De acuerdo con una nota publicada por el periódico La Jornada, la adquisición no correspondió a una actividad sustantiva, registró pérdidas y además la empresa del Estado omitió información sobre dicha transacción.
Tras su análisis, la ASF recomendó iniciar un procedimiento administrativo contra los servidores públicos que autorizaron invertir en el astillero español, que era muy antiguo y se encontraba en una crisis muy severa.
De acuerdo con información difundida por Pemex en noviembre de 2013, el convenio buscaba una reactivación de la industria naval en España, que permitiría desarrollar capacidades en el mediano plazo para la construcción de buques especializados en México. Sin embargo, esta iniciativa habría generado pérdidas a la empresa estatal por 50 millones de euros.
Asimismo, se indicó que Pemex no proporcionó información sobre la compra y venta de dos floteles (Cerro de la Pez y Reforma Pemex), transacción realizada por su filial PMI Norteamérica y cuya construcción había sido encargada a Hijos de J. Barreras, por cláusulas de confidencialidad negociadas entre partes privadas.
Sin embargo, de acuerdo a la ley, PMI Norteamérica no es una entidad de derecho público, por lo cual no puede llevar a cabo operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales.
Además, la ASF aseguró que no se proporcionaron las actas de entrega-recepción de los dos floteles, por lo que no fue posible constatar que dichas unidades cumplieran con las características establecidas en las licitaciones que emitió Pemex Exploración y Producción.
El pasado 30 de enero, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que buscan negociar opciones con potenciales compradores para recuperar la inversión realizada en dicho astillero por 50 millones de euros, así como su garantía de ocho millones de dólares.
FUENTE: SIN EMBARGO/ECONOMÍAHOY.MX.
AUTOR: REDACCIÓN/.
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