– ¡Nos vale madre quienes sean ustedes!
– Buscamos a nuestros hijos.
– ¡Váyanse de Chiapas hijos de la chingada, acá no se perdieron sus hijos. Búsquenlos en otro lado!
Así les respondían los policías estatales a Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 desparecidos de Ayotzinapa, aquella trágica noche de Iguala.
Hilda Hernández y otros nueve padres y madres viajaron varias horas hasta Chiapas, procedente del estado de Guerrero. Junto a otros activista, documentalistas y estudiantes normalistas, forman parte de la Caravana Sur que vendría a Chiapas y empezarían desde acá por varios estados para informar el estado que lleve la búsqueda de los desaparecidos y la exigencia de justicia ante el gobierno actual.
La Caravana Norte y la Carvana Bajío, se desplazaron alas otras escuelas normales rurales del norte y del centro del país.
Alrededor de 25 los miembros de la Caravana Sur llegaron a las tres de la mañana del domingo 16. Cansados. Tenían ya una agenda prevista para el domingo, salvo la marcha-mitin el domingo a las 17 horas, todas sus demás reuniones serían a puertas cerradas con organizaciones sociales, sindicales, magisteriales y civiles que las han apoyado desde Chiapas.
A la par que descansaban y se disponían a desayunar en el interior de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, donde pernoctaron, un grupo de unos veinte jóvenes chiapanecos, se dirigieron al crucero “brigadear”, a “volantear”, a repartir pues un volante en el que informaban sobre la presencia en Chiapas de los padres de los 43 desaparecidos.
Lo hacían en cada parada del semáforo, en ambos carriles del Libramiento Sur, a la altura del Boulevard Vicente Fox, a 200 metros de la Escuela Normal, su centro educativo, justo frente una planta de la empresa FEMSA-Coca Cola.
En ningún momento los jóvenes pretendieron bloquear, no era esa la intención, dice Diego Cadenas, del Centro de Derechos Humanos Ku’untik. Era sólo una acción informativa.
Sin embargo, a unos 200 metros, sobre el Boulevard Vicente Fox, una vez más no más de un centenar de policías estatales antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) vigilaban a los jóvenes dispuestos a actuar como en muchas otras ocasiones lo habían hecho ya cuando bloquean ese tramo.
Pero esta vez la situación no era igual. Tan pronto como empezó el roce con los cuerps policiacos, algunos corrieron a avisar a los normalistas para pedir recuerzos. Ante el alboroto los padres y madres de la Caravana Sur también salieron a ver a los jóvenes que discutían con los policías. Ahí iba Hilda Hernández Rivera y su pequeña hija de cinco años.
Tras intentar mediar y apaciguar los ánimos de los policías estatales, sólo recibió insultos, dice. Les apuntaban de frente y a muy corta distancia con sus lanzagranadas de gas.
Tras romperse el intento de diálogo con los uniformados, todo fue un caos. Las bombas de gas lacrimógeno fueron las primeras en salir disparadas. Como respuesta, los palos y las piedras volaron por el aire. El gobierno dijo que también bombas molotov.
Entre los heridos habían padres y madres de Ayotzinapa, una de ellas Hilda Hernández Rivera y su pequeña hija que llevaba en brazos. Otros estudiantes normalistas. Pero el más grave, Juan Antoniop Flores García de 18 años.
Un proyectil se le impactó en la parte izquierda de la cabeza, arriba de la oreja. Le rompió el cráneo y los pequeños huesos se le incrustaron en la masa encefálica.
Hijo de una pareja de campesinos de la comunidad Plan de Guadalupe, municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, Flores García fue llevado de inmediato al Sanatorio Rojas, donde fue atendido de emergencia. En un primero momento fue el gobierno del estado de Guerrero el que sufragó los gastos del domingo 16 y lunes 17. Del martes 18 a la fecha los gastos quedaron a cargo del gobierno de Chiapas, tras la presión de funcionarios del gobierno federal, como Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos.
Aunque Flores García salió exitoso de la cirugía, aún falta su proceso de recuperación. Hasta el viernes 21 las dosis de sedante eran cada vez menos.
Pasaron 24 horas para que el gobierno estatal reconociera su falla o error en el operativo, y empezarán las investigaciones. Los funcionarios locales chiapanecos, resposnables de la política interior, no dimensionaron nunca que el ataque policiaco a los normalistas de Mactumatzá tendría otra relevancia, al estar ahí presentes padres y madres de Ayotzinapa, así como estudiantes normalistas de esa escuela.
