Para conseguirlo, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se ha reunido en privado en los últimos meses con comisarios ejidales de la Península de Yucatán.
En varios encuentros, el funcionario se percató de que las negociaciones no resultarán sencillas: algunos ejidos le impusieron condiciones para autorizar el tren y expresaron desconfianza hacia el modelo de fideicomisos que el Fonatur pretende aplicar para los desarrollos inmobiliarios, en los cuales los ejidatarios pondrían sus tierras mientras que los inversionistas aportarían capital.
En el municipio de Bacalar, ubicado a 20 kilómetros de Chetumal, en el sur de Quintana Roo, Jiménez Pons se topó con el comisario ejidal Luis Chimal Balam, quien le advirtió que el gobierno federal deberá resolver dos problemas del ejido si quiere que el Tren Maya tenga una estación en esta zona, entre otras condiciones.
Los 165 ejidatarios de este municipio de 11 mil habitantes –cuyo atractivo turístico, la laguna de “siete colores”, padece un alto grado de contaminación– buscan recuperar parte de las tierras que les fueron expropiadas hace cinco décadas, además de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les permita explotar una zona arqueológica o los indemnice.
En entrevista con Proceso, Chimal, un campesino maya de 56 años, dice que el problema de las tierras de Bacalar se remonta a 1971, cuando el gobierno de Quintana Roo solicitó al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que le entregara por decreto 354 hectáreas ubicadas en la orilla de la laguna; las “mejores tierras que tenemos”.
Cuatro décadas después, esta zona se encuentra cubierta por casas y hoteles de lujo, cuyo valor se cuadruplicó a raíz de la consolidación del turismo, desde hace 10 años hasta la fecha. “Ningún ejidatario tiene siquiera un metro de tierra ahí; puro funcionario, puro político”, se queja el entrevistado.
En 2014 el ejido interpuso una demanda para recuperar parte de estas tierras, pues afirma que el acta que concretó la cesión no tenía validez legal, que el ejido “nunca recibió una indemnización” y que las tierras fueron expropiadas “mañosamente”. La propuesta del ejido consiste en respetar “todo lo que tiene casa” y recuperar “todo lo que está en breñas”.
La asamblea ejidal de Bacalar se reunió el pasado 1 de diciembre para platicar sobre el Tren Maya. Decidió que “lo más primordial es que el gobierno federal resuelva las 354 hectáreas y que se abra la zona arqueológica; así sí firmamos el Tren Maya; si no, no firmamos”, sentencia Chimal.
“No te hagas, Luis”
En una visita a Bacalar, Jiménez Pons pidió a Chimal que le enseñara las tierras pensadas para el Tren Maya. El ejido todavía posee 54 mil hectáreas de selva prácticamente virgen.
“Fuimos a mostrarle por dónde pasa la vía; le mostramos tres puntos y le gustó”, recuerda. Ahí, el funcionario pidió al comisario que le autorice hacer estudios para “mil hectáreas, alrededor de donde va a estar la estación porque se va a hacer una nueva ciudad. Yo le dije: ‘No, no estoy de acuerdo porque la asamblea no me lo ha autorizado’. Y me responde: ‘Para que yo pueda trabajar y presentar un proyecto, esto necesito’”.
En estas mil hectáreas, equivalentes a mil 400 canchas de futbol o dos veces la superficie de la cabecera municipal actual de Bacalar, el Fonatur pretende construir uno de los “polos de desarrollo” del Tren Maya: un desarrollo inmobiliario con hoteles, comercios y viviendas para 50 mil personas, en el que los ejidatarios serían “socios” de quienes inviertan en los fideicomisos.
“Le dije: ‘Mire, si yo le autorizo las mil hectáreas, ¿qué voy a tener a cambio, qué beneficio voy a tener para mi gente?’ –recuerda Chimal–. Me dice: ‘Pues de acuerdo a las inversiones, a las rentas que hagamos, ahí vamos a estar sacando parte para la inversión y parte para ustedes, ahí van a tener acciones ustedes’”.
El comisario ejidal le preguntó al funcionario cómo se repartirían las ganancias de estos proyectos. Le planteó: “Si ustedes van a vender el terreno, está bien, pero si yo, por ejemplo, ahorita le doy a 100 pesos la hectárea de terreno, de aquí a dos años cuesta 500 pesos… ¿Estos 400 que van a sobrar los vamos a dividir entre los dos? Porque las tierras son mías todavía. ¿Las plusvalías las vamos a dividir?”
“Me dijo ‘no, al momento que tú me estás entregando esto, me estás firmando que me estás entregando las tierras por 100, ya no tienes que ver nada, si yo lo vendo en 1 millón de pesos, o si lo vendo en dólares, eso es mío’. Le dije: ‘así yo no voy, no estoy de acuerdo’.”
