Ocho años después del hallazgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite un informe en el que se constatan las “graves violaciones a los derechos humanos” de las víctimas. En concreto, al derecho al acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la verdad, tanto por las 196 víctimas como por otros 57 mexicanos desaparecidos cuyos familiares presentaron reclamos ante la institución cuando se hizo público el descubrimiento de las fosas.
Entre las recomendaciones formuladas al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca: buscar a los familiares de las víctimas y brindarles atención, acciones para localizar a 55 desaparecidos, una disculpa institucional y colaboración para la presentación de denuncias penales y administrativas contra once funcionarios a los que encuentra responsables de las omisiones e irregularidades que dificultaron las identificaciones y, además, complicaron la investigación.
El panorama que presenta el informe es desolador. En sus páginas se constata lo habitual de prácticas como el secuestro de autobuses, la incapacidad de autoridades estatales y federales para encontrar a los responsables de las muertes, las carencias a la hora de identificar los cuerpos y entregárselos a sus familiares y la nula disposición a colaborar por parte de instituciones como la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas, que hasta en cuatro ocasiones llega a ignorar peticiones explícitas por parte de la CNHD.
“Sorprende que no haya una investigación más puntual de la acción del Estado. Cuál fue la responsabilidad del Estado”, considera Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación para la Justicia, que representa a 21 de las familias de las víctimas.
A día de hoy, ocho años después del hallazgo de las fosas clandestinas, únicamente hay 127 cuerpos identificados. De ellos 83 son mexicanos, 31 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un hondureño, a los que hay que sumar otros diez cuerpos que el informe asegura que la PGJT entregó “sin informe pericial alguno”. El resto sigue en una fosa común sin que aún se sepa nada sobre su origen.
Se trataba, en su mayoría, de migrantes y trabajadores que trataban de alcanzar la frontera con Estados Unidos. Por eso, el informe recuerda recomendaciones previas como las formuladas en 2013 sobre la masacre de los 72, perpetrada también en San Fernando en 2010, o el informe sobre secuestros de migrantes elaborado en 2013.
Ana Lorena Delgadillo, abogada de Fundación para la Justicia, lamentó que la CNDH no se hubiese entrevistado con sus defendidos y consideró imprescindible una investigación más “amplia” que incluya a sus defendidos en el proceso. Además, se mostró contrariada por el hecho de que no se ahonde en la responsabilidad estatal, a pesar de ser una tesis que aparece en informes citados por la recomendación.
La mayoría de los muertos fueron asesinados por un traumatismo craneoencefálico.
Esta versión de las muertes concuerda con el único testimonio que se incluye en el informe: el de tres personas, que son citadas como testigos y no como víctimas, que aseguran haber salido de Tejupilco, estado de México, con destino a la frontera con Estados Unidos. Al pasar en autobús por San Fernando, estas personas aseguraron haber sido obligadas a bajar y conducidas a una casa de seguridad.
“Detallaron que al llegar a San Fernando, Tamaulipas, fueron bajados del autobús por personas desconocidas y trasladados a bordo de camionetas a una casa en la que se encontraban más personas y donde fueron objeto de malos tratos, observaron que una persona se negó a trabajar para sus captores por lo que fue privado de la vida con varios golpes en la cabeza producidos con un bate”, dice el documento.
Entre los testimonios que aparecen recogidos en el informe se incluyen dos que señalan directamente a autoridades.
Por una parte, está el relato de dos pilotos de autobús que refieren haber recibido el alto por personas identificadas como “dos patrullas de Seguridad Pública Municipal que contaban con rótulos de la Policía Municipal y también se encontraba una camioneta … con personas del sexo masculino vestidos de civiles y los cuales todos se encontraban armados”. Estos últimos habrían subido al autobús para obligar a una decena de sus pasajeros, todos hombres, a bajar a la fuerza e introducirse en unos taxis.
