Las denuncias presentadas son en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables de estas anomalías en el ejercicio de recursos que corresponden al presupuesto de 2017, pero que habrían continuado por lo menos hasta el año pasado, es decir, en la gestión de José Calzada Rovirosa.
La ASF registró y documentó los malos manejos gracias a tres auditorías de las denominadas forenses. Se trata de auditorias mucho más minuciosas que las convencionales y que se practican luego de que la institución detecta malos manejos reiterados año con año en un determinado fondo o dependencia.
“Con motivo de la fiscalización superior practicada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en los últimos ocho años, se han observado conductas irregulares en la aplicación de los recursos destinados a los diferentes programas, por lo que es necesario profundizar en las revisiones” indicaron los auditores.
Las anomalías descubiertas en las auditorías forenses van desde recursos no ejercidos y tampoco devueltos, hasta simulaciones de estados de cuenta bancarios, obras inconclusas o de plano inexistentes, pagos a empresas irregulares o presuntamente fantasma, entre otros.
En las denuncias penales presentadas, la Auditoría Superior entregó dictámenes técnicos en los que se detalla la cadena de servidores públicos a los que correspondía la dispersión o supervisión de los recursos de estos fondos y que, por ende, podrían tener algún tipo de responsabilidad.
Cabe señalar que a partir de este año las denuncias penales presentadas por la ASF ante el Ministerio Público federal son turnadas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la integración de las carpetas de investigación que correspondan y reunir los elementos que, de ser el caso, permitan formular las imputaciones ante un juez federal.
El mecanismo del fraude
Las anomalías detectadas se concentran en tres fondos. Dos de ellos corresponden al denominado Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Componente Activos Productivos y Agrologística, mientras que el tercero corresponde al Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.
Con sus matices, la finalidad de estos subsidios en general es la misma: apoyar a personas o empresas que desarrollan actividades agrícolas para que puedan fortalecer su infraestructura (con equipos, maquinaria, instalaciones, etc) y con ello impulsar el desarrollo de un sector históricamente desfavorecido en el país.
En la práctica el dinero se entrega luego de un procedimiento que inicia cuando una persona física o moral presenta a SAGARPA su solicitud para acceder a los apoyos. Luego, tras una serie de trámites entre los que se encuentra probar que quien solicita el apoyo tiene la solvencia para realizar el proyecto, se entrega el dinero.
Ya con dicho recurso la empresa debe llevar a cabo en un tiempo establecido la adquisición de los bienes o la construcción de las obras para las cuales solicitó el dinero, y finalmente comprobar que así se hizo y el impacto positivo que se haya generado.
Lo que las auditorías arrojan es que, por negligencia, incompetencia o complicidad, la SAGARPA carece de los controles necesarios para supervisar que todo lo anterior ocurra, lo que abre la puerta a múltiples anomalías y abusos que terminan por representar un fraude y daño patrimonial al erario.
Las revisiones de los auditores detectaron fallas en todas las cadenas del procedimiento; desde empresas que reciben el dinero sin contar con la solvencia para los proyectos que supuestamente quieren impulsar gracias a documentos bancarios apócrifos u operaciones simuladas, hasta subejercicios de recursos que tampoco son devueltos.
De igual forma se descubrió que algunos beneficiarios de los programas intentaron comprobar el ejercicio del dinero con pagos a otras personas o compañías por servicios no se realizaron o se simularon. Algunas de esas empresas subcontratadas no fueron localizadas o carecen de la capacidad de realizar los servicios, por lo que se presume que son fantasma.
Esto explica que, por ejemplo, de 48 proyectos revisados en la auditoría 2017-0311, solo 18 estaban realmente terminados en el plazo establecido para ello. Los otros 30 están inconclusos, algunos con avances hasta de cero por ciento
“Lo anterior, en general ha traído como consecuencia que los proyectos en su mayoría no se encuentren en operación, sin cumplir la esencia para la que se destinaron los recursos (…) la reincidencia en las irregularidades antes descritas genera un rezago económico y
tecnológico en uno de los sectores actualmente más desfavorecidos en el país, que es el campo”, indicaron los auditores.
Ejemplos del caos
En el informe de resultados de la auditoría 2017-0311 se detectó, entre otras cosas, que 13 beneficiarios que recibieron recursos de SAGARPA por un importe de 38 millones 115 mil pesos “utilizaron un presunto esquema de simulación de operaciones bancarias a efecto de demostrar que contaban con la solvencia económica suficiente para cubrir con su contraparte, acreditar su aportación y/o comprobar la correcta aplicación del recurso”.
