En otro intento por contener el flujo ilícito de armas de Estados Unidos a México, que empodera a los cárteles del narcotráfico, los gobiernos de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador anunciaron el 21 de octubre el Operativo Frozen.
El nuevo compromiso se alcanzó con urgencia luego de lo ocurrido el 17 de octubre en Culiacán, tras el fallido intento por detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
Tras enterarse de que el gobierno de López Obrador había ubicado a Ovidio y lo tenía detenido, el Cártel de Sinaloa desplegó a un gran pelotón de sus sicarios provistos de armas de alto poder, con las que intimidaron y doblegaron al gobierno de AMLO, quien ordenó la liberación del capo.
En los videos y fotografías de ese operativo se observa a los pistoleros mejor armados que el Ejército y la Guardia Nacional, exponiendo la realidad del incontenible flujo de armas de Estados Unidos a México.
Ante el fracaso del improvisado operativo en Culiacán, el gobierno de AMLO anunció la reunión de lunes 21 en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Alfonso Durazo, en la que participó Christopher Landau, el embajador de Trump.
“Concluyó reunión convocada por el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con Embajador de EU y su equipo para congelar el tráfico ilícito de armas hacia México. Habrá un antes y un después de la llamada del sábado (19 de octubre) entre los presidentes López Obrador y Trump en esta materia”, escribió el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter.
Ni el gobierno de México ni el de Estados Unidos dieron a conocer los detalles del Operativo Frozen, pese al tono triunfalista con el que Ebrard se expresó de éste en la plataforma de Twitter.
En esa reunión del 21 de octubre, el gobierno mexicano planteó al de Estados Unidos “la urgencia” de que tome las medidas que México ha planteado para la zona fronteriza, dijo Ebrard el 25 de octubre en la conferencia matutina de López Obrador. Según el canciller, Durazo entregó a Landau un catálogo de las armas provenientes de Estados Unidos que utiliza la delincuencia organizada.
–¿Y habría alguna posibilidad de que México cabildeara en Estados Unidos para impulsar la prohibición de armas de asalto? –se le preguntó a Ebrard.
–No creo que podamos y no deberíamos. No nos conviene hacer depender la demanda que estamos haciendo de un cambio en la legislación en otro país.
“Lo que estamos pidiendo a Estados Unidos es que en la línea fronteriza, así como nosotros revisamos lo que sale y tenemos la voluntad de hacerlo, ellos hagan lo mismo con lo que mandan para este lado. Ese es el asunto.”
El secretismo sobre los pormenores del compromiso abre las puertas a la especulación de que se tratará de una nueva cortina de humo para opacar la realidad por lo ocurrido en Culiacán, ya que sin la participación del Congreso federal estadunidense no dará resultados.
La historia reciente sobre ese tráfico ilegal muestra que sin la aprobación en el Capitolio de una ley para prohibir la venta de armas semiautomáticas, todo acuerdo bilateral está destinado al fracaso.
Programas fallidos
En el auge de la peor crisis de seguridad que ha vivido México debido a la violencia que generó la guerra contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón cuando estaba en Los Pinos, se instrumentó un acuerdo similar al Operativo Frozen para detener el tráfico de las armas. Fue un fiasco.
Con bombo y platillo, el 16 de enero de 2008 Calderón y su par estadunidense George W. Bush echaron a andar en la ciudad de El Paso, Texas, el famoso Proyecto Gunrunner.
El objetivo era detener la compra al mayoreo de armas en armerías sin licencia. Dicha venta es la que alimenta al mercado negro de Estados Unidos de rifles y pistolas de alto poder que terminan en manos de los cárteles mexicanos.
De la medida anunciada en El Paso por Michael Sullivan, entonces director del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), se dijo cuando fue implementada que sellaría al tráfico ilegal de armas la frontera común.
A través de Gunrunner el gobierno de Bush proporcionó tecnología de rastreo a nueve de los consulados estadunidenses en México, además del despliegue de 35 agentes especiales y 15 investigadores de la ATF para operar en ambos lados de la frontera, cuatro recaudadores y analistas del Centro de Inteligencia de El Paso, y una unidad de análisis de la DEA.
“Estamos desplegando estos recursos estratégicamente en la frontera sur para negarle las armas a las organizaciones criminales de México y para combatir la violencia relacionada con este armamento que afecta a comunidades de ambos lados de la frontera”, presumió Sullivan.
Por su parte el gobierno de Calderón –como lo hace ahora el de AMLO con Frozen– aseguró que con Gunrunner se lograría el rastreo de las armas ilícitas que entraran a México de Estados Unidos y se debilitaría a los cárteles.
Nada de eso ocurrió. Las buenas intenciones y deseos de Bush y Calderón se vieron destrozados cuando a principios de 2011 se dieron a conocer los errores de operaciones como Wide Receiver (Receptor Abierto) y Fast and Furious (Rápido y Furioso) que de 2006 a 2010 habían sido la fuente de armamento para el Cártel de Sinaloa, principalmente.
Gunrunner, creado en 2005 por el ATF y aplicado únicamente en Estados Unidos hasta antes del acuerdo con el gobierno de Calderón del 16 de enero de 2008, propició el flujo de miles de armas de todo tipo que fortalecieron al Cártel de Sinaloa y a Los Zetas, entre otros.
La iniciativa del ATF permitía que reconocidos traficantes –supuestamente reclutados para ello– compraran armas al mayoreo y las llevaran a la frontera sur para su ingreso ilegal a México. La inocente intención del gobierno de Bush era que con este tráfico ilegal “autorizado” se podría rastrear al armamento y darle la información al gobierno de México para que pudiera capturar a los proveedores de los cárteles del narcotráfico.
