En octubre pasado, incluso, el mismo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, señaló que era necesario declarar una “emergencia ambiental” en el país. Sus palabras, hasta ahora, no han encontrado eco suficiente para que el gobierno federal considere el tema como prioritario. Y la mejor muestra de ello es la disminución en el presupuesto para ambiente, mientras se sigue impulsando la energía basada en combustibles fósiles.
El 2019 deja para México un balance negativo en términos de medio ambiente, en donde los pequeños logros palidecen ante las deudas y el aumento en la vulnerabilidad de ecosistemas prioritarios, como las selvas, los bosques y el arrecife mesoamericano. Además, el país continúa siendo uno de los más peligrosos para los defensores de ambiente y territorio.
Lo preocupante: presupuesto mínimo para ambiente
El presupuesto destinado al sector ambiental ha disminuido en forma paulatina durante los últimos años. Así fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y la situación no cambió durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En 2019 se destinaron poco más de 31 mil millones de pesos (alrededor de mil 600 millones de dólares) para todo el sector ambiental, es decir cerca de seis mil millones (311 millones de dólares) menos respecto a 2018.
“La disminución presupuestal es un reflejo de la falta de entendimiento de que el tema ambiental es una urgencia nacional”, dice Óscar Moctezuma, director y fundador de Naturalia, organización no gubernamental dedicada a la conservación de especies y ecosistemas mexicanos.
Para 2020 la situación será aún más crítica, ya que solo se aprobaron 29 mil millones (mil 500 millones de dólares). Este presupuesto equivale casi a la misma cantidad que el gobierno federal destinó a uno de sus programas consentidos: Sembrando vida, el cual está a cargo de la Secretaría de Bienestar, y consiste en otorgar un apoyo económico mensual a quienes realicen plantaciones de árboles frutales y maderables. Este programa solo considera la atención de un millón de hectáreas frente a las cien millones que están a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), una de las dependencias que más recortes ha sufrido: si en 2018 tenía poco más de mil millones de pesos de presupuesto (51 millones de dólares), en 2019 se le destinaron 843 millones (43 millones de dólares).
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), también sufrieron una disminución importante de su presupuesto.
El país perdió capacidad para proteger, cuidar y atender zonas prioritarias, coinciden en señalar científicos como el doctor José Sarukhán Kermez, quien está al frente de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Y como ejemplo recordó que a mediados de 2019 no se logró atender en forma adecuada los incendios en áreas protegidas, entre ellas la Reserva de Sian Ka’an, en Quintana Roo.
El sector ambiental también enfrentó la inesperada renuncia de la titular de la Semarnat, seis meses después de haber tomado el cargo. Josefa González Blanco dejó la dependencia después de que se conoció que pidió que se retrasara la salida de un vuelo para que ella alcanzara a abordar el avión. En mayo de 2019 asumió el cargo el doctor Víctor Toledo, biólogo e investigador del Instituto de Ecología.
El cambio en la titularidad de la Semarnat y la disminución de presupuesto provocó despidos y reacomodos en la secretaría. Eso ocasionó un rezago en las acciones de gobierno, entre ellas el otorgamiento de permisos, las resoluciones de manifestaciones de impacto ambiental y en el seguimiento de diversos programas, entre ellas las iniciativas para la reducción de emisiones contaminantes o la presentación del tercer Programa Especial sobre Cambio Climático.
Adrián Fernández Bremauntz, doctor en ciencias y director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, resalta que mientras se disminuyó el presupuesto ambiental se incrementaron los recursos para el impulso de las energías fósiles, como la construcción de la refinería de Dos bocas –que comenzó en junio de 2019— y la modernización de las centrales eléctricas que funcionan con carbón, diesel, gas y petróleo. Además, aunque se declara que el actual gobierno no apoyará el fracking, en los hechos esta práctica aún se considera en los planes de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al apostar a las energías fósiles y olvidar el impulso de las energías limpias, México no cumplirá con sus compromisos internacionales, como parte del Acuerdo de París, entre ellos disminuir sus emisiones contaminantes y llegar a una deforestación cero para el año 2030, advierte Fernández Bremauntz.