En ese momento álgido de la plática, el campesino –quien asegura haber tratado con todo tipo de funcionarios y empresarios a lo largo de su vida– le planteó su idea: “Si yo le doy estas mil hectáreas, le voy a solicitar algo… para mí: que me dé a mí 2 mil hectáreas de cambio de uso de suelo”, dijo.
“¿Por qué le estoy pidiendo?”, explica a este semanario. “Porque si él va a invertir aquí en estas mil hectáreas hasta cuando haya ganancias me va a dar. Ahora, si me da el cambio de uso de suelo de las dos mil hectáreas, así como él va a bajar inversionistas, yo también tengo derecho a bajar inversionistas, a hacer inmobiliarias, a hacer centros comerciales”.
“Aquí tú vas a invertir, a trabajar, pero ¿quién está poniendo lo primordial? Soy yo. La tierra. Tú pones capital, no pones tierra. Estos seis pesos que vas a ganar tú, los vamos a dividir entre los dos. A eso me refiero. Vi que (Jiménez Pons) no está muy consciente: hasta me dijo ‘¡Oye cómo que 2 mil hectáreas!’: ¿Por qué no?, le digo. Si usted va a comer carne yo no voy a comer hueso, le digo.”
Con la propuesta de Chimal, la ciudad nueva se ampliaría a 3 mil hectáreas. “Sería una ciudad grande”, reconoce, pero añade: “(Jiménez Pons) va a hacer una zona hotelera, zonas comerciales, áreas verdes y locales de comercio para rentar. Pero el caso es que, si ellos rentan, ¿Cuánto nos van a dar? ¿Cuándo? y ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos”.
Y añade: “¿Por qué nos engañan como campesinos? (El fideicomiso) no es del gobierno federal, es de los inversionistas, son los que hacen la Fibra (el Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces), no el gobierno federal. Ellos van a invertir y sobre las ganancias se van a ir.
“No hemos tenido ni un acuerdo bien, pero nosotros nunca estamos en contra de una inversión del gobierno federal, estatal o municipal; al contrario, va a traer beneficios, tanto para nuestro ejido y el pueblo… a todos nos beneficia. Desgraciadamente al ejido lo marginan porque en la prensa sale que el ejido quiere hacerse millonario con sus tierras, y no, es mentira.”
Consultado al respecto, Jiménez Pons ofrece una versión distinta: “Me dice: ‘Ok, te doy 30 hectáreas para tu estación, pero no las mil que pides’ –comenta–. Ah, entonces no quiero ni las 30, porque vas a hacer esto, Luis, ¡no te hagas!”. Con “esto”, el funcionario se refiere a un desarrollo sin planeación territorial.
Y añade: “Hay que ver que (los ejidatarios) muchas veces caen en la tentación de la lana, es lo lógico, es lo normal; es lo que han visto en los últimos 30 años”.
“Ya no va a haber tren”
En la última década, la zona costera de Tulum se consolidó como un destino turístico de lujo para una clientela extranjera y adinerada. Cientos de hoteles y tiendas exclusivas privatizaron y cerraron kilómetros de la playa caribeña hasta el interior de la reserva de la biósfera de Sian Ka’an.
A la par, los precios inmobiliarios se dispararon –incluso las recién estrenadas viviendas del Infonavit rebasan los 400 mil pesos–, los rellenos sanitarios se desbordaron y surgieron varios grupos criminales para vender drogas a los turistas, lo cual detonó los homicidios e impuso la práctica del cobro de piso y la extorsión.
Este municipio es clave en el proyecto del Tren Maya: conecta la ruta de Yucatán con Quintana Roo y es el punto de partida de la ruta turística que pasa por Playa del Carmen y Cancún, de la que el Fonatur espera grandes ganancias. Sin embargo, Tulum se convirtió en un rompecabezas para Jiménez Pons: las tierras donde pensaba edificar la estación y su “polo de desarrollo” ya tienen dueños. Y son muchos.
En el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los ejidatarios de Tulum –descendientes de las familias fundadoras que huyeron de Yucatán durante la Guerra de Castas– “cortaron” y repartieron parte de sus 22 mil hectáreas de tierras, que vendieron a particulares con el paso de los años.
Actualmente los 119 ejidatarios de Tulum tienen cerca de 10 mil hectáreas de tierra, sobre todo en el sur y poniente del municipio; las 12 mil restantes fueron fragmentadas y muchas de ellas vendidas durante el auge inmobiliario en la zona.
A principios del pasado septiembre don Nicacio Canché, comisario ejidal de Tulum, desplegó el plano del catastro ejidal ante Jiménez Pons; en él se observaban miles de parcelas fragmentadas con una superficie 20 veces más vasta que la cabecera municipal.
