carlos Ahumada, entonces contratista del gobierno del Distrito Federal y pareja sentimental de Robles.
Esto, según la defensa, representa un conflicto de interés y debió ser motivo suficiente para que el juez se excusara de presidir el juicio, pero no ocurrió. Por ello, al final de la audiencia al escuchar que continuará en prisión, Rosario lo encaró: “dadas sus relaciones familiares y ¡por ética, por ética! Nos lo debió exhibir desde un principio (su parentesco). Esto se trata de una venganza política y un acto de injusticia de su señoría (el juez)”.
Su abogado defensor, Epigmenio Mendieta, quien asistió por primera vez a una audiencia, fue aún más duro: “Usted ha dejado de ser imparcial. Un juez debe conducirse con respeto y legalidad con todas las partes, pero ha mostrado animadversión, ha considerado que la defensa y Rosario Robles se ha convertido en enemiga. El tono ríspido no es propio de un juez; eso no lo puede tener este sistema judicial”.
Delgadillo Padierna los escuchó sin hacer gesto alguno. Ya antes había levantado la voz, cuando le dijo mentirosos a sus abogados defensores, cuando calló al ministerio público que intentó interrumpirlo y cuando quiso impedir que Robles tomara la palabra.
Después de escucharlos y reiterar que no era el momento procesal para permitir alegatos ni tampoco la petición de excusarse y al haber confirmado que Robles permanecería en prisión, el juez dio por terminada la audiencia que en apenas 41 minutos definió el futuro inmediato de la exfuncionaria.
Robles se convierte así en la única exsecretaria de Estado en prisión por hechos relacionados con La Estafa Maestra, el mecanismo en el que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que el dinero público desapareció.
Pese a que quienes encabezaron las otras dependencias involucradas eran Emilio Lozoya (Pemex), Alfredo del Mazo (Banobras), Enrique Martínez (Sagarpa), Emilio Chuayffet (SEP), Gerardo Ruiz Esparza (SCT), entre otros, ninguno ha sido denunciado penalmente y tampoco se ha investigado en dónde terminaron los recursos públicos después de pasar por empresas fantasma.
Incluso, el proceso judicial de Rosario ni siquiera se enfoca en seguir la ruta del dinero pues el delito que se persigue es ejercicio indebido de la función pública, es decir, no haber impedido la realización de los convenios de la Sedesol y Sedatu, dependencias que encabezó, pese a las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los informes de Cuenta Pública durante cuatro años.
“Vinieron a mentir”: juez
Minutos después de las 4 de la tarde, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna inició la audiencia para revisar si la prisión que le decretó como medida cautelar en la audiencia del 13 de agosto pasado era una decisión acorde al juicio que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública.
Lo hacía obligado por el magistrado Ricardo Paredes quien después de revisar la actuación de Delgadillo Padierna en dicha audiencia, determinó que haber enviado a Robles a prisión “violaba sus derechos humanos” porque el juez tomó la decisión “sin analizar ni establecer las razones por las cuales dicha medida era la idónea, proporcional y menos lesiva para la imputada”. Por ello ordenó realizar una nueva audiencia.
En los primeros minutos de la audiencia, el juez Delgadillo aludió a la resolución del magistrado Paredes: “dice que me equivoqué porque no sustenté la idoneidad”, y luego enumeró todos los elementos que, a su consideración, confirmaban la necesidad de que Rosario Robles siguiera en prisión porque “el peligro de sustracción es alto”.
Aunque la prisión fue solicitada por los representantes de la Fiscalía General de la República alegando que al estar en libertad podría amenazar o atentar contra los exfuncionarios que han testificado en su contra o destruir documentación, no presentaron ninguna prueba que lo confirmara, pero el juez dijo que no era necesario hacerlo.
Y si bien la acusada se presentó de manera voluntaria a dos audiencias, lo que más pesó para el juez fueron las “mentiras” de su defensa y sus contradicciones, sobre todo respecto a su domicilio y al motivo de su viaje a Costa Rica, donde Robles se encontraba cuando se enteró de la acusación judicial.
Durante la audiencia del 13 de agosto, la defensa de Robles explicó que cuando policías ministeriales no la localizaron en el domicilio que ha registrado como su residencia en la alcaldía Coyoacán fue porque estaba de vacaciones en Costa Rica, aunque el juez aseguró que luego dijeron que se encontraba en un curso.
“Su defensa se contradijo en el motivo real de su estancia en otro país con la intención clara de mentir a la autoridad judicial”. Además “se desconoce el domicilio real” de la acusada porque según el órgano de inteligencia de la Fiscalía existe una licencia de conducir a nombre de Rosario Robles con un domicilio en Polanco, distinto a su residencia oficial, reiteró el juez.
Al escuchar eso, Robles se colgó en el cuello una reproducción de su licencia de conducir como gafete, la cual era la única licencia y con vigencia permanente que ella ha tramitado, dijo minutos más tarde.
Ahora se sabe que la supuesta licencia entregada por la Fiscalía está registrada en la Semovi, pero tiene elementos irregulares como que la huella digital está movida, la firma no corresponde a la suya y la fotografía fue bajada de internet.
Según reconoció el subsecretario de Transporte Brando Flores, aunque la licencia está en el registro oficial, no existe certeza de que ella haya ido a tramitarla, y alguien más pudo hacerlo a través de un acto de corrupción con los funcionarios de los módulos.
Rosario insistió mientras mostraba el gafete: “Ni siquiera en las copias certificadas de la Semovi dice la dirección (de Polanco) que usted acaba de decir, señoría. Quien ha mentido es el Ministerio Público, no yo. Si usted hubiera pedido esa prueba en la audiencia (del 13 de agosto) yo hubiera podido demostrar que esa no era mi firma. Ésta es mi licencia permanente”.
Aunque la defensa acusó en la audiencia pasada que la supuesta licencia con domicilio de Polanco no estaba integrada en el expediente y, por tanto, no podía ser considerada como prueba, esta vez el juez refirió el número de tomo y foja donde se encontraba por lo que dijo, al negar la existencia del documento, la defensa usó “ese argumento falaz y afectaron a su defendida. Vinieron a mentir expresamente”.
Ante esto, el juez de defensa, Julio Hernández Barros, lo interrumpió, aunque el juez también había alzado la voz para impedirlo. “Sí, sí lo interrumpo porque si tiene elementos de parte al Ministerio Público, pero a mí no me viene a decir mentiroso”, dijo Barros levantando el brazo y señalando al juez.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/10/argumentos-audiencia-rosario-robles/