La deuda: sigue el riesgo para defensores ambientales
Si en 2018 se registraron 21 asesinatos de personas defensoras de medio ambiente y territorio en México, para 2019 la situación no cambió. Organizaciones como Amnistía Internacional han registrado 24 defensores de derechos humanos asesinados en el país durante 2019; una buena parte de ellos estaban enfocados a la defensa de ambiente y territorio.
México “siguen siendo uno de los países de la región más violentos para las personas defensoras de ambiente y territorio”, dice Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, quien también destaca que en el país existe un grave problema de impunidad respecto a estos crímenes.
Entre los defensores de ambiente y territorio que este año fueron asesinados se encuentran Samir Flores, miembro del Frente en Defensa de la Tierra y del Agua y fundador de la radio comunitaria Amiltzinko en Morelos. Flores era uno de los más visibles opositores a la termoeléctrica y gasoducto que forman parte del Proyecto Integral Morelos, cuya construcción comenzó en 2012 y ha sido motivo de una fuerte oposición de diversas comunidades.
Flores, al igual que otros opositores al proyecto, ya había recibido varias amenazas. Su asesinato ocurrió tres días antes de una consulta que realizó el gobierno federal sobre la termoeléctrica.
Entre los defensores ambientales asesinados este año también está José Luis Álvarez Flores, quien había denunciado la extracción ilegal de arena en uno de los cauces del río Usumacinta, en Tabasco.
Además de los asesinatos, en el país siguen presentes otros tipos de violencia contra los defensores de ambiente y territorio. En su informe de 2019, la organización internacional Global Witness señaló que México está entre los diez países con mayor criminalización hacia los defensores.
Las intimidaciones y amenazas en contra de los defensores también continúan. Uno de estos casos es el que denunciaron a finales de octubre integrantes del Consejo Tiyat Tlali, organización que reúne a miembros de diferentes comunidades que se oponen al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, el cual busca establecer una planta de generación de energía para el uso de empresas privadas.
Los miembros del Consejo Tiyat Tlali denunciaron que ellos y las abogadas que acompañan su lucha legal contra el proyecto han sido objeto de campañas de descalificación, hostigamiento y han sido acusados de delitos como lesiones contra funcionarios municipales.
Tania Reneaum Panszi, de Amnistía Internacional México, destaca que la criminalización es “una forma sofisticada de debilitar a los movimientos de defensa de ambiente y territorio”.
Lo malo: reglamento forestal olvidado
El 2019 representó un año de espera para las comunidades forestales. A mediados de 2018 se aprobó la Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible, la cual se miró como un paso adelante para impulsar el manejo forestal comunitario. “Esa ley fue uno de los mayores logros ambientales, porque obliga a que no existan subsidios agrícolas en áreas prioritarias”, dice Sarukhán Kermez. Sin embargo, un año y medio después sigue sin publicarse su reglamento. Su ausencia ha provocado que la ley no se pueda implementar en forma adecuada.
Las consecuencias las están sufriendo el sector forestal y, en especial, las comunidades dedicadas a la silvicultura, asegura Lucía Madrid, maestra en política ambiental por la Universidad de Cambridge. “Se tiene una ley vigente y un reglamento anterior que se contradicen, porque hay atribuciones que antes tenía la Semarnat y ahora las tiene la Conafor. Eso ha provocado que no exista claridad sobre qué instancia tiene la responsabilidad para determinados actos de autoridad”. Y como ejemplo menciona el retraso en la entrega de las guías forestales —documentos con los que se comprueba que la madera es legal— y de los permisos para el funcionamiento de aserraderos.
Además de la falta de reglamento, Lucía Madrid señala que los recortes en el presupuesto del sector ambiental, así como el despido de personal en las diferentes dependencias, ha provocado que se trabaje con lo mínimo, sobre todo en las delegaciones estatales, y que exista un rezago importante en la resolución de trámites. Eso abrió aún más la puerta a la corrupción que ya existía: “las guías forestales —cuya entrega debe ser gratuita— se están vendiendo”, asegura Madrid, quien tiene 15 años trabajando con comunidades forestales.
Madrid resalta que la falta de presupuesto en el sector ambiental comenzará a reflejarse en el aumento de la deforestación en el país, porque “hay una incapacidad de hacer cumplir la ley, porque no hay suficientes inspectores”.
