Según lo proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación –responsable de las normales en todo el país– le tocarán 271 millones 390 mil 728 pesos, un presupuesto 40 por ciento inferior al de 2019, que fue de 447 millones 539 mil 234 pesos.
En mayo de 2018 López Obrador se reunió en Guelatao, Oaxaca, con integrantes del magisterio de distintas entidades del país. Frente a una plaza cívica atiborrada de gente, el candidato deMovimiento Regeneración Nacional (Morena) enlistó una serie de compromisos destinados a mejorar la educación pública. Además de anunciar la revocación de la Reforma Educativa, López Obrador definió como prioritario el fortalecimiento de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) para robustecer los métodos de enseñanza y la calidad de la educación.
Sin embargo, al menos en términos de recursos públicos, no ha sido así: la última reducción presupuestal amenaza a las 263 normales públicas del país que ya de por sí lidian con el legado de décadas de austeridad.
Infraestructuras endebles, graves bajas en las matrículas, becas alimenticias raquíticas, son algunos de los problemas con que se enfrentan las normales y que el reducido presupuesto de 2020 difícilmente podrá subsanar.
Además, está el tema de las plazas para los normalistas recién egresados.
MAESTROS RURALES SIN ATENCIÓN
“Nosotros esperábamos que con la nueva Reforma Educativa se pudiera recuperar la plaza automática, pero en los hechos se aprueba una ley parecida a la Ley General del Servicio Profesional Docente”, señala Jorge Cázares, profesor de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, en entrevista con El Sur.
“Tenemos otra vez una ley secundaria que establece una serie de requisitos para que los muchachos puedan ingresar al servicio docente –lamenta–, a pesar de haber cursado la carrera y presentado un examen recepcional en su escuela normal”.
Para Juan Manuel Rendón Esparza, ex director de la Escuela Nacional de Maestros (ENM), los postulados de la actual política educativa presentan incongruencias: si bien se establece el reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes de transformación social, se soslaya la importancia de los maestros rurales y permanece un cierto desdén hacia ellos.La situación, explica a El Sur, “tiene que ver con la preservación de un modelo que surgió con la intención de apoyar a las comunidades más pobres del país. Los procedimientos de selección buscaban que los estudiantes fueran de la comunidad o de comunidades cercanas. El examen de admisión tenía un valor relativo, importaba más la entrevista, saber que los estudiantes eran de origen humilde”.
“Se está generando una suerte de política de esterilización: con la intención de modernizarlas se inserta a las normales rurales en un modelo en que el internado y otras características que las vinculan con la comunidad desaparecen”, advierte.
EL “JUEGO PERVERSO” DE LOS GOBERNADORES
Rendón Esparza resalta que “de un tiempo para acá, las normales rurales han representado tanto un problema como un factor de negociación para muchos gobiernos estatales. De tal manera que los mismos gobernadores suelen establecer un juego perverso, les escamotean los recursos económicos para que se movilicen. Frente a las presiones, los gobiernos negocian y así sacan beneficio político”.
La que luce como una dinámica conflictiva consolidada se mantuvo a lo largo de este otoño. Entre octubre y noviembre alumnos de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas de Tenería, Estado de México, retuvieron decenas de camiones y choferes, además de bloquear varias casetas de autopistas.
Las protestas se generaron por el incumplimiento de una minuta firmada en septiembre por la administración del Gobernador Alfredo del Mazo en donde se establecía la liberación de 84 plazas para egresados de la generación 2015-2019, el respeto de la organización estudiantil y del sistema de internado, así como el repudio al examen de admisión del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
En Chiapas, los alumnos de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá realizaron numerosos actos de protesta durante tres meses a pesar de haber sido reprimidos en repetidas ocasiones por las fuerzas del orden. El pago a los maestros interinos, el aumento de la matrícula escolar y la reapertura del internado –cerrado en 2003– figuran entre sus principales demandas.
La comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal de El Mexe, Hidalgo, también exige que su sistema de internado vuelva a funcionar. Tras una década de permanecer cerrada, el plantel volvió a abrir en diciembre del año pasado pero sin su internado, contrario a lo que había prometido el Presidente López Obrador ese mismo mes.
LAS NORMALES SE URBANIZAN
De acuerdo con Juan Manuel Rendón, en las normales rurales el internado reviste un papel esencial, ya que la dinámica formativa de los maestros rurales gira en torno a la convivencia y a la organización interna de las finanzas, la alimentación y las actividades productivas.
