Estas se han otorgado a partir de una ola de amparos que interpuso el colectivo #NoMásDerroches, integrado por organizaciones civiles como Impunidad Cero, México ¿Cómo Vamos?, Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, y otras. A título personal, miembros del colectivo metieron un total de 147 amparos, no iguales pero muy similares, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, ya que por estrategia buscaban que llegaran a múltiples juzgados y tuvieran más posibilidades de que algunos fueran otorgados, explica en entrevista Gerardo Carrasco, abogado del colectivo.
Después se solicitó la suspensión en entre 20 y 30 juzgados, según veían posibilidades de éxito, que empezaron a otorgar unas y rechazar otras, antes de que todos los recursos jurídicos sobre el tema acabaran en el mismo juzgado que ayer echó atrás una de las suspensiones.
Esta es la cronología del caso
El 30 de mayo se otorgó la primera suspensión provisional contra el aeropuerto en Santa Lucía. La dio el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del Estado de México.
Aunque el 21 de junio fue desechada por un juez, el Cuarto de Distrito, todo ese mes se estuvieron procesando las solicitudes de amparo y de suspensión del inicio de la construcción.
Las resoluciones ordenaban detener las obras por distintos factores: hasta que el Gobierno Federal demostrara que tenía todas las autorizaciones ambientales correspondientes, hasta verificar que contaba con los estudios de seguridad exigidos por la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, cuando hubiera autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), estudios de viabilidad aeronáutica, estrategia de viabilidad social.
Para el 7 de junio se había ordenado la primera suspensión definitiva, y el 11, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Adimnistrativa del Primer Circuito fue el primero que dio una resolución para mantener el proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, que llevaba más del 30% de avance cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia y ordenó pararlo.
Otra suspensión, del 24 de junio, no solo ordenaba mantener las obras del NAIM sino llevar a cabo acciones para su conservación, al considerar que sin mantenimiento adecuado, podrían dañarse las obras, estructuras y cimientos existentes.
Fue el 4 julio que un juez federal ordenó reunir todas las demandas vigentes, tanto en la CDMX como en Edomex, en un solo juzgado. Carrasco explica que la Ley de Amparo establece que cualquiera de las partes involucradas puede solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que concentre las resoluciones de juicios de amparo del mismo tema, y previendo esto, fue que habían solicitado las suspensiones antes en distintos tribunales.
Pero a partir de este punto, todo está en manos del juez Juan Carlos Guzmán, del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
El 25 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó la Manifestación de Imacto Ambiental (MIA) y consideró que el proyecto es viable, lo que quitó uno de los argumentos de las suspensiones, pero éstas todavía se mantenían por requerimientos como los estudios técnicos necesarios.
Carrasco comenta que esta aprobación tan rápida ya levantó sospechas, ya que se concedió en 67 días, el mismo tiempo que se tarda Semarnat, por ejemplo, en autorizar una carretera para un pueblo.
El colectivo llegó a tener vigentes 11 suspensiones judiciales y durante julio puso otros tres amparos, por lo que suman 150, según el abogado.
La nueva estrategia del Gobierno
El 16 de agosto la detención de las obras escaló un paso más, ya que el Juez Quinto concedió una suspensión definitiva hasta que se resolvieran los juicios de amparo. Los jueces anteriores sólo habían condicionado la obra a que se cumpliera con estudios y permisos, pero detenerla hasta resolver el amparo podría llevar meses.
Las suspensiones son medidas cautelares en lo que se analizan a fondo los amparos, pero mientras estos sigan pendientes, nada es definitivo en cuanto a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
Una semana después, el 20 de agosto, el abogado Gerardo Carrasco consiguió en el amparo a su nombre la suspensión contra todos los efectos y consecuencias del proyecto de Santa Lucía.
Entonces, el Gobierno ideó una nueva estrategia para revertir las suspensiones, anunciada por el propio López Obrador en su conferencia matutina días después, que fue decretar que todos los espacios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada del nuevo proyecto, son de “interés nacional”.
La Sedena solicitó en un juicio que ante esta declaratoria, se revocara la suspensión, argumentando que Santa Lucía y el plan de convertir la base militar en un aeropuerto civil sean considerados dentro de esa categroría de instalación estratégica. Por ahora sólo pidió revocar dos de las suspensiones pero se prevé que lo solicite con el resto de recursos.
Así se llegó a que el Juez retomara este argumento y este 8 de octubre revocara la suspensión otorgada a Carrasco.
El abogado reconoce que la decisión del juez sienta un mal precedente de lo que puede suceder con el resto de amparos y suspensiones, ya que puso el argumento del gobierno de que es una cuestión de seguridad por encima de todas las que habían sido razonamientos previos de que se tenía que contar con los estudios y documentos necesarios para una obra así.
“El juez, de facto, autorizó que se construya un aeropuerto sin permisos ni estudios, únicamente porque dijo la Sedena que es de seguridad nacional”, lamenta.
Esta decisión todavía se puede impugnar en otra instancia. Y ayer mismo, el colectivo dio a conocer que había solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenir. La Corte no resuelve juicios de amparo, pero solicitaron que atraiga cuatro recursos de revisión impuestos por las autoridades contra suspensiones definitivas. En máximo un mes, calcula Carrasco, se tendrá respuesta a si los atrae o no.
Aunque este caso de amparo ha sido el más conocido, hay otros amparos interpuestos por propietarios de tierras que fueron abarcadas por el proyecto de aeropuerto, que están en otros juzgados y siguiendo procesos distintos.
Así que por lo pronto, las obras del aeropuerto de Santa Lucía no empezarán todavía.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ITXARO ARTETA.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/10/iniciaran-obras-santa-lucia-revocacion-suspension/