Incluso, pese a tener ampliaciones presupuestales por 9 mil 794 millones de pesos entre 2010 y 2017, es decir, recursos adicionales a los presupuestos anuales aprobados, no lograron superar el déficit financiero, indica el análisis.
Se trata de las Universidades Autónomas de Chiapas, Estado de México, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Morelos, Nayarit, Benito Juárez de Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas.
Existen tres causas identificadas que derivaron en más adeudos que las mantiene en crisis financiera. Durante años se incrementó la plantilla laboral de las instituciones, pero los puestos no fueron reconocidos por la Secretaría de Educación Pública ni por la Secretaría de Hacienda.
Es decir, hubo contrataciones de académicos y personal administrativo sin soporte presupuestal y todas tienen este problema, pero para la Autónoma del Estado Nayarit, Sinaloa y Zacatecas esto representa su principal problema.
Al respecto, Enrique Levet, dirigente de la Confederación de Sindicatos Universitarios (CONTU), asegura que estas contrataciones obedecen al incremento de matrícula en las instituciones, y aunque no estuvo acompañado de incremento presupuestal, las administraciones tuvieron que responder a las necesidades operativas.
Otro de los pendientes presupuestales son los convenios de prestaciones adicionales que las instituciones hicieron con los sindicatos y que no están contemplados en el modelo de financiamiento por parte de la SEP y Hacienda. En este caso se encuentran las universidades de Morelos y Tabasco como principal problema, advierte el informe obtenido por Animal Político.
Levet asegura que las prestaciones laborales son derechos de los trabajadores y los sindicatos siempre van a procurar mejorar sus condiciones.
Otra causa es el peso financiero de las pensiones y jubilaciones para las universidades y para la Michoacana es su principal complicación, aunque también tienen presión al respecto la de Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Nayarit y Zacatecas.
Esas presiones financieras originaron que las instituciones no tuvieran para pagar otras obligaciones y, que a su vez, derivaran en deudas con en seguridad social e impuestos como ISR e IVA. Este rubro representa la principal deuda para la universidad de Chiapas y del Estado de México.
Las universidades también se endeudaron y adquirieron préstamos bancarios que, por incumplimientos, también han generado costos adicionales.
Además hubo menor subsidio federal y a la disminución de los fondos extraordinarios de la SEP a las instituciones de educación superior durante 2016 y 2017, lo que “agravó la condición financiera de éstas universidades”.
A esto se suma que existieron irregularidades en la administración de algunas universidades en presuntos esquemas de corrupción. Tal es el caso de la participación de cuatro instituciones que hicieron convenios con secretarías de Estado para hacer supuestos servicios, aunque en algunos casos las empresas subcontratadas resultaron ser fantasma, en el esquema conocido como La Estafa Maestra.
Se trata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hizo 5 convenios por mil 140 millones de pesos con la Sedesol y la Sagarpa; la del Estado de México, que sumó mil 440 millones de pesos en convenios con Sedesol; la Autónoma de Tabasco, que consiguió cinco convenios por 580 millones de pesos con Pemex, y la de Zacatecas, que ganó 220 millones de la Sagarpa. Dichos tratos ocurrieron entre 2013 y 2015.
Las soluciones
De acuerdo con Enrique Levet, dirigente de la CONTU, Hacienda prevé entregar 4 mil millones de pesos antes de acabar este año para las universidades en crisis, pero esto no sería suficiente.
Es por ello que en el informe de la Cámara de Diputados se plantean posibles rutas de solución para que enfrentar las causas del déficit y detener el crecimiento de las presiones financieras en los próximos años.
Para contrarrestar la contratación de personal académico sin soporte presupuestal, las universidades deberían congelar plazas, contener contrataciones, incrementar el número de horas de docencia para profesores de tiempo completo.
Referente al personal administrativo se plantea cargas de trabajo, reducir al mínimo la creación de nuevas plazas administrativas y de confianza, así como la contratación por honorarios. Reducir salarios y compensaciones a directivos y mandos, además de continuar con la política de retiro voluntario.
Sobre las jubilaciones y pensiones se propone aumentar las aportaciones de los trabajadores, negociar con los sindicatos un nuevo sistema de pensiones y retener al personal académico, a través de estímulo, para diferir su jubilación.
Mientras que para las prestaciones no percibidas en el modelo de la SEP y Hacienda, sería necesario suspender el pago mensual realizado por concepto de 2% de apoyo del gobierno del Estado a todos los trabajadores que durante años las universidades han solventado.
Contener el incremento de prestaciones de los contratos colectivos de trabajo, en las revisiones contractuales y salariales y no crear ninguna nueva prestación y reducir al mínimo las erogaciones por concepto de servicios médicos.
Para generar medidas de capitalización se buscaría crear comités de saneamiento y atención financiera universitaria, recaudar ingresos propios de inscripciones y reinscripciones, crear lineamientos de austeridad, realizar subrogaciones médicas y eliminar el subsidio de la retención correspondientes a lo que establece la ley del ISR por concepto de sueldos y salarios.
Y para saldar las deudas con el ISSSTE y FOVISSSTE se prevé una negociación para dividir los pagos hasta 2023; mientras que en materia de impuestos se plantea eliminar el subsidio de ISR para los trabajadores y negociar los adeudos con el SAT.
Buscan más presupuesto para 2020
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tuvo una reunión el pasado 24 de septiembre con diputados en el que solicitó la ampliación de presupuesto para las universidades públicas para 2020 por 17 mil 230 millones de pesos.
Advirtieron que en el Proyecto de Presupuesto no se incluye el fondo especial para cumplir la obligatoriedad de la educación superior previsto en la Reforma Educativa promulgada el 15 de mayo pasado, y para hacer frente sólo a esto se necesitaría al menos 7 mil 678 millones de pesos.
No tenerlos implicaría “demorar el logro de la meta para alcanzar una tasa bruta de cobertura de al menos 50% en el año 2024, la cual implica atender poco más de un millón de nuevos estudiantes en las instituciones de educación superior públicas”.
La Asociación asegura que el crecimiento en el número de alumnos atendidos es menor al financiamiento que las universidades han recibido. De acuerdo a su análisis, mientras la matrícula ha crecido 122.7% entre el 2000 y el 2019, el presupuesto federal respectivo lo ha hecho en 75.2%, “lo que ha tenido como consecuencia que la inversión por alumno decrezca en más del 21.3%”.
Mientras que de 2012 a 2018 el crecimiento de la matrícula fue de 30.4% y el crecimiento del presupuesto federal en términos reales 2.7% es decir una diferencia de más de 10 a 1.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/10/causas-crisis-universidades-publicas-deudas/