Esto se probó luego de que los auditores solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos sobre las cuentas de las empresas investigadas, lo que permitió detectar desde transferencias realizadas exprofeso a una cuenta nueva para solventar el requisito del trámite de solvencia, que luego fue retirado, hasta estados de cuenta bancarios literalmente falsos o fabricados.
Todo ello sin que los funcionarios públicos de SAGARPA lo advirtieran y por ende evitaran pese a ser una práctica reiterada.
En esa misma auditoría se detectó otro posible fraude al erario en el orden de los 102 millones 957 mil pesos por apoyos a 26 beneficiarios que no comprobaron sólidamente que hayan aplicado los recursos que se les entregaron o que hayan transferido el dinero a terceros que sí lo hayan hecho.
Por otro lado, en el informe de resultados de la auditoría 2017-0310 se detectó un posible fraude del orden de los 74 millones 308 mil pesos por distintas irregularidades relacionadas con apoyos entregados a ocho beneficiarios que también incurrieron en posibles simulaciones bancarias y entregaron documentación “inconsistente”.
Este caso es particularmente alarmante pues se detectó el uso de empresas presuntamente fachada o fantasma.
Por ejemplo, los auditores detectaron 12 empresas subcontratas por los beneficiarios del programa que emitieron facturas digitales por servicios que en realidad no se realizaron. Dichas empresas tampoco presentaron su declaración anual de impuestos en 2017.
Se identificaron otras dos compañías con razón social RENTAMID, S. de R.L. de C.V. y Constructora NKB, S. de R.L. de C.V., que no fueron localizadas en sus domicilios fiscales por los auditores, y que emitieron facturas por la supuesta venta de equipos que en realidad ya habían sido adquiridos por los beneficiarios antes de que se les diera el subsidio. Es decir, se presume que son compañías fantasma usadas ex profeso para justificar el supuesto ejercicio correcto del fondo.
A ello se suma la empresa Valles Centrales, S.A. de C.V., que emitió facturas por servicios de los que no hay ninguna evidencia de que ocurrieran y que no fue encontrada en su domicilio fiscal, al igual que las compañías Cimientos Moriah, S.A de C.V. y Comercializadora Daguira, S. de R.L. de C.V., que también habrían simulado los servicios reportados.
Cabe señalar que la ASF, además de presentar las denuncias correspondientes, notificó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que lleve a cabo las investigaciones fiscales necesarias a las compañías cuestionadas ya que podrían haber incurrido en posibles delitos fiscales que actualmente ya son considerados graves.
Finalmente, en la auditoría forense 2017_1594 se detectaron al menos 12 anomalías graves cada una de las cuales representa un potencial desvío de recursos. Los mecanismos sin similares a los ya descritos anteriormente.
En esta auditoría destaca además que se realizaron visitas domiciliarias a 28 beneficiarios en cinco estados, y se descubrió que 26 de ellos incumplieron con las reglas establecidas en los convenios con SAGARPA y sus proyectos no están concluidos ni cumplen con los objetivos que se habían prometido.
Impunidad, la regla en los fraudes al campo
De acuerdo con los informes de los auditores, durante los últimos ocho años se han detectado de forma reiterada múltiples anomalías a los fondos, subsidios y apoyos que la SAGARPA (hoy SADER) destina para actividades agrícolas, sin que haya habido correcciones ni consecuencias.
En sus informes los auditores destacan que, si bien en varios casos los funcionarios señalan que no tienen facultades para comprobar anomalías en estados de cuenta bancarios, lo cierto es que tampoco han empleado medidas o modificaciones para prevenirlo y simplemente se permite que siga ocurriendo.
Lo cierto es que la SAGARPA es la secretaría del gobierno federal que concentra la mayor cantidad de denuncias penales de los auditores. De las 1 mil 3 denuncias que acumula la ASF ante el Ministerio Público, 219 corresponden específicamente a esta dependencia, en promedio 1 de cada 5 casos. Hasta ahora, las denuncias no han derivado en una condena o sentencia para algún funcionario implicado.
Además, la SAGARPA es una de las 11 dependencias del gobierno federal implicadas en el esquema fraudulento denominado La Estafa Maestra, por el cual también se han presentado diversas denuncias.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/12/auditoria-denuncias-desvios-recursos-campo/