Despidos arbitrarios y sin el finiquito correspondiente, renuncias por hartazgo ante el despotismo y acoso laboral, son algunos de los problemas que agobian a Notimex desde que Sanjuana Martínez asumió la dirección. A decir de exfuncionarios y algunos trabajadores, la periodista regiomontana ha propiciado esas prácticas y además creó un sindicato blanco. Así, la agencia de noticias del Estado se va sumiendo en un caos legal, administrativo e informativo, sin que las quejas elevadas ante López Obrador tengan efecto.
Lo que comenzó como una supuesta cruzada de la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, contra la corrupción sindical se ha convertido, según exempleados de la agencia, en “terrorismo laboral” por la violación sistemática de los derechos de los trabajadores, amenazas, acoso y hasta la afiliación forzosa a un sindicato blanco que, además del caos legal, administrativo e informativo, tiene en una severa crisis a la agencia de noticias del Estado mexicano.
En desacato a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de liquidar conforme a la ley a los trabajadores despedidos, para lo que incluso le dio 31 millones de pesos extra, Martínez se aferra a no pagar finiquitos pese a convenios firmados, en un “abuso de poder” que le atribuyen hasta los propios miembros de su equipo, que paulatinamente la han ido dejando sola.
Y es que a los 129 trabajadores despedidos de Notimex que firmaron un convenio de terminación laboral en los poco más de siete meses de gestión de Martínez, que tomó posesión el 21 de marzo, se suman sus propios colaboradores, que ha corrido o han renunciado por su conducta “despótica”, que ya ha sido denunciada ante López Obrador.
Las más recientes bajas en Notimex son la directora de Asuntos Jurídicos, Itzel García Muñoz, quien alertó sobre los pasivos laborales que tienen en riesgo el funcionamiento de la agencia, y Laura Edith Badillo Martínez, titular del Órgano Interno de Control, que fue despedida por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presuntamente a petición de Martínez, por documentar el caos administrativo de la empresa.
Hasta la directora editorial, Rosario Manzanos González, presentó su renuncia –que no le ha sido aceptada– en protesta por decisiones de Martínez, ejecutadas por sus subordinados, como las represalias contra la editora Diana Pérez Caballero, a quien se le modificó el horario pese a tener un embarazo de alto riesgo y se le impide ingresar al edificio a realizar su trabajo.
“Si usted persiste en su actitud de mentir, me veré obligada a proceder de la forma que más convenga a la dirección que yo presido y a mi persona. Y no está de más que le quede claro que me opongo a que a la Sra. Diana Pérez Caballero le sea modificado el turno de trabajo”, le escribió Manzanos el 28 de octubre a Juan Antonio Canché Chan, subdirector de Administración, identificado como operador de Martínez para reprimir a los trabajadores.
Apenas el jueves 7 Porfirio Rosas Botello dejó su puesto de encargado de despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, por desacuerdos con los allegados a la directora general de la agencia, quien –según las denuncias– despide a cualquier trabajador y funcionario que tenga una visión distinta a la suya.
Por ejemplo, Martínez Montemayor despidió a la abogada García Muñoz al día siguiente de que, como responsable jurídica, emitió un “dictamen del contencioso laboral de la agencia” que advierte que Notimex perderá casi todos los 124 juicios de trabajadores despedidos, según el oficio DAJ/0956/2019, fechado el 28 de octubre.
“En opinión de esta Unidad Técnica, la perspectiva judicial de la mayoría de los juicios que nos ocupan es desfavorable a los intereses de la agencia, principalmente en razón de lo siguiente:
“1. El modelo de contrato de prestación de servicios profesionales, ofrecido como prueba en varios juicios, acredita subordinación patronal.
“2. Los avisos de rescisión de la relación laboral no cumplen con las formalidades establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
“3. En varios casos no hay aviso de rescisión de contrato firmado por el trabajador, tal como lo exige la ley en la materia.