En ello coinciden otros especialistas, entre ellos Fernández Bremauntz: “hay desmantelamiento de las acciones de inspección. Estamos perdiendo la batalla de la deforestación”
Para ejemplificar lo que sucede en el país en este tema, Lucía Madrid menciona algunas cifras: la Semarnat autoriza que entre nueve y once mil hectáreas cambien su uso de suelo al año. Sin embargo, diferentes estudios muestran que en el mismo periodo alrededor de 250 mil hectáreas presentan cambios en sus usos de suelo originales. Así que poco más del 90 % de esas modificaciones se hacen violando las leyes.
Esa cifra, advierte, podría incrementarse ante la falta de vigilancia y debilidad institucional que vive el sector forestal.
Lo grave: deforestación que avanza
En el municipio de Hopelchen, en el estado de Campeche, es posible encontrar aún una de las selvas tropicales más grandes de América y, por lo tanto, uno de los lugares con mayor diversidad.
En esa zona ha desarrollado gran parte de su investigación Erick Vides Borrell, especialista en abejas nativas e investigador en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur). En los últimos años ha comprobado el avance la deforestación en la región, “tanto en Áreas Naturales Protegidas como en zonas que no lo son, pero que tienen un importante cubierta forestal”.
Al igual que otros investigadores, Vides Borrell califica como negativo el balance del 2019 para México en términos ambientales. No sólo menciona la falta de presupuesto, también la permanente “incapacidad de las instituciones para hacer valer la ley”. Por ejemplo, dice, solo hay dos agentes de la Profepa para vigilar los 7 460 kilómetros cuadrados del municipio de Hopelchen, zona en donde la deforestación de la selva es provocada por el crecimiento de la agricultura industrial, en especial el cultivo de soya.
El avance de la siembra de la palma africana, de las granjas porcícolas y el descontrolado desarrollo turístico, en especial en áreas como Bacalar, son otras actividades que van en aumento en la Península de Yucatán y que ya comienzan a registrar daños en los ecosistemas.
Es justo en la Península de Yucatán en donde el gobierno federal impulsa la construcción del Tren Maya, proyecto que busca conectar las principales ciudades y circuitos turísticos de la región.
“La Península de Yucatán es un territorio muy frágil. Con el tren tendrá una presión más: el desarrollo de infraestructura… Con este gobierno se tiene un discurso ambientalista, pero sus acciones no son congruentes, ya que se sigue apostando por un modelo de extractivismo”, resalta Vides Borrell.
Por otra parte, en 2019 se revivieron conflictos sociales y de territorio entre los grupos indígenas que habitan la Selva Lacandona.
“En México solo queda cinco por ciento de la selva alta perennifolia o bosque tropical lluvioso que originalmente tenía el país. Hoy solo quedan dos sitios con una importante representatividad de este ecosistema: la Selva Lacandona, en Chiapas, y la Selva de los Chimalapas, en Oaxaca”, explica Óscar Moctezuma, director de Naturalia, organización dedicada a la conservación de especies.
El conflicto social que se vive en el territorio de la Selva Lacandona recordó que la deforestación, el avance de la frontera agrícola y ganadera, así como la falta de interés gubernamental para solucionar el asunto han provocado una fuerte presión sobre este ecosistema, hábitat de el águila arpía, le jaguar, la guacamaya roja y el armadillo centroamericano, especies el peligro de extinción.
En la zona norte y centro del país, también se registra un avance de la deforestación provocada por la expansión de cultivos como el aguacate, así como por grupos ligados al narcotráfico.
Organizaciones que trabajan en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, entre ellas Consultoría Técnica Comunitaria (Contec, A.C.) siguen registrando tala ilegal en la región, además del desplazamiento forzado de comunidades, ocasionado por la presencia y control de los grupos del narcotráfico.
El investigador Salvador Anta, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), explica que en Chihuahua los grupos del narcotráfico ya están, incluso, realizando actividades de aprovechamiento forestal. «En esos estados se comienzan a registrar nuevos fenómenos. Antes la presencia de estos grupos era una limitante para que las comunidades pudieran realizar un aprovechamiento forestal sustentable. Ahora, en algunos sitios son estos grupos los que toman el control total del aprovechamiento forestal. Son los que derriban y extraen todo». En Jalisco, apunta el investigador, también se empieza a registrar este fenómeno.