En otro de los casos, el padre de un migrante asegura tener conocimiento de que su hijo fue “rescatado” de una casa de seguridad en Reynosa, Tamaulipas, por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que lo habrían extorsionado. Desde entonces no ha vuelto a saber de él y su cuerpo no está entre los identificados.
El informe, no obstante, no ahonda en esta línea de investigación (alega que su mandato no es el de realizar pesquisas penales) sino que profundiza en las irregularidades detectadas desde el momento en el que aparecen las fosas y los cuerpos hasta la actualidad. Sí que recuerda que en 2013 se instruyó acción penal contra 17 policías municipales.
El informe asume que el secuestro en autobuses es práctica habitual hasta el punto de ser planteado como hipótesis por la PGJ de Tamaulipas. Sin embargo, sorprende que la presidencia municipal de San Fernando dijeses que desconocía que esa práctica se llevaba a cabo en su zona.
“La Comisión Nacional advierte que la actuación de las autoridades responsables de salvaguardar la integridad y derechos tanto de los habitantes del estado de Tamaulipas como de las personas que transitan de manera ocasional o regular en ese territorio fueron insuficientes e ineficaces, ya que no existieron mecanismos para el establecimiento de políticas en materia de seguridad pública, lo que generó hechos como los del asunto de mérito, en el que se hallaron 196 cuerpos y/o restos de cuerpos de personas en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, así como la desaparición de personas de nacionalidad mexicana que transitaban en el interior de esa entidad federativa”, afirma el documento.
Denuncia también el informe la nula colaboración de la PGJ de Tamaulipas. “Mediante oficios del 11 de julio, 9 de agosto, 1 y 30 de noviembre, todos de 2018, la Comisión Nacional solicitó información al Procurador General de Justicia de Tamaulipas, sin que a la fecha de la emisión de la presente Recomendación se haya recibido respuesta alguna”, dice.
El documento es muy crítico con la investigación practicada por FGR y PGJT.
“Del análisis de las constancias que integran el expediente de queja, se advierte que los procedimientos de investigación y procuración de justicia en las indagatorias radicadas por la PGJ-Tamaulipas y la FGR, no se realizaron de acuerdo a lo que establecen los ordenamientos legales vigentes al momento en que acontecieron los hechos, en atención a lo siguiente”, dice.
No se preservaron los lugares ni se recogieron evidencias, señala el documento, que indica que ni se vigiló el perímetro durante el tiempo en el que se hacían las exhumaciones ni se guardó la debida cadena de custodia.
“Destaca la falta de conocimiento por parte de los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación al desconocer las periciales mínimas e idóneas que se requerían para el procesamiento de los indicios y la posterior identificación de las víctimas, lo que afectó directamente la investigación de los delitos y eventualmente obstaculizó una reparación del daño oportuna”, afirma.
Sobre la FGR (entonces PGR), la CNDH dice que “algunos cuerpos fueron incinerados; sin embargo, de las documentales consultadas no se observó el acuerdo que haya ordenado, fundado y motivado dicha cremación”.
Además, denuncia una incorrecta entrega de restos y dilaciones en las identificaciones al menos en una veintena de casos.
“Las demoras y omisiones injustificadas que se evidenciaron, provocaron la pérdida irreversible de información para identificar oportunamente a las víctimas, así como garantizar la reparación integral a las víctimas indirectas (familiares) y la posible ubicación de los responsables, teniendo como consecuencia la transgresión del derecho al acceso a la justicia y a la verdad”, afirma.
En este sentido, el documento responsabiliza al gobierno de Tamaulipas por no garantizar la seguridad en su territorio y a FGR y PGJT por no garantizar el acceso a la verdad y la justicia a víctimas y familiares.
Pide abrir un proceso penal y administrativo contra once funcionarios y solicita de las autoridades una disculpa pública con las víctimas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/10/tamaulipas-fosas-cuerpos-cndh/