“En virtud de lo anterior, esta Dirección Jurídica sugiere respetuosamente que el área que maneja cuestiones presupuestales elabore un cálculo del posible pasivo laboral para 2020, a fin de que la agencia cuente con los recursos suficientes para hacer frente a las contingencias laborales.”
La responsable de esto es precisamente la Dirección de Administración y Finanzas, cuyo encargado de despacho dejó su cargo presuntamente por no estar de acuerdo con el manejo de los recursos económicos de Notimex, que también enfrenta la demanda de 16 corresponsales en el extranjero que fueron despedidos.
Sólo en el caso de éstos, según el dictamen jurídico, Notimex enfrenta un “pasivo laboral por salarios vencidos de 12 meses por el importe de 33 millones 202 mil 699 pesos”, sin contar aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, intereses, prestaciones “ni la indemnización en caso de negativa de reinstalación a los actores”.
Tanta es la desesperación entre los corresponsales extranjeros por la falta de respuesta de Notimex, que enviaron una carta a López Obrador, adelantada a este semanario. “Lo único que pedimos, tras décadas de servir a la agencia de noticias del Estado mexicano, es una liquidación digna”.
De acuerdo con vasta información documental de la propia agencia Notimex, de la que Proceso tiene copia, las estimaciones sobre el pasivo laboral de la agencia ascienden a 160 millones de pesos, casi igual a su presupuesto anual de 170 millones de pesos.
Y algo adicional: Martínez Montemayor no ha cumplido el compromiso que asumió López Obrador para que los trabajadores despedidos sean liquidados conforme a la ley, después de que se manifestaron fuera de Palacio Nacional, en julio.
Esta irregularidad la hizo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) la exdirectora jurídica de Notimex, en un oficio enviado al comisario Manuel Peralta:
“Por este medio, le comento que durante mi corta estancia en Notimex me percaté de que la directora general, la Lic. Sanjuana Martínez Montemayor, no siguió las instrucciones del Presidente de liquidar a los extrabajadores, entre los cuales están los que protestaron en Palacio Nacional, para lo cual la SHCP autorizó la partida 15202 “pago de liquidaciones” por un monto de $31,182,276.16 a fin de concluir la relación laboral con el personal de la agencia que había causado baja.
“Le informo que, a principios de julio, los extrabajadores firmaron una serie de convenios (‘después del incidente en Palacio Nacional’), los cuales no fueron ratificados ante la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje. Por lo tanto no se pagaron las indemnizaciones correspondientes, puesto que la directora dio la instrucción de no liquidar a los trabajadores porque la habían difamado y, ante la falta de pago, la mayoría de ellos interpusieron demandas.”
Y la abogada aporta a la SFP un dato sobre el tamaño de los despidos en Notimex: “Finalmente le comento que de julio hasta el día de mi salida se habían firmado 129 convenios de terminación laboral ya sea para pago de finiquito, indemnización o jubilación según el contrato colectivo de trabajo”.
El viernes 8, García Muñoz entregó en Palacio Nacional una carta dirigida a López Obrador en la que describe que, como directora jurídica de Notimex, “constaté una serie de prácticas ilícitas que no estuve dispuesta a avalar, como nombramientos ilegales, operación de una estructura paralela, despidos no justificados del personal de base y confianza, incremento del pasivo laboral que puede causar daño patrimonial al Estado, entre otras”.
Y “en virtud de que no me presté a las malas prácticas citadas, el 31 de octubre del año en curso, la directora general de Notimex ordenó que me sacaran de manera violenta de la agencia, violentando mis derechos laborales”.
En su carta, la abogada dice que la funcionaria actúa “amparándose en una especie de manto de impunidad, puesto que dice ser amiga de su esposa y de varias secretarias de Estado, entre las cuales destaca Irma Eréndira Sandoval, a quien Sanjuana Martínez pidió la remoción de la Lic. Laura Edith Badillo Martínez, entonces titular del Órgano Interno de Control de la entidad”.
Y concluye: “Por ello, en razón de lo anterior, como mujer, madre soltera y abogada, pido que se me indemnice conforme a la ley por despido injustificado, así como que releve de su encargo a la directora general de Notimex, quien además debe ser investigada, y en su caso sancionada conforme a derecho por no conducirse en el marco de la Constitución y las leyes de esta nación”.
