El balance corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución que a seis años de su puesta en marcha opera al borde del colapso, con la responsabilidad casi exclusiva de apoyar y reparar el daño causado a las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos.
De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la función de la CEAV es ser un ente coordinador y de apoyo subsidiario para las víctimas. Sin embargo, informes oficiales y especialistas advierten que la nula conformación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas real y que funcione han pervertido y afectado el funcionamiento de la CEAV.
“La Comisión ha pasado de ser la instancia superior de coordinación a la responsable de la atención a víctimas en prácticamente todos los aspectos. De continuar lo anterior, y a pesar de los grandes esfuerzos institucionales, es altamente probable que la atención a víctimas se asemeje más a un programa asistencialista que a una política de Estado”, reconoce un informe oficial de la CEAV entregado al Senado.
A partir de un diagnóstico sobre el funcionamiento de la CEAV realizado por el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas basado en datos oficiales, y de entrevistas realizadas con abogados y especialistas, Animal Político presenta algunos de los hallazgos más importantes relacionados con el funcionamiento de esta comisión.
Lo anterior, sin olvidar que es solo una parte del mencionado Sistema Nacional de Atención a Victimas, que como se publicó en la primera parte de este texto no funciona en los hechos, lo que explica en buena medida la falta de una política de Estado para el apoyo a las víctimas.
La revictimización
Datos de la CEAV arrojan que al cierre del primer semestre del año pasado se habían entregado más de 1 mil 300 millones de pesos provenientes del Fondo de Ayuda para indemnizar o costear diversos apoyos a las víctimas, mientras que se contaba con un registro de 30 mil 539 víctimas oficiales.
Pero un diagnóstico realizado por el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, presentado en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela múltiples irregularidades en la CEAV que han ocasionado que, en muchos casos, en vez de ayudar a las víctimas las haya revictimizado.
Por ejemplo, desde su puesta en marcha la CEAV acumula 476 denuncias ante su Órgano Interno de Control (OIC), presentadas por víctimas en contra de funcionarios de la institución. Los motivos de las quejas van desde el incumplimiento de obligaciones de los funcionarios o maltrato en la prestación de un trámite o servicio, hasta abuso de autoridad, conflicto de interés o acoso sexual.
“Lo más preocupante de estas denuncias es que no sabemos qué pasó. No hay transparencia de las investigaciones. En los últimos años el número de quejas ante el OIC han aumentado, sin embargo, no tenemos información sobre el seguimiento que se da a esas quejas”, dijo Jérémy Renaux, subdirector de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una de las organizaciones que conforma el Observatorio.
A ello se suman 52 quejas promovidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por personas que denunciaron que sus derechos fueron violados al acudir a la CEAV. Al menos dos de esas quejas se tradujeron ya en recomendaciones de CNDH (84/2018 y 87/2018) en contra la CEAV.
La Comisión también ha sido denunciada ante los tribunales. De 2014 a 2019 acumula 246 juicios de amparo promovidos en su contra por personas que acusan a la CEAV de violar sus derechos constitucionales, al no realizar los trámites que por ley debe llevar a cabo, o no darle respuesta oportuna a las víctimas.
Los abogados Noé Franco y Reyna Velasco, que han representado a cerca de medio centenar de personas ante la CEAV, dicen que es habitual que la comisión no respete los plazos que la propia Ley de Victimas establece. Por ejemplo, la norma establece un plazo máximo de 20 días para responder una solicitud de apoyo al fondo víctimas, pero la Comisión llega a tardarse hasta dos años solo para el registro inicial de la persona.
“Es una pelea constante con ellos. Tienes tú que presionar, solicitar y buscar. Uno da por hecho que la CEAV va a hacer cosas como la inscripción de la víctima ante el Registro Nacional luego de la solicitud, pero cuando les preguntas te dicen de pronto que no tienen nada. Y se tiene que partir de cero y litigar contra ellos”, dijeron los abogados.
Pocas manos, mal preparados y “outsourcing”
Datos oficiales arrojan que la Comisión cuenta con 152 asesores jurídicos para representar legalmente a las víctimas que solicitan este apoyo. Cada uno de esos asesores está a cargo de 105 casos en promedio simultáneamente. Tanto la CEAV como los especialistas coinciden en que esta situación pone en “clara desventaja” a las víctimas frente a los inculpados.
“Preocupa la crisis de personal dentro de la Comisión ya que, además, en su gran mayoría las y los abogados que conforman a la asesoría jurídica no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con su función de brindar a la víctima información clara y oportuna sobre sus derechos”, indica el diagnóstico del observatorio.
Los especialistas además recalcan la preocupación sobre el clima laboral en la CEAV, pues advierten que la misma ha operado sin protocolos de seguridad física, emocional o igualdad de género. Existen quejas internas del personal sobre abuso de poder y hasta acoso laboral.
En su informe presentado al Poder Legislativo el año pasado, el extitular de CEAV Jaime Rochín destacó que a causa de las políticas de austeridad del gobierno el presupuesto de la institución sufrió un recorte del 13.7% en 2019. Por este motivo se tuvieron que implementar recortes en varias áreas de la Comisión.
“Lo anterior se ha planteado sin afectar funciones sustantivas de atención a víctimas; no obstante, de no contar con el apoyo de otras instituciones del Estado esto no es sostenible”, indica el informe oficial.
Pero el Observatorio Ciudadano cuestiona las brechas salariales. De acuerdo con su diagnóstico en 2019 el titular de la CEAV percibió un sueldo de 139 mil 663 pesos, en tanto que los titulares de seis direcciones generales recibieron 122 mil 512 pesos. Esto mientras que un asesor promedio, de los que tienen más de cien casos encima, gana 11 mil 722 pesos en promedio.
