El amparo en revisión de queja que radica en el expediente 353/2019 señala que el bloque por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no cumple con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que los bloqueos son inconstitucionales, salvo cuando tiene como origen una resolución de un organismo internacional, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o una solicitud de una autoridad extranjera reconocida en los tratados internacionales.
En julio pasado, Ancira Elizondo apeló la decisión del juzgado 16 de distrito en materia administrativa, quien le negó la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.
El fallo en ese entonces fue porque la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), investigaba al empresario mexicano por su probable vinculación con el delito de lavado de dinero, según consta en un reporte de la UIF de la Secretaría de Hacienda enviado al juzgador federal.
El recurso de revisión fue turnado al décimo tribunal colegiado administrativo, quién revocó la resolución, mientras se determina sobre el fondo del amparo; es decir, si fue correcta o no la orden de aseguramiento.
En su momento el juzgado Sexto notificó de la negativa de suspensión, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera le informó que existe una investigación de la Agencia Antidrogas Estadunidense, conocida por sus sigla en inglés como DEA, que involucra a Alonso Ancira.
El acuerdo del juez del 16 administrativo Gabriel Regis López de julio, señala que negó la protección de la justicia federal toda vez que mediante oficios con registros 15289 y 15399, el titular y el director general, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, exhibieron el oficio MX-19- 0225 firmado por el director regional adjunto de la United States Drug Enforcement Administration, en el que se informó que diversas personas estaban siendo investigadas por posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, dentro de las cuales destaca el quejoso físico.
El oficio se giró el 30 de abril. La investigación también está encaminada contra el ex director de Petróleos Mexicano (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Asimismo, el juez federal argumentó que el contexto jurídico bajo el cual se conduce la UIF, tiene por finalidad proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, mediante una coordinación interinstitucional, que tiene como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir dichos delitos.
El empresario, que se encuentra en España, está acusado en México por la compraventa de Agronitrogenados que adquirió Pemex a un precio 10 veces superior a su valor, cuando Lozoya Austin era el director general de la empresa productiva del Estado, quien en la actualidad es prófugo de la justicia.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CÉSAR ARELLANO GARCÍA.
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