Un rastreo muy complicado
De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a principios de 2009 Gunrunner expuso unos 650 casos de compras y tráfico ilegal de armas, pero dentro de Estados Unidos, no en territorio mexicano. Por medio de estos 650 casos fueron detenidas unas mil 400 personas que, entre ellas, habían adquirido unas 12 mil armas.
Antes, en 2007 y 2008 por medio del programa eTrace (similar a Gunrunner pero sin presencia de personal estadunidense en México) se anunció que 961 policías federales mexicanos serían adiestrados por el ATF para el rastreo de armas en ciudades como Tijuana, Nuevo Laredo, Matamoros y la capital del país.
Sin embargo, en octubre de 2010 el Departamento de Justicia informó al Congreso federal estadunidense que solamente 20 policías federales mexicanos habían sido entrenados para utilizar la tecnología eTrace.
Con Gunrunner el gobierno de Bush desplegó el sistema de rastreo de armas computarizado en sus consulados en Monterrey, Hermosillo, Guadalajara y la Ciudad de México, con la promesa de llevarlo a otros seis consulados que eventualmente se definirían.
Fue en octubre de 2011 cuando medios de comunicación de los dos países –incluido Proceso– develaron que en lugar de ayudar, operaciones como Rápido y Furioso facilitaban el tráfico ilegal de armas estadunidenses al crimen organizado mexicano.
Documentos de la Operación Rápido y Furioso entregados al Congreso estadunidense expusieron que los agentes del ATF de la oficina en Phoenix, Arizona, ocultaron información al gobierno mexicano.
“Los agentes del ATF operando dentro de México recibieron la instrucción (de la oficina en Phoenix) de no alertar a las autoridades mexicanas sobre la operación (Rápido y Furioso)”, destacaron los expedientes que desataron el escándalo y una investigación legislativa.
Agentes del ATF que denunciaron lo que estaba provocando Rápido y Furioso no estaban de acuerdo en que se permitieran a reconocidos traficantes de armas las compras al mayoreo para permitir el ingreso ilícito de la mercancía a México. Los cárteles de la droga fueron altamente beneficiados por Rápido y Furioso. Por medio de este operativo fallido se traficaron a México por lo menos mil 856 armas de alto poder. De éstas, el gobierno estadunidense confiscó solamente 105; el de México, 195, en escenarios donde se llevaron a cabo unos 270 crímenes relacionados con el narcotráfico.
Uno de los homicidios más sonados relacionados con Rápido y Furioso fue el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, el 14 de diciembre de 2010 en el sector fronterizo de Tucson, Arizona.
Posiciones inamovibles
Sin conocer detalles del funcionamiento del Operativo Frozen, este compromiso no tendrá mucho futuro ni éxito debido a que no existe en Estados Unidos la ley que prohíba la venta de las armas que exhibió el Cártel de Sinaloa en su despliegue de sicarios para rescatar a Ovidio Guzmán.
Trump es el presidente que en las últimas tres décadas más se opone a que el Capitolio apruebe una ley para detener la venta de los rifles calibre .50, R15, AK47, M16 y demás armamento.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) es la principal organización civil estadunidense que se opone a la prohibición de la venta de armas semiautomáticas.
Pese a los 31 asesinatos masivos ocurridos en Estados Unidos desde que Trump asumió la presidencia, la NRA se ha opuesto a que se modifique la “segunda enmienda” constitucional que permite la compra, portación y uso de armas para la defensa personal.
La integridad de la segunda enmienda es el mantra de la lucha de la NRA ante los amagos del Congreso federal para enmendarla.
“Sus derechos que les otorga la segunda enmienda están bajo acecho, pero mientras yo sea presidente no permitiré que se modifique”, declaró Trump durante la reunión anual de la NRA el 4 de mayo de 2018 en Dallas, Texas.
En lo que va de la presidencia de Trump las 31 masacres llevadas a cabo en Estados Unidos les costaron la vida a 263 personas. De entre las más costosas en términos humanísticos se destacan la ocurrida el 1 de octubre de 2017 en Las Vegas, que dejó 58 muertos; la de Sutherland Spring, Texas, del 5 de noviembre de 2017, otros 26; el 14 de febrero en Parkland, Florida hubo 17; la del 31 de mayo pasado en Virginia Beach, Virginia, con 12 bajas; y la del pasado 3 de agosto en El Paso, con 22, en su mayoría mexicanos.
Si los 263 muertos que van en su mandato por tiroteos masivos no han provocado la menor intención en Trump de enviar al Capitolio un proyecto de ley para prohibir la venta de armas semiautomáticas, es imposible que lo haga por el despliegue de poder del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Fundación National Shooting Sport, de 1990 a 2013, en Estados Unidos se vendieron 16 millones de rifles semiautomáticos R-15. El valor promedio de un R-15 es de entre 447 a 632 dólares, en suma, en los últimos 19 años la venta de este tipo de armas letales ha sido de 8 mil 493 millones de dólares como mínimo, o de 12 mil 8 millones de dólares como máximo.
En 1990 cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos y las dos cámaras del Congreso federal estaban dominadas por la mayoría demócrata, se aprobó una ley que prohibió la venta de armas semiautomáticas. La ley tuvo una vigencia de 14 años. Los demócratas y republicanos la dejaron expirar en septiembre de 2004.
Nadie en Estados Unidos apuesta a que por lo de Culiacán, Trump, en plena campaña de reelección y en medio del proceso judicial para enjuiciarlo que llevan a cabo los demócratas en el Capitolio, traicione a la NRA y a su base electoral conservadora que entre muchas otras cosas favorece la venta indiscriminada de armamento.
Este reportaje se publicó el 3 de noviembre de 2019 en la edición 2244 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIIVEL.
LINK: https://www.proceso.com.mx/606161/frozen-otro-operativo-sin-futuro