Así lo señaló la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una auditoría de cumplimiento que realizó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), que presentó ayer jueves en un informe de fiscalización.
La Función Pública expuso que en 2019 la Conavim transfirió 79 millones 700 mil pesos a los gobiernos estatales para la atención, en 49 centros de justicia para las mujeres, de 142 mil mujeres que han sufrido violencia de género, mediante asistencia legal, psicológica, médica y de alojamiento.
Sin embargo, la SFP señaló que “se desconocen los avances” en la prevención del fenómeno, “debido a que (la Conavim) carece de una estrategia que permita focalizar los subsidios en la causa-raíz del problema y en la forma de medir los avances para alcanzar una solución”.
Lo anterior, recalcó Función Pública, a pesar de que la Conavim había suscrito hasta 2018 un total de 19 convenios con los estados para el combate a la violencia contra las mujeres.
“La actuación de los centros de justicia es de atención reactiva y paliativa, con escasa incidencia en la prevención del fenómeno”, subrayó la Función Pública.
“Por tanto, la SFP determinó que la política de combate a la violencia de género ha resultado poco eficaz para reducir este fenómeno que aqueja a 7 de cada 10 mujeres”.
En su informe, la Secretaría propuso que la Conavim gestione ante la Secretaría de Gobernación “una reforma de su marco jurídico” para dejar de ser un órgano que solo reacciona ante la violencia de género y no la previene.
El objetivo de la reforma sería, apuntó la SFP, que la Conavim transite a constituirse “en una autoridad facultada para establecer una coordinación efectiva con los tres órdenes de gobierno”, e implemente estrategias “con un enfoque transversal que permita mejores resultados”.
Cabe recordar que, en el inicio de 2019, en febrero, surgió una fuerte polémica luego de que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva suspendiera por instrucciones del Gobierno Federal la convocatoria para que los refugios de la sociedad civil que atienden a mujeres violentadas accedieran a 346 millones de pesos aprobados en el Presupuesto.
El argumento que se dio en aquel entonces para no asignar subsidios a estos refugios fue “acatar cabalmente” la decisión de López Obrador de no transferir recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.
Invierten 663 mdp en indígenas… sin una estrategia
Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública también hizo una auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al programa de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.
En el caso del desarrollo de pueblos indígenas, la SFP expuso que en 2019 el INPI ejerció 663 millones de pesos en varios rubros.
Por ejemplo, por medio de la Comisión Federal de Electricidad, inició obras de electrificación en beneficio de 19 mil 365 personas. También otorgó apoyos a 76 mil 697 alumnos de educación básica y media para becas, alimentación y hospedaje, e impulsó 957 proyectos productivos en beneficio de 7 mil 157 indígenas.
Sin embargo, a pesar de ese gasto de 663 millones de pesos en 2019, la Función Pública señaó que el INPI “careció de mecanismos de medición” para evaluar el grado de avance en la permanencia escolar de los menores indígenas y si hubo mejora o no de los ingresos de las personas indígenas.
El INPI tampoco tuvo mecanismos para identificar las necesidades de infraestructura básica de la población indígena, “y no dispuso de una estrategia efectiva para tutelar sus derechos constitucionales”.
La SFP señaló que el INPI “tampoco contó con diagnósticos que le permitieran focalizar los subsidios”, y que operó los diferentes programas en beneficio de la población indígena “sin planes integrales por grupo y región”.
Por ello, Función Pública recomendó que para evitar “procesos ineficaces”, el Instituto implemente planes “atendiendo a las necesidades específicas de cada grupo y región, a partir de un diagnóstico”. Esto, a fin de “focalizar adecuadamente los apoyos” a la población indígena.
En cuanto a la Beca Universal Benito Juárez, la SFP expuso que al término del ciclo escolar 2018-2019 se otorgaron becas a 3.5 millones de alumnos de escuelas públicas, con un monto erogado de 11 mil 905 millones de pesos.
Sin embargo, la dependencia detectó en su auditoría que este programa careció de mecanismos para determinar si las becas se priorizaron a los alumnos en condiciones de pobreza, y para medir el grado de avance del programa en la permanencia escolar.
Además, recomendó que las reglas de operación de la Beca “sean más precisas”, para asegurar “una eficiente dispersión y cobro de los apoyos económicos”.
También recomendó “fortalecer la supervisión y control interno para comprobar que los subsidios sean recibidos” por los estudiantes, y asegurar que se privilegien las becas a los estudiantes más pobres.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE, NAYELI ROLDÁN.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/02/combate-violencia-mujer-sin-estrategia-avances-sfp/