En un informe publicado hoy, titulado “El ‘Muro’ previo al muro”, la organización observó que el gobierno mexicano incrementó “drásticamente” sus operaciones antimigrantes después que el gobierno estadunidense de Donald Trump amagó con imponer un arancel a la frontera, y alcanzó niveles inéditos en materia de detención y deportación.
“La presión creciente de Estados Unidos obligó la administración de López Obrador a relegar sus nobles objetivos de atender las causas de raíz de la migración. El gobierno cambió sus esfuerzos hacia detener y, en general, deportar rápidamente la mayor cantidad posible de migrantes para cumplir con metas de éxito indefinidas de Estados Unidos”, soslayó.
La organización señaló que la administración Trump ha financiado la política antimigrante de México así como el sistema de asilo mexicano –mediante el otorgamiento de recursos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)–, y le queda por determinar “si proveerá apoyo directo, y cómo lo haría, a la Guardia Nacional”.
WOLA expresó su preocupación ante el hecho de que los integrantes de la Guardia Nacional son “soldados en activo o policías militares”, que como tales no recibieron el adiestramiento suficiente en derechos humanos, y recordó que el gobierno no dio “pasos significativos” para capacitar a sus uniformados, derivado de un acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Esta militarización quedó reforzada a raíz de la llegada de Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), pues designó militares para ocupar ocho delegaciones de esta institución en el sur y norte del país, recalcó.
Recordó que, tan solo en junio pasado, el gobierno mexicano detuvo a 31 mil 416 personas migrantes –una cifra inédita desde que existe un registro público–, lo que llevó los centros de detención migratoria a operar “mucho más allá de sus capacidades”, con tasas de sobrepoblación de entre 61% y 300%, en espacios que carecen de condiciones sanitarias, a servicios de salud, o incluso a alimentos.
Ante esta situación, “el gobierno mexicano sigue restringiendo el monitoreo independiente de estos centros de detención”, deploró WOLA.
También subrayó que, bajo los Protocolos de Protección a Migrantes –mejor conocido como el plan “Quédate en México”–, las autoridades estadunidenses devolvieron más de 55 mil solicitantes de asilo extranjeros en los estados fronterizos de México, entre ellos en Nuevo Laredo y Matamoros, donde “son a menudo secuestrados y robados”.
Ante esta situación, el gobierno mexicano ofrece “discretamente” a los solicitantes de asilo devueltos un viaje en autobús hacia la zona sur del país, sin informarles sobre las opciones para regresar a la frontera norte para asistir a sus audiencias ante un juez de migración estadunidense.
La organización señaló que, a consecuencia de sus esfuerzos por impedir el paso por el país, el gobierno mexicano provocó un disparo en el número de solicitudes de asilo en México –fueron 66 mil 915 entre enero y noviembre, contra 29 mil 631 en todo 2018 y apenas mil 296 en 2013–, lo que colapsó la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR).
En Tapachula, por ejemplo, “la oficina recibe entre 120 y 150 solicitudes al día, y cada uno de sus 21 empleados maneja alrededor de mil 300 casos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: https://www.proceso.com.mx/611294/amlo-sigue-los-pasos-de-pena-al-reprimir-a-migrantes-advierte-la-wola