Los integrantes del Frente explicaron que las únicas «pruebas» con las que contó el juez para detener y encarcelar a López Vega fueron sólo dos declaraciones por parte de funcionarios que aseguraron que el defensor participó en la quema de un vehículo de la Ceaspue el pasado 30 de octubre de 2019.
López Vega, quien también forma parte del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, además fue acusado sin pruebas de oposición a que se ejecute una obra pública, ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, de acuerdo con un boletín de la Fiscalía General del Estado (FGE).
«Del mismo modo a Miguel se le criminaliza por realizar sus funciones de Representante Comunitario de Santa María Zacatepec», destacó el FPDTA, pues al declarar en la audiencia que el motivo de su presencia el 30 de octubre de 2019 era realizar sus funciones como representante comunitario del pueblo «para pedir a las empresas que estaban trabajando en su territorio los permisos que avalen la viabilidad técnica y ambiental de la obra», el Ministerio Público determinó que aceptar que estaba en el lugar de los hechos y que es líder de un grupo de personas eran motivos suficientes para inculparlo.
«Estos son algunos de los datos legales que demuestran la injusticia cometida contra Miguel y que legitiman el justo enojo del pueblo de Santa María Zacatepec que exige su inmediata liberación», concluyó el Frente.
Miguel López Vega fue detenido arbitrariamente por policías municipales el pasado 24 de enero en Zacatepec, Puebla, donde participa en la defensa del territorio y contra la imposición de un proyecto de descarga de desechos tóxicos industriales sobre el río Metlapanapa.
Comunicado completo:
Meras declaraciones de uso de piedras y bombas molotov en una manifestación, no pueden implicar prisión preventiva oficiosa: Es clara la criminalización.
A nuestro compañero Miguel López Vega, representante comunitario de Santa María Zacatepec, comunicador popular de la Radio Comunitaria Zacatepec y concejal del Concejo Indígena de Gobierno del CNI, tras ser detenido de manera injusta, le fue negado su derecho a llevar el proceso en libertad el pasado 25 de enero de 2020 bajo el pretexto que los hechos constitutivos de delitos son graves por el posible uso de armas y explosivos.
Este criterio aplicado a Miguel, es un antecedente y riesgo mayor a cualquier persona que en Puebla o México acuda a una manifestación y en ella, exista un vehículo quemado, que implique que, con la simple declaración de funcionarios públicos que dicen haber visto a la persona arrojando una bomba molotov o piedras, para el ministerio público y el juez son datos de prueba suficientes para acreditar como ciertos los hechos de que la persona, pudo cometer uno de los delitos mas graves de México, como lo es el uso de armas y explosivos, y entonces ser recluido en prisión oficiosa. Es decir que, cualquier persona, al encontrarse en una manifestación o pasando por allí, si dos testigos que tienen interés en encarcelarla, la acusan de aventar piedras y haberla visto aventando una bomba molotov para quemar un vehículo (siendo en muchos casos el mismo gobierno y provocadores los que queman los vehículos), hechos suficientes para que la persona se quede en la cárcel, sin derecho a fianza y una debida defensa en libertad. Dos declaraciones con conflictos de intereses son los únicos datos de prueba que justifican injustamente la prisión oficiosa del defensor del territorio.
Del mismo modo a Miguel se le criminaliza por realizar sus funciones de Representante Comunitario de Santa María Zacatepec, pues al declarar en la audiencia que el motivo de su presencia el 30 de octubre de 2019, era realizar sus funciones como representante comunitario del pueblo, para pedir a las empresas que estaban trabajando en su territorio, los permisos que avalen la viabilidad técnica y ambiental de la obra, ello, son declaraciones para el Ministerio Público que precisamente lo inculpan, por aceptar que estaba en el lugar de los hechos y que es líder de un grupo de personas. Siendo que Miguel explicó que acudió, porque la población se niega a la contaminación del Río Metlapanapa que forma parte de la comunidad y que Miguel, como representante comunitario, tiene la obligación de vigilar y proteger su territorio y representar a su comunidad en esos asuntos, tal como lo establece su sistema de usos y costumbres sobre dicho cargo, pero que no cometió ningún hecho ilícito, ni acción para parar la obra. Criminalizando el sistema de usos y costumbres de Santa María Zacatepec.
Estos son algunos de los datos legales, que demuestran la injusticia cometida contra Miguel y que legitiman el justo enojo del pueblo de Santa María Zacatepec que exige su inmediata liberación.
¡Libertad inmediata a Miguel López Vega!
¡Samir Vive, la lucha sigue!
¡No a la contaminación del Río Metlapanapa! ¡No al PIM!
T’neki uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/es-clara-la-criminalizacion-contra-el-defensor-ambiental-miguel-lopez-vega-en-puebla-fpdta/