Pues los padres, madres y estudiantes tienen medidas cautelares a su favor emitidas desde organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y son monitoreados las 24 horas del día y todos los días por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Tan pronto como se conocieron los hechos, la propia Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, el gobernador Héctor Astudillo y muchos otros políticos y funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación condenaron los hechos violentos en Chiapas.
En un primer momento, el domingo por la noche, la titular de la SSyPC, Gabriela Zepeda Soto y el titular de la Secretaría General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se aferraron a señalar que los uniformados ellos habían sido provocados por los estudiantes. Que el gobierno estatatal está firme y convencido que hará respetar el Estado de Derecho en Chiapas y no permitirá más bloqueos de carreteras y vialidades. Bloqueo que nunca intentaron realizar los jóvenes ese día.
Más que hablar de los heridos entre los normalistas y padres de familia, ambos funcionarios destacaron y hablaron de los dos elementos policiacos y los daños a las unidades policiacas.
Y mientras que las Caravanas Bajío y Norte avanzaron en su recorrido, la del Sur se quedó varada en Chiapas a la espera de que evolucione positivamente Juan Antonio Flores García. Afuera del hospital privado, uno de los mejores de Tuxtla, sus padres esperan noticias alentadoras.
Vidulfo Rosales, abogado de los 43 desaprecidos que acompaña esta Caravana Sur, dice que el impacto fue a muy corta distancia, y que fue con un lanzagranadas, el cartucho de metal se le impactó tan fuerte en la cabeza que una piedra no hubiera ocasionado ese daño.
Durante la cirugía, al herido se le tuvo que extraer tapa superior del craneo para poder quitarle los fragmentos de huesos que estaban en el cerebro y los coágluos de sangre que tenía.
Dice que los uniformados violaron todo protocolo de desalojo, pues el disparo fue directo a las personas, cuando debiñó haber sido al aire o por el piso.
“Quiero decirte que quede claro que los policías, los mandos policiacos identificaron a los padres , los identificaron porque el intercambio que se produjo allí; los policías les decían: váyanse, aquí no están sus hijos, busquemos en otro lado, aquí no están, lárguense de aquí”, dijo Vidulfo Rosales.
Ahora refiere que los más importante es que seinicien los procesos que tienen que iniciar, que lomas importante es que la fiscalía actué ya, queefectué los primeros ejercicios de la acción penal contra los policías, porque hay elementos, hay datos de prueba para proceder a ejercitar las primeras acciones penales y deben de hacerlo.
“Que se investigue en terminos administrativos a todos los que se tengan que investigar y después vamos cruzando datos. No nos vamos a ir hasta que sepa que va pasar con el estado de salud de los muchachos”, dijo.
Diego Cadenas Gordillo, del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, dijo que la policía estatal chiapaneca violó el Protocolo de Desalojo, es un protocolo creado para los cuerpos policiacos en el gobierno de Juan Sabines Guerrero, luego de la matanza de ocho campesinos tras un desalojo violento en Chinkultik, en octubre del 2008.
El protocolo fue reformada en el sexenio anterior, en el 2017, y especifica claramente todos y cada uno de los procesos que se deben seguir en un desalojo. Aclara que nunca pretendieron bloquear los jóvenes, como arguye el gobierno estatal.
Dice que de principio a fin, los cuerpos policiacos actuaron en todo momento al margen del Protocolo de Desalojo estatal. Que no agotaron el diálogo y negociación, que no hubo presencia de funcionarios de derechos humanos, que no videodocumntaron todo el proceso, por lo que ahora andan buscando videos de empresas privadas que tienen cámaras cerca.
Recuerda Cadenas Gordillo que el protocolo de desalojo o restitución de bienes por parte de las instituciones de seguridad pública en el estado de Chiapas, tiene 12 artículos y siete transitorios, pero los uniformados actuaron comno si nunca lo hubieran leído.
Aunque delega como responsable de la politica interior, el Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos y Gabriela Zepeda Soto, la responabilidad como los mandos inmediatos que debieron tener información clara y precisa de todo lo que ahí pasaba y actuaron con negligencia.
Y aunque la propia SSyPC, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunciaron la investigación de 60 elementos policiaicos, las primeras dos detenciones de mandos y oficiales el viernes 21 empezaron a causar una revuelta interna entre los policías estatales chiaapanecos.
Los abogados Vidulfo Rosales, Diego Cadenas y la madre herida en ese operativo, Hilda Hernández, dicen no quieren “chivos expiatorios”, quieren que se indaguen bien los hechos y caigan los responsables de ese acto represivo que sufrieron.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: https://desinformemonos.org/aca-no-se-perdieron-sus-hijos-buesquenlos-en-otro-lado-policia-de-chiapas-a-padres-de-los-43/