Fuentes internas dentro de la CEAV indicaron que hay personas que realizan funciones sustantivas en la Comisión que en realidad no son funcionarios públicos, sino empleados contratados a través de una empresa de “outsourcing”. Esto como parte de la política para ahorrar recursos.
Inestabilidad ¿y desvíos?
Desde su puesta en marcha la CEAV ha atravesado por modificaciones constantes tanto en su estructura como en su personal, que le han impedido consolidar una operación uniforme y permanente.
Inicialmente, la CEAV se constituyó con un cuerpo colegiado de siete comisionados al frente que – en la práctica – no lograban ponerse de acuerdo en casi nada. Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, dijo que era una estructura similar a la de una pirámide invertida “con muchos generales y poco soldados”.
Paulatinamente varios comisionados fueron renunciando. Algunos como Olga Noriega o María del Rosario Torres Mata lo hicieron tras denunciar irregularidades en la operación de la Comisión. En 2017 se reformó la ley de víctimas para que la CEAV fuera encabezada por un solo comisionado, responsabilidad que recayó en Jaime Rochín, que era el único que quedaba de los siete originales.
Rochín se mantuvo en el cargo hasta junio de 2019, cuando presentó su renuncia. Ello ocurrió después de que diversas organizaciones exigieran su separación del cargo y de que no asistiera a una comparecencia al Congreso para explicar, entre otras cosas, denuncias de víctimas sobre supuestos malos manejos de recursos del Fondo de Ayuda.
“Dejó plantadas a más de 30 o 40 organizaciones víctimas ahí en el Congreso. Una hora antes informó que estaba en Ginebra. Y al día siguiente la CEAV emitió un tuit diciendo que estaba en Nayarit. No solo no se presenta, mintió. Nosotros habíamos pedido su destitución y como ya no se presentaba se pidió una auditoría financiera y operativa exhaustiva de CEAV”, señaló Jérémy Renaux, subdirector de IDHEAS.
Cuestionado sobre esta inasistencia en específico, Rochín dijo a Animal Político que recibió la invitación para acudir al Senado cuatro días antes, y que ya tenía compromisos pactados con colectivos en Nayarit. “Además el esquema que plantearon requería mayor preparación pues era con víctimas y colectivos”, dijo.
Tras la salida de Rochín la CEAV permaneció seis meses sin que el Senado designara un nuevo titular, lo que detuvo múltiples procedimientos como la autorización de pago de indemnizaciones a víctimas de derechos humanos, que requieren forzosamente de la firma del comisionado. Finalmente, en diciembre pasado fue nombrada Mara Gómez Pérez.
Renaux insistió en que es vital que se conozcan a la brevedad los resultados de la auditoría que realiza el actual gobierno a la CEAV. “No solo para sancionar a los responsables sino para que estas prácticas no se repitan”.
A todo lo anterior, añaden los expertos, se suma la inestabilidad en todas las áreas. La inexistencia de un servicio profesional de carrera (sumado a bajos salarios y el desgaste del trabajo) impide que abogados o especialistas permanezcan mucho tiempo en sus puestos.
“También hay protocolos que cambian seis meses. Las víctimas se encuentran con que un tramite que un día realizaron de una forma, al otro ya no es o no sirve. Es un completo desorden”, indicó Renaux.
“Una Sedesol de víctimas”
Ante el abandono de otras instituciones del Estado y el nulo funcionamiento del Sistema Nacional de Víctimas, la Comisión se ha convertido en ventanilla única para atender las peticiones de todas las víctimas, lo que la ha desgastado y ha generado dinámicas nocivas.
“Como no va a existir verdad, justicia ni garantías de no repetición, la relación de la CEAV con las víctimas se traduce a dinero, medidas de asistencia y ayuda de forma general. Se generó de manera perversa una relación casi clientelar con las víctimas. Por eso dicen que ya parece más una Sedesol de Vvíctimas”, señala Jacobo Dayán.
Se trata de una política asistencialista, indican los expertos, que “administra la crisis” pero que está lejos de resolver el problema.
Abogados que han asesorado a víctimas, como Noé Franco y Reyna Velasco, narran que quien ingresa a la Comisión a buscar ayuda se sumerge en un mundo de trámites y burocracia que no termina y que, en el mejor de los casos, concluye con algunos apoyos o una indemnización gestionados totalmente por la CEAV, pero nunca por las instituciones responsables de violar derechos.
Hay solicitudes de apoyo, señalan, que pueden tardarse incluso hasta seis años porque hay que recurrir a juicios de amparo para presionar a la Comisión a que actúe e incluso, aun y cuando el juez le da la razón a la víctima, la Comisión apela las determinaciones alargando aun más los procesos.
Hay casos dramáticos que prueban esta situación como el de Gregorio Cano, padre de un desaparecido de Michoacán, y quien murió de cáncer esperando la atención médica que había solicitado a la CEAV. Ninguna otra autoridad se quiso hacer responsable.
¿Cuáles son los casos que tienen cierta probabilidad de avanzar rápido? Los litigantes y expertos coinciden en que son los de víctimas de algún delito o violación a derechos humanos que por algún motivo se hicieron mediáticos, o los que están respaldados por organizaciones grandes o alguna persona influyente.
-Entonces las víctimas ¿están más protegidas hoy que hace seis años, antes de que existiera la CEAV y la Comisión de Víctimas? – se le pregunta a Renaux, autor de los diagnósticos mencionados arriba.
-No. Al contrario. Hay hoy un mayor desgaste de las víctimas. Hay personas que llevan años en procesos de búsqueda de la verdad y justicia. Y hay muchos que se están enfermando con tantos años de frustración, de enojo de tristeza. De impotencia. Y el núcleo familiar se está también destruyendo – concluye.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/01/comision-victimas-maltrato-acoso/