Por otra parte, en estados como Michoacán o Jalisco ya se observan las consecuencias ambientales de la deforestación provocada por la expansión del aguacate. Mauricio Mondragón y Valeria López Portillo, del World Resources Institute en México (WRI), señalan en un artículo de próxima publicación que en Michoacán, utilizando la plataforma Global Forest Watch, se han identificado casos de cambio de uso de suelo para la siembra de aguacate, incluyendo zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas.
“La deforestación asociada al cultivo de aguacate —señalan en su artículo— aumenta el nivel de riesgo relacionado con la erosión y desbordamiento de ríos”. Y un ejemplo de ello se observó este año cuando se desbordó el río Salsipuedes, en el municipio de San Gabriel, en Jalisco.
Lo inquietante: pérdida de biodiversidad
México —recuerda Óscar Moctezuma, director y fundador de Naturalia— es una de las cuatro naciones con mayor biodiversidad, pero también el país con mayor cantidad de especies en peligro de extinción (665) y una de las cinco con las que más rapidez está perdiendo. Entre las principales causas están el deterioro los hábitat, la pesca y la cacería ilegal. “Esto se liga —dice Moctezuma— con políticas ambientales y el debilitamiento de la capacidad gubernamental para la aplicación de leyes y de vigilancia para evitar cambios en uso de suelo y deforestación”.
El director de Naturalia explica que durante 2019, el gobierno federal dejó de trabajar con las organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas de conservación de especies. El resultado, dice, es que “se tienen agendas independientes y no se tiene una capacidad suficiente para atender el asunto”.
Además del proceso de extinción que viven la vaquita marina, otros peces y anfibios, crecen las amenazas para animales como el jaguar, cuyo hábitat será trastocado con la construcción del Tren Maya. Y, por si no fuera suficiente, durante 2019 avanzó la enfermedad del “Síndrome blanco”, en el Sistema Arrecifal Mesoamericano —el segundo más importante en el mundo—, destruyendo entre el 40 y 50 % de los corales del Caribe mexicano. “Estamos perdiendo el coral y no hay una estrategia de atención a esta crisis. Es una prioridad que no se ha querido atender”, dice Moctezuma.
Sarukhán Kermez señala que para salvar el segundo arrecife coralino más importante del planeta es necesario tomar medidas urgentes, entre ellas, controlar las emisiones de residuos urbanos y el desarrollo hotelero en la Península de Yucatán.
La situación en que se encuentran especies como la vaquita marina, apunta Sarukán Kermez, es un ejemplo “de décadas de descuido. En la actualidad, se están gestando situaciones que dentro de un tiempo nos van a llevar a tener historias similares”.
Lo bueno: detener las importaciones de glifosato
Entre las pocas acciones positivas en términos de medio ambiente que sucedieron durante 2019 está el detener las importaciones del glifosato, ingrediente activo de herbicidas que se utilizan, sobre todo, en la agricultura intensiva y que ha sido señalado por estudios científicos como cancerígeno, además de provocar diversos daños en el ambiente y a especies como los polinizadores.
Esta acción es para Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, una “señal positiva de que no se va a permitir que intereses de compañías privadas estén por encima del bien público. Aquí hay un campo en donde el país puede avanzar mucho, porque existe un enorme atraso en las normativas para la protección ambiental y la salud”.
Fernández señala que ahora tienen que revisar a fondo los sistemas de producción alimentaria, para avanzar a sistemas agroecológicos que permitan un menor uso de plaguicidas y evitar la expansión de cultivos, como el aguacate, que están provocando una importante deforestación en diversas zonas del país.
Fernández Bremauntz y otros investigadores consultados coinciden en que los pequeños logros que México tuvo en materia ambiental en 2019 se desdibujan. Sobre todo cuando se miran las consecuencias de la falta de presupuesto y de acciones para enfrentar una crisis que no es vista como una prioridad nacional.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/MONGABAY LATAM.
AUTOR: /THELMA GÓMEZ DURÁN.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2019/12/deudas-ambientales-mexico-2019/