“Estamos en un proceso de demanda pidiéndole al Senado que nos ratifique como gente de base por el tiempo que llevamos laborando en la institución [de 5 a 15 años]. No es una locura, es algo legalmente establecido. Mi intención es regresar a mi empleo porque de ahí depende mi hijo”, dijo una de ellas, contratada como servicio técnico. Su juicio cumplirá dos años en febrero.
Laboraba en el recinto legislativo desde 2003 en el área de impresiones y en 2013 solicitó su cambio al área de servicios administrativos, donde sufrió acoso laboral constante por parte de Ana María Madrid Miller, entonces titular del Departamento de Servicios en la Dirección de Servicios Administrativos de la Dirección General de Servicios Materiales, lo cual derivó en dos infartos cerebrales, parálisis facial del lado derecho y depresión.
El menor de 12 años tiene Síndrome de Asperger (autismo) y podía medicarlo a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
“Ahorita ya no puedo. Necesita tres cajas al mes y cada una está entre mil y mil 200 pesos”, afirmó. Ella, sin la prestación del seguro social, tampoco puede atenderse la parálisis ni la depresión. “He ido empeorando porque o cubres un gasto o cubres el otro y la prioridad para nosotros como mamá son los hijos”, aseguró.
En febrero del 2017, presentó la queja de acoso laboral ante la Contraloría Interior del Senado dirigida entonces por Sergio Vázquez García. El Subcontralor de Responsabilidades, Quejas y Denuncias, Daniel Palafox Palafox, le respondió que era “imposible” acreditar sus señalamientos y por ser de carácter médico carecía de competencia para pronunciarse.
Madrid Miller, reza la queja ante Contraloría, era “grosera, insolente, prepotente, altanera, violenta e intimidatoria al dirigirse hacia mí sin que existieran motivos”, y le pedía realizar actividades que no le correspondían en su hora de comida o fuera de la jornada laboral.
En entrevista, la trabajadora agregó que le tiraba los papeles, la humillaba por cómo se vestía, se burlaba porque “apenas” estaba estudiando el bachillerato, hacía comentarios sobre el autismo de su hijo e influyó en que sus compañeros le dejaran de hablar.
“Siguió con más hostilidad, incluso las agresiones que al principio solo fueron verbales se tornaron físicas, haciéndose frecuentes los empujones y codazos al pasar a mi lado”, dice la queja.
En una ocasión, la trabajadora iba caminando con bastón, por las secuelas del acoso, Madrid le dio un codazo y la tiró en un pasillo. “Se fue burlándose”, evocó.
“Yo hablé con la líder Bertha Orozco Márquez y le comenté lo que estaba pasando porque yo tenía miedo de que me fueran a despedir. Pero me dijo que definitivamente no podían hacer nada porque no soy de base”, afirmó. “No hay un respaldo por parte del sindicato aunque te cobran la cuota sindical”.
En su caso, le descontaban entre 60 y 80 pesos mensuales de dos de los cuatro sindicatos existentes en el Senado. Primero estaba afiliada al dirigido por Saúl Pérez Peñaloza y luego se pasó al de Orozco Márquez.
Un año después de presentar la queja por acoso laboral de Ana María Madrid, el 28 de mayo de 2018, personal de la Dirección de Recursos Humanos le gritó desde el pasillo que quería entregarle un documento. Se negó a firmarlo. Decía que estaba despedida “por falta de presupuesto”, pero su plaza fue sustituida por lo que consideró un argumento falso. Su relación laboral terminó el 30 de mayo.
“Mi situación económica ha sido complicada estos dos últimos años. Debo casi 100 mil pesos de mi casa que estaba pagando a través de FOVISSSTE y un crédito de nómina que tenía con el banco que nos pagaba, más otras cosas que con el paso de los días por enfermedad se han ido juntando”, compartió. Para atender a su hijo y seguir con la demanda no ha buscado trabajo.
“FUE UN DESGASTE EMOCIONAL”
Otra de las trabajadoras que demandó al Senado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) laboraba desde 2012 en el área de síntesis de Comunicación Social de tres a diez de la mañana (o más). Por no ser de base no recibía compensación por ese horario.
En julio de 2018, antes del inicio de la actual Legislatura y cambio de Gobierno federal, le fue negado el acceso al recinto. Antes había solicitado basificación por el acoso laboral de su jefe.
“No me dejaron pasar. Nunca me dijeron por qué ni me dieron acceso para sacar mis cosas. Todo se quedó adentro y yo me quedé con mi credencial. Se supone que cuando te despiden te piden eso”, expuso. No recibió liquidación y, con su madre como dependiente económica, trabaja como freelance para poder acudir a las audiencias.Primero puso una queja ante la Contraloría Interna del Senado, pero no le dieron seguimiento. Entonces demandó ante el Tribunal.
“Ha sido un poco lento. La metí en junio del año pasado, y el Senado responde que mi contrato se terminó”, aseguró. “Fue un desgaste emocional. Ha sido difícil”.
“Cuando te afilian te prometen que te van a apoyar, pero al final no lo hace”, dijo. “Ellos dicen que los de honorarios –a quienes nos descuentan 60 pesos mensuales de cuota– no tenemos derecho a vales, ni a aguinaldo”.
“Está muy marcado los que son sindicalizados de base y los que trabajamos independiente del Senado. En mi área de comunicación social era muy notorio los que nada más iban a checar y ya no se presentaban en todo el día. Estaban muy protegidos por Bertha”.
SinEmbargo publicó con anterioridad que la Dirección General de Recursos Humanos del Senado de la República “ha intimidado” a los trabajadores interesados en afiliarse al Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado de la República Mexicana, una alternativa al mayoritario, el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, dirigido por Bertha Orozco Márquez desde hace 10 años, “sin rendición de cuentas” y adscrito a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) presidida desde hace 20 años por el priista Joel Ayala Almeida, el líder sindical de la burocracia.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: https://www.sinembargo.mx/24-12-2019/3698396