Al amigo, 579 mil al mes
“Lo que hay en Notimex es terrorismo laboral”, afirma la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea Torres, quien advierte que el comportamiento de Martínez tiene otras implicaciones para el país.
“Dejó de ser sólo un tema laboral en una entidad pública, porque es también una cuestión de violencia moral, psicológica, económica, de género, y además afecta derechos de todos los mexicanos: el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión.”
Añade: “Si bien los problemas comenzaron en la parte laboral, esto ya escaló a una cuestión que afecta no sólo a los trabajadores, sino a la sociedad en general, porque estamos hablando de la agencia de noticias del Estado”.
Urrea fue despedida al día siguiente de haber sido electa secretaria general del sindicato, el 10 de octubre, sin ninguna justificación y sólo porque, como trabajadora, manifestó su inconformidad por las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, por la cancelación y suspensión de prestaciones económicas y médicas.
“Ella dice que el contrato colectivo es muy oneroso, pero para compensar los bajos salarios se entregaban vales de despensa y apoyo a la canasta básica, y ella eliminó éstos”, explica Urrea, quien cuenta que un fotógrafo entregó comprobantes de gastos médicos que debían ser reembolsados y Martínez le respondió: “Aquí no somos beneficencia”.
Pero en contraste con los bajos salarios de la agencia, y las prestaciones que les han sido escamoteadas, la directora de Notimex otorgó un contrato a un amigo suyo, Hugo Gerardo Gutiérrez de León, por 1 millón 739 mil pesos por proporcionar a la agencia “servicio de cobertura periodística” tres meses: del 27 de septiembre al 31 de diciembre.
Este contrato –que le representa a Gutiérrez un ingreso de 579 mil pesos cada uno de los tres meses– fue adjudicado el 27 de septiembre y menos de dos semanas después, el 10 de octubre, un personaje del mismo nombre se presentó como “representante de Seguridad Nacional (sic)”.
En la minuta de la reunión de trabajo para proteger los sistemas informáticos de Notimex, celebrada el 10 de octubre, se establece que “por instrucciones de la Dirección General” los responsables de este tema son Canché Chan “y Hugo Gutiérrez, quien se presentó como representante de Seguridad Nacional sin mostrar ninguna identificación”.
Entre el personal de la agencia no se conocen detalles sobre el “servicio de cobertura periodística” para el que fue contratado Gutiérrez de León, regiomontano como Sanjuana Martínez, cuyo supuesto combate a la corrupción del sindicato fue su bandera cuando llegó a Notimex.
Y, en efecto, logró destituir al comité del sindicato encabezado por Conrado García, el secretario general acusado de corrupción, contra quien no existe ninguna denuncia en la Fiscalía General de la República ni una queja específica en la SFP y de hecho siguió cobrando, sin trabajar, hasta agosto.
Peor aún: al mismo tiempo que Martínez despidió a trabajadores sindicalizados opuestos a García, como la actual dirigente, se inmiscuyó directamente en la vida sindical con la creación de un sindicato auspiciado por la empresa, con afiliaciones forzosas y cuyo dirigente es… un allegado a Conrado.
Se trata de Jesús Rodríguez Espinosa, jefe de departamento de Servicios Generales, quien fue allegado a Conrado García y quien es avalado por Sanjuana Martínez para crear, comenta Urrea, un sindicato que se apodere de la representación de los trabajadores y modifique el contrato colectivo de trabajo.
Los funcionarios de Notimex que han presionado a los trabajadores para afiliarse al sindicato auspiciado por Martínez son Luis Monroy, Érik Muñoz, Alejandro Salas y Canché, asegura Urrea Torres, quien, el viernes 8 entregó una carta a López Obrador para denunciar la “violencia institucional” contra los trabajadores en Notimex.
“Ellos amenazan a los trabajadores que si no se afilian al nuevo sindicato van a ser corridos. Hoy tenemos compañeros que fueron despedidos por no haber firmado ese oficio.”
