“En la Ciudad de México me he enfrentado a una red de apoyo a Humberto Moreira Valdés, ejemplificada sobre todo en el Magistrado Francisco José Huber Olea Contró, quien desde hace dos años está emitiendo un fallo tras otro en mi contra, aún cuando un juez de la Ciudad de México también falló a mi favor”, dijo Aguayo en entrevista con SinEmbargo.
Hace tres años y medio comenzó el calvario legal para Sergio Aguayo. Su pecado, su error, publicar una columna en Reforma y El Siglo de Torreón en la que acusó que “Moreira es un político que desprende [un] hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
Hace tres años y medio, Humberto Moreira demandó a Sergio Aguayo por 10 millones de pesos para compensar el presunto agravio moral en su contra. Dos años y ocho meses después, a finales de marzo de 2019, Aguayo fue absuelto por un juez capitalino. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, el Magistrado Huber Olea revivió la demanda.
“Cuando me demandó Humberto Moreira me llamó la atención que no lo hiciera en Coahuila, cuando la columna [objeto de la demanda] se había publicado también en Coahuila, en el Siglo de Torreón. […] Con el paso de los años me he dado cuenta que muy probablemente me interpuso la demanda en la Ciudad de México porque aquí contaba con una red de protección”, explicó Aguayo.
Lo anterior le dejó algo “claro” al académico del Colegio de México: al menos en la Ciudad de México “se judicializan o se llevan a los tribunales los ataques a la libertad de expresión”, con criterios “que van en contra de las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN).Para el investigador, “si algo ha llamado la atención en todo este caso es que la Suprema Corte falla a favor de la libertad de expresión en casos como el mío, y sin embargo sus criterios son omitidos por la Sexta Sala [Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino] que preside Francisco José Huber Olea Contró”.
Ello implica –según Aguayo– que la SCJN actúa de acuerdo con las reformas a la Constitución del 2011 para garantizar el respeto a la libertad de expresión, mientras que el Tribunal Superior capitalino (TSJCDMX) “va por su lado y hace lo que le da su gana, sin que el Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México, que pregonan tesis de izquierda y progresistas, se preocupen por ello”.Como consecuencia, Aguayo refirió que los avances de los últimos años en materia de impartición y procuración de justicia a nivel federal, aunque son notorios, se vuelven “inútiles” cuando los esfuerzos no se ven reflejados en los sistemas judiciales locales.
“Es aquí donde uno ve y dice: ‘bueno, los dobles criterios’. ¿Qué hicieron Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rosario Robles Berlanga, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas Rodríguez, Marcelo Ebrard Casaubón y Miguel Ángel Mancera Espinosa para corregir este atraso de los tribunales, de las leyes en la Ciudad de México. ¿Qué está haciendo Claudia Sheimbaum Pardo?”, cuestionó Aguayo.
Para él, el acoso por cuestiones de libertad de expresión es cada vez más frecuente y atenta contra los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
“Observamos en el Estado de México lo que padeció Humberto Padget, o lo que padece en Tamaulipas El Mañana de Nuevo Laredo. Es decir, todos aquellos que hemos caído, que hemos sido demandados por montos millonarios […] con demandas extravagantes e infundadas”, precisó a SinEmbargo.
DEFENDER LA LIBERTAD
La semana pasada, el equipo de abogados de Humberto Moreira Valdés solicitó al Juez Decimosexto Civil, Francisco Castillo González, exigir el cumplimiento de la sentencia dictada en octubre de 2019 por la Sexta Sala Civil del TSJCDMX.
Dicha situación obligó al doctor Aguayo a transferir 450 mil pesos al Tribunal Superior capitalino, como parte de la garantía de pago de los 10 millones de pesos que establece la demanda en su contra, por presunto daño moral. De lo contrario, el Tribunal ordenaría el remate de propiedades del académico.
En lo que la situación se resuelve, las demandas por daño moral continúan poniendo en riesgo la libertad de expresión en el país, de acuerdo con Aguayo.
“En todo México se ha popularizado la interposición de demandas por daño moral, para inhibir a la prensa crítica o independiente, y en ese sentido consideramos indispensable que se modifiquen las leyes para evitar se ataque de esta manera, con demandas extravagantes e infundadas”, explicó el académico.
