“La información que recibimos de familiares de las víctimas y de nuestros contactos con los que estamos en comunicación permanentemente es que el problema de las desapariciones en México no ha terminado, es un fenómeno que continúa”, recalcó en entrevista con Apro, en el marco del 40 aniversario del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, celebrado en Ginebra.
La situación es muy grave porque al ser un delito continuado se sigue cometiendo, y los familiares siguen sufriendo, resaltó el funcionario de Naciones Unidas, quien recordó que el número de desaparecidos en México –61 mil 637– duplica el de los que desaparecieron durante la dictadura argentina.
“Es un problema realmente humanitario, es la suma de casos, no es que haya casos nuevos solamente, es que se acumula un caso sobre otro”, indicó.
El experto argentino, quien formó parte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y participó en la elaboración de aquel informe revelador donde se calificó el fenómeno como una cuestión “generalizada” en México, pidió reflexionar sobre las familias que sufren por esos 60 mil desparecidos.
“Tratemos de entender la magnitud del asunto, y es muy, pero muy preocupante”, sostuvo.
“En mi mirada personal, yo creo que México debería apuntar a terminar con la impunidad, porque buena parte del problema es la impunidad.
“Estamos hablando de poco más de 60 mil desapariciones y no hay responsables, no sabemos cuántas personas son investigadas, no conocemos sentencias, no sabemos cuántas personas hay en este momento condenadas por desaparición forzada. Los casos se cuentan con las manos”.
Prosiguió: “Si uno compara la magnitud del problema de las desapariciones forzadas en México con la respuesta judicial que ha habido, la respuesta del Ministerio Público, de la Fiscalía, la diferencia es enorme”.
Dijo que mientras haya impunidad, es muy difícil que se termine el problema, al tiempo de reconocer que este crimen es mucho más grave porque se le suman diversos factores.
“El Estado mexicano tiene que dar el mensaje de que se trata de un crimen inadmisible, puesto que no hay ninguna razón para tolerar las desapariciones forzadas, ni el Estado de guerra, ni la emergencia, ni el narcotráfico, ni la violencia… la respuesta tiene que ser diferente’’, señaló.
La respuesta, abundó, tiene que ser a través de las instituciones. “No se puede seguir desapareciendo gente”.
Hazan recuerda que cuando el Grupo de Trabajo visitó México, hace más de cinco años, documentó que las desapariciones forzadas eran generalizadas, y esta cuestión ahora se confirma con las estadísticas recientes provistas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también demuestran que esa situación “no ha mermado”.
Admitió que hacen falta esfuerzos extraordinarios para tratar el tema, “y la verdad es que el gobierno dio muestras de que tenía la voluntad de hacerlo, pero esa voluntad se debe demostrar en hechos concretos”.
Si bien el gobierno anunció –en agosto pasado– que reconocía la competencia del Comité para comunicaciones individuales, esto se tiene que hacer efectivo, remarcó Hazan ante el hecho de que el gobierno de López Obrador no ha oficializado el trámite –en un evento público– ante la Asamblea General de Nueva York. Hasta el momento no ha habido noticias en ese sentido, lamentó.
También es importante que se autorice la visita del Comité de Desaparición Forzada que ha pedido ir al país, “porque esos también son mensajes que los perpetradores reciben”, añadió.
“Es decir, las promesas incumplidas son mensajes que reciben los perpetradores, así como la impunidad por parte de las autoridades judiciales son mensajes que reciben. Ellos sienten que pueden seguir desapareciendo gente porque no hay consecuencias”.
Ayotzinapa: Juicio oral y público
Hazan celebró el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque la apertura a la comunidad internacional “es trascendente”.
“El grupo de expertos independientes de la CIDH mostró grandes resultados. Tal vez hoy tendríamos asentada una historia irreal de lo que pasó, pero gracias al GIEI se permitió que se conocieran hechos distintos que no estaban siendo puestos a la luz y que de alguna manera estaban siendo ocultados”, dijo.
Puntualizó: “Abrir el espacio para que el grupo de expertos continúe trabajando y que distintos organismos participen, es un valor agregado, pero me parece también que las autoridades judiciales de México tienen que tomar el toro por las astas y avanzar con el caso.
“Es decir, yo creo que está más allá de la cooperación internacional y está en poder de la propia justicia de México poder avanzar, arrojar luz sobre los hechos y, en definitiva, también tratar de llevar a cabo un juicio”.
A su modo de ver, es altamente recomendable “que haya un juicio oral y público en el que puedan estar sentados los familiares para que vean lo que sucede, que escuchen los testimonios de las personas acusadas, los de las que fueron acusadas injustamente, los de personas que hasta han sido torturas, y mostrar qué es lo que se estaba tratando de ocultar”.
Hay fuertes hipótesis en relación con lo que pudo haber ocurrido, que podrían salir a la luz en un juicio oral, recalcó el presidente del Grupo de Trabajo.
Y consideró que cuando salen a la luz los hechos “y uno los ve en el contexto de un juicio en donde la calidad de la información es pública, al ser contradictoria entre las defensas y las partes acusadoras, tal vez pueda arrojar luz sobre dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Tiene que haber muchos juicios públicos y orales, uno por Ayotzinapa y un juicio por cada uno de los miles de casos, agregó.
De acuerdo con Hazan, ha habido ciertos avances en la materia, como la Ley General contra la Desaparición Forzada, que “es una ley ejemplar”. Y aseguró que si el Estado mexicano implementara esta ley de manera exitosa podría ser “un espejo” para muchos países del mundo, porque tiene un caudal de desapariciones.
“La complejidad y la magnitud del problema es tan grande que si realmente trajera buenas soluciones sería de gran ayuda para otros países”, sostuvo.
“Es difícil encontrar una ley tan buena como la mexicana, donde además sabemos que hubo una fuerte participación de los familiares, de la sociedad civil, ha sido un ejemplo’.
Sin embargo, agregó que “lo que hace falta ahora es implementarla con velocidad, con muchos recursos, con participación de las víctimas. Hay que implementar esa ley con acompañamiento de las víctimas que tienen experiencia y que, como decía antes, hay que ganarle a la impunidad.
“Y la ley también tiene herramientas para ellos por la creación de fiscalías especializadas, lo que hace falta es empezar a ver resultados”.
Finalmente, alientó a los familiares de las víctimas de desaparición a acercarse tanto al Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada como al Comité contra Desaparición Forzada, ambos de la ONU, integrados por expertos independientes que revisan cada caso a cabalidad y se comunican con el gobierno en curso sobre casos urgentes o que tienen larga data, pero siguen sin resolverse.
Explicó que los casos anteriores a la entrada en vigor de la Convención contra Desaparición Forzada, ratificada en diciembre de 2010, van al Grupo de Trabajo, y los casos urgentes y más recientes deben dirigirse al Comité.
“México es el país con más alegaciones de desaparición forzada en el mundo, en el contexto del procedimiento de comunicaciones urgentes del Comité’’, reveló Hazan, y reiteró que la magnitud del problema en el país “es de dimensiones humanitarias” y sería un error tratar de minimizarlo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA SOTO MAYOR.
LINK: https://www.proceso.com.mx/618387/el-estado-mexicano-tiene-una-deuda-alarmante-con-victimas-de-desaparicion-forzada-onu