“Sin los internados, los estudiantes ya no están en los planteles y esto repercute en las actividades productivas, como las agropecuarias. Así se empieza a urbanizar el proceso formativo”, apunta el ex director de la ENM.“Si quitas el internado también eliminas que, de manera comunitaria, se sienten para comer, debatir, hasta pelear. Se le apuesta a ese nuevo modelo de restaurantes o cafeterías en los que cada quien está por su lado, y esto implica desarraigar a la gente de sus comunidades y meterlas en un esquema neoliberal donde sólo importa sacar calificaciones.
“Las becas pueden subsanar las necesidades económicas y de traslado, pero no pueden sustituir algo que es fundamental como dispositivo pedagógico”, resalta.
NO TODO ES DINERO
Aunque es urgente, los problemas de las normales rurales no se restringen a la evidente necesidad de un mayor presupuesto. En el artículo “Normales rurales. Historia mínima del olvido”, publicado en la revista Nexos en marzo de 2015, la investigadora Alicia Civera Cercedo se refiere al bono adicional de 400 millones de pesos dispuesto por Enrique Peña Nieto y aprobado por la Cámara de Diputados a fines de octubre de 2014.
El entonces Presidente se vio obligado a tomar esa medida tras el ataque en Iguala a los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Las solicitudes de ingreso en este año escolar bajaron drásticamente ante el escenario planteado por la Reforma Educativa, y el miedo a la represión ha ocasionado la deserción de un porcentaje alto de estudiantes normalistas rurales en todo el país”, escribe Civera.
La consistente represión administrativa, física y psicológica contra esta población estudiantil paulatinamente ha ido mermando el movimiento normalista, además de incidir en la deserción escolar, comenta Jorge Cázares. Y a estas dinámicas represivas se añaden dificultades que pasan más desapercibidas.
“Hay que contemplar los escenarios actuales de las comunidades rurales para ver qué papel juegan los normalistas. Existen elementos nuevos, como la inseguridad, que desalientan su permanencia en las comunidades más alejadas –menciona el docente de Tiripetío–. Debería haber un apoyo fuerte para no dejarlos aislados, un acompañamiento interinstitucional que se dedique a desarrollar proyectos en las comunidades”.
“UNA INVERSIÓN HACIA EL FUTURO”
La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó el pasado 13 de noviembre al Congreso de la Unión la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales. En el documento se subraya que para lograr el mejoramiento de las normales es preciso “abandonar la idea de que es un rubro más del gasto público, y comenzar a verlo como lo que es en realidad: una inversión hacia el futuro de México”.
Entre las líneas a seguir, se anota que será garantizada la admisión al servicio docente de los alumnos egresados de las normales; asimismo, se incrementarán los salarios y prestaciones del personal administrativo y de apoyo. Además, se prevé que las normales cuenten con “autonomía de gestión curricular y pedagógica, administrativa y financiera”, siempre y cuando dependan por completo de la SEP.
La autonomía financiera, según lo que plantea la Estrategia, les permitiría disponer de recursos económicos federales, estatales y autogenerados, sin relevar al Estado de la obligación de asegurar la suficiencia presupuestaria con transparencia y rendición de cuentas.
Dado el recorte presupuestal proyectado en el PEF 2020, el aspecto financiero genera interrogantes más que certezas
“Si no hay presupuesto para las normales, no va a haber transformación política, educativa y cultural en este país”, dice a El Sur Víctor Joel Echeverría Valenzuela, Docente de la Escuela Normal Regional de la Montaña de Guerrero.
“Pero tiene que haber una lógica de rendición de cuentas: cada peso que se invierte en las normales tiene que verse reflejado en el mejoramiento y la excelencia de la formación de los futuros maestros”.
El guerrerense fue uno de los 255 delegados del Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas del País, que no se realizaba desde 1969. Este año fue reunido nuevamente a instancias de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación con el propósito de “generar un consenso nacional que involucre a todos los actores de la comunidad normalista para configurar un Proyecto Nacional de Escuelas Normales vinculado a la transformación del país”, según la convocatoria difundida el 20 de marzo pasado.
“Hay que tomar en consideración la regulación laboral también hay muchos maestros que trabajan en condiciones precarias. Así no se puede conseguir una educación de excelencia como lo establece ahora el artículo tercero de la Constitución”, concluye Echeverría Valenzuela.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/CATERINA MORBIATO.
LINK: https://www.sinembargo.mx/30-12-2019/3703222