Tras un breve vistazo, el funcionario preguntó: “¿Todo este monstruo tiene documentos?”.
Canché le contestó que sí, todas las parcelas tenían papeles. De manera abrupta, Jiménez Pons se levantó de la mesa y soltó, enojado: “Pues entonces no va a haber tren”. Sorprendido, Canché le preguntó por qué. “Porque ustedes tienen un monstruo en su ejido y tú no sabes qué es esto”, le contestó el funcionario. Sin más, se levantó y salió de la casa ejidal.
“Nosotros estamos de acuerdo con el Tren Maya, pero llega y me dice, solamente al mirar nuestro plano, que no hay tren; pues no pasa nada. Como a los dos meses regresa el ingeniero Rodolfo Galindo y me ha pedido mis documentaciones. Él tiene mucha paciencia, pero nunca me dijo si dentro del ejido va a haber una estación de tren.”
Canché es nieto de uno de los hombres que huyó de la guerra de castas en Yucatán, se asentó aquí y fundó Tulum. Heredó tierras en la zona costera y opera un pequeño hotel en la reserva de la biósfera; de hecho, en las negociaciones sobre las tierras del Tren Maya, dice que planteó al gobierno federal que le “agilice” el ingreso de ciertos insumos a la reserva.
Aparte, el comisario ve con suspicacia el modelo que ofrece el Fonatur para desarrollar los “polos de desarrollo”. No entiende de qué manera hacerse socio a través de fideicomisos beneficiaría al ejido: “Para nosotros es mejor que, si quieren estas tierras, se las podemos vender y ya. Ellos podrían hacer su proyecto como a ellos les gusta.
“Nos dicen: ustedes dan las tierras, nosotros construimos las viviendas y las calles, porque el tren se estaciona por aquí. Nos mostraron en un video cómo son los modelos de la casa, hay lugar con bicicletas y todo. Es un proyecto muy bonito, son bastantes casas. A mí me dijo Pablo Carreaga (el enlace de Fonatur en Quintana Roo) que podemos ser socios. Pero yo le dije que yo no puedo ser socio de este tren ni los ejidatarios, porque si el día de mañana cambia la administración, la nueva va a pensar otras cosas.”
Otro factor es el de la administración federal, dice Canché: “Le pregunto: ¿En cuánto tiempo sale el señor presidente? En este caso ahorita vamos un año, a los dos o tres años puede ser que el tren esté funcionando. Entonces al presidente le quedarán tres años (…) ¿Qué va a pasar cuando termine su administración? ¿Será que otro va a llevar el mismo camino?
“Por esto le dije a Carreaga: no quiero ser socio del tren, porque van a llegar y me van a decir ‘ya no eres socio’. Y me buscarán lo más pequeñito de esto para sacarme como socio en esta agrupación.”
De por sí, estima que la vida en Tulum se volvió “carísima” y abunda: “Lo que lo hace caro son los visitantes, los americanos, porque ellos traen dinero, y como mexicano no se puede comprar. En la franja donde estoy, yo soy el único de la familia Canché, todos los demás son apellidos franceses, italianos, alemanes, portugueses… Son amigos, pero mexicanos encontrarán en la franja donde estoy, si es que hay, tres”.
A 40 kilómetros al oeste Tulum, en el municipio de Cobá –que vive principalmente del ingreso generado por las pirámides y el lago–, Faustino May Cen, quien tomó posesión como comisario ejidal el pasado 10 de noviembre, no tiene más claridad sobre los alcances del Tren Maya y de la nueva ciudad que el Fonatur pretende desarrollar.
En una ocasión, el comisario anterior mencionó en una asamblea que “están pidiendo tres hectáreas específicamente para la estación y unas 300 de terrenos; luego llegaron a mil hectáreas –recuerda May Cen–. Pero yo he escuchado que la gente no les va a dar las mil, porque es mucho. ¿Para qué quieren tantas hectáreas? Mayormente yo no estoy yendo con los empresarios, hay suficiente tierra para que les den a ellos, para que hagan sus hoteles. O sea, después a nosotros nos van a hacer a un lado”.
Sostiene que el gobierno “tiene que indemnizar por la tierra que va a afectar… Pero también nos han comentado que nos quiere hacer socios del proyecto, pero no sabemos cómo nos puede beneficiar a nosotros como socios. ¿Socios, como que nosotros estaríamos dando la tierra? ¿Pero a cambio de qué? Sólo nos dijeron que el gobierno no puede indemnizar por las tierras”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: https://www.proceso.com.mx/611923/tren-maya-riesgo-de-descarrilamientos-en-tierras-ejidales