A lo largo de este año, Aguayo espera que su situación legal sea resuelta en tribunales federales y que el TSJCDMX le regrese el dinero de la garantía. Y más pronto que tarde, en febrero de este año, espera que varias diputadas –entre ellas Tatiana Clouthier Carrillo y Martha Tagle Martínez– lo apoyen “introduciendo una iniciativa de ley para reformar la norma que regula casos como el que me está afectando”.
Además cuenta con el apoyo de varias organizaciones internacionales.
“El caso tiene que ver con libertad de expresión, que es un asunto muy sensible para la comunidad internacional, y en ese terreno, debo decir que todos los especialistas mexicanos y extranjeros en libertad de expresión han considerado que se trata de un asunto de acoso, de ataque a la libertad de expresión. Es decir que la demanda es una demanda pensada para hostigar, inhibir y atacar la libertad de expresión. Entonces mi asunto se está convirtiendo, se ha convertido ya en un caso paradigmático porque la oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ya está interviniendo” a través de la figura del amicus curiae, o bien, de la intervención como un tercero interesado en el litigio ante los tribunales, para defender su caso.
Según Aguayo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará lo mismo que el Alto Comisionado. Por su parte, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa están estudiando el caso para pronunciarse al respecto.
MOREIRA Y EL JUEZ
El columnista y académico Sergio Aguayo Quezada acusó que el verdadero atropello en el caso de la demanda en su contra por presunto daño moral en contra del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés es “absurda, no porque Moreira se defienda de lo que él considere sea un atentado a su honor. Lo absurdo resulta de que él ponga el monto de 10 millones de pesos y que un juez lo acepte”.
Aguayo confió a SinEmbargo que no entiende “muy bien” las razones del juez de la Sexta Sala Civil del TSJCDMX para imponer un castigo de 10 millones de pesos que fue sugerido por la defensa de Moreira.
“A partir de ello empezaron mis problemas”, explicó. “Porque [el juez] bien pudo haber dicho ‘sí te acepto la demanda, pero déjame a mí juez pasar la cantidad por la cual te debo indemnizar en caso de que encuentre responsable a Sergio Aguayo’”.
Para el politólogo del Colegio de México, que el juez admitiera “la cuña de los 10 millones de pesos se presta para acoso como el que estoy viviendo ahora, porque pueden exigir una garantía de 450 mil pesos que ya deposité, para poder frenar el embargo que ya fue frenado. […] Si no hubiera habido ese monto, [el Tribunal] no me hubiera exigido la garantía de 450 mil pesos ni me hubieran amenazado con embargarme. Esa es la trampa. Es ahí en donde está el abuso, el exceso: en la frivolidad del juez de la Ciudad de México que lo aceptó”, lamentó Aguayo.
La información pública y las declaraciones de Sergio Aguayo indican que existe una relación de conflicto de interés entre Moreira Valdés y el Magistrado Francisco José Huber Olea Contró.
A finales de 2017 se supo que el hermano de Humberto, el entonces Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés, le otorgó permisos al hermano del Magistrado, Jean Paul Huber Olea Contró, para crear y operar la Notaría 124 del Distrito de Saltillo, Coahuila. Esta circunstancia habría sido suficiente para que el Magistrado Huber Olea no pudiera incidir en el proceso de demanda en contra de Aguayo.
De acuerdo con los artículos 170 y 171 del Código de Procedimientos Civiles capitalino, todo Magistrado, Juez o Secretario estará “forzosamente impedido” de litigar cuando alguno de los involucrados en el caso tenga relación con su persona, sea por lazos económicos, familiares, afectivos, entre otros.
Pese y a que el Magistrado pudo haber sido sancionado por queja ante la Comisión de Ética (artículos 346, 347, 356 y 357 de la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino), nada sucedió.
“Ya presenté con mis abogados una queja contra Francisco José Huber Olea Contró en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México”, dijo Aguayo a SinEmbargo. “Lo que pasa es que no han hecho nada, o al menos no hay evidencia de que hayan hecho algo, lo cual confirma la existencia de una tolerancia al Magistrado”.
Para el politólogo, incluso cuando su defensa presentó la queja en contra del Magistrado, “una funcionaria del Consejo de la Judicatura le dijo al abogado que llevó la queja: ‘¡uy! Esos casos nunca prosperan’”. Por ello, Aguayo refirió que fuera de los tribunales federales, “los auspicios no son muy positivos”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: https://www.sinembargo.mx/28-01-2020/3717771