–¿Cuántos?
–De los que no firmaron fueron tres. Después siguieron las presiones. Hoy, por el tema político y sindical, hemos sido despedidas al menos 10 personas.
Lo paradójico es que el sindicato de Sanjuana es encabezado por quien fue allegado a García: “Fue muy cercano. Incluso fue inhabilitado cinco años en Notimex por robo de dinero y quien lo rescató y lo regresó a la agencia fue Conrado. Es muy irónico que la directora diga que estaba combatiendo la corrupción del sindicato y pone a la cabeza de ese sindicato a quien tiene toda la escuela de Conrado”.
Veto a Sheinbaum y Taibo…
El ambiente envenenado de Notimex ha hecho que no sólo trabajadores sindicalizados sino de confianza se marchen por la presunta “insania” de Martínez, de cuya condición médica han pedido estudios vía solicitudes de información y transparencia.
El 30 de septiembre anunció su renuncia a Notimex la directora de Producción, Irma Gallo, quien en una charla de despedida con su personal manifestó estar en desacuerdo con los despidos injustificados y denigrantes:
“¡Únanse, júntense, háganse fuertes! Entre más los vean unidos y trabajando, menos los van a correr. Aquí hacen las cosas muy mal, con policía y todo, ustedes saben. De un día para otro y sin razón. Ya no puedo más. Porque no quiero ser cómplice de esas cosas, decidí irme.”
A otros funcionarios les pedían hostigar a los trabajadores para hartarlos y hacerlos renunciar. Uno de ellos, identificado por el reportero, pero que pidió el anonimato, describe la instrucción de la directora de Notimex: “Nos decía al final de la junta editorial: ‘Quiero extrañamientos (amonestaciones), despidos. Incomódenlos’”.
Adriana Urrea advierte que la conducta de Martínez es patológica, “enferma de poder”, reñida con el proyecto de López Obrador y usa a Notimex contra miembros del gobierno federal y de la Ciudad de México. “Editorialmente ha ocupado a la empresa para afectar a gente del gobierno”.
–¿Cómo es eso?
–Sabemos que la instrucción directa que le dieron a una compañera fue que toda la información que se manejara, por ejemplo, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, debería ser negativa. Desde que llegó esa fue la línea. Yo cubría el sector financiero y la instrucción para mí fue pegarle a las empresas.
“Hay personas de las que no se habla, como Paco Ignacio Taibo II, por ejemplo, que está bloqueado, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nos queda claro que en la agencia no hay una línea de gobierno y todo lo que se ha hecho en la agencia es contrario al discurso presidencial. Es un abuso de poder, en detrimento de la propia agencia.”
Lo grave es que ni la Junta de Gobierno de Notimex, en la que el sindicato tiene un asiento, que no le permiten ocupar, ni en el gobierno federal ha habido respuesta al “terrorismo laboral” de Martínez, ni de parte del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas o de Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano.
Dice Urrea: “Nos acercamos primero a Villamil y nos mandó decir que no iba a tener ninguna injerencia en el tema. Tambien busqué a Jesús Ramírez; jamás me respondió las llamadas ni los mensajes. Le enviamos un oficio para pedirle una reunión y jamás nos dio respuesta”.
Mientras tanto, dice Urrea, Notimex se deteriora: las metas programadas están rezagadas; contratos se han cancelado, como al periodista Julio Hernánez López, a Bloomberg Finance, a la cadena de El Sol de México, la Cámara de Senadores, “muchos por orden de la directora, de manera visceral”.
La dirigente sindical concluye: “Informativamente la agencia está desecha, como aquel tuit sin rigor: ‘Surgen versiones sin confirmar de que Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, fue liberado por las autoridades federales en Culiacán para evitar las represalias de grupos armados en contra de la ciudadanía’”.
Este reportaje se publicó el 10 de noviembre de 2019 en la edición 2245 de la revista Proceso.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
FECHA: 9 NOVIEMBRE DEL 2019.