El 97 por ciento del dinero fue utilizado para el pago de servicios personales (7.2 mil mdp) y servicios generales (2.7 mil mdp).
Dentro de los servicios generales la FGR reportó gastos por arrendamientos (533 mdp) y servicios básicos como agua, luz y teléfono (387 mdp), así como erogaciones en viáticos (200 mdp), comunicación social (484 mil pesos) y eventos oficiales (298 mil pesos).
Dicha partida presupuestaria también incluyó 3 millones 426 mil 72 pesos en servicios de parques temáticos de diversión para celebrar los días del Niño y de Reyes, además de 2 millones 879 mil 300 pesos para la realización de un evento del Día de la Madre, a los que se suma 1 millón 614 mil 534 pesos en suministros para la adquisición de vales de despensa para días festivos.
Aunque el gasto en parques de diversión y días festivos sólo representa el 0.1 por ciento del gasto ejercido al tercer trimestre del año pasado, su proporción es 20 veces mayor al presupuesto del programa de solución “amistosa” (sin proceso judicial) de controversias en materia penal federal (380 mil 263 pesos), o a la mitad de los recursos destinados a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la FGR (13.7 mdp) en 2019.
El gasto de recursos públicos contrasta con la política de Austeridad Republicana del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en un momento en que la Fiscalía vive un proceso de transición para mejorar el Estado de derecho en México, donde cada peso gastado cuenta para fortalecer la impartición de justicia, a través del rediseño institucional y operativo de la FGR.
De acuerdo con la organización México Evalúa, la FGR tuvo un “desempeño limitado” durante 2019, en términos de autonomía, desarrollo institucional y desarrollo normativo.
“México Evalúa observó que en el proceso de transición –de la PGR a la FGR– no se ha implementado el Plan de Persecución Penal provisional ni se han logrado reducir los altos índices de impunidad: la efectividad en la resolución de los casos es de sólo 7.6 por ciento”, se lee en el informe del “Observatorio de la transición 2019”.Acerca del presupuesto, la organización indicó que la FGR “ha operado con un modelo que replica algunos vicios del sistema anterior”, y que “la evaluación sobre la autonomía presupuestal de la FGR fue negativa, pues no se favorecen las condiciones para una adecuada programación y asignación del presupuesto en las diversas unidades que la conforman”, dado que el presupuesto de la Fiscalía depende de la Secretaría de Hacienda y de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“Mientras el proceso de programación y asignación del presupuesto se encuentre sujeto a la decisión del Poder Ejecutivo correspondiente, el desempeño de las instancias de procuración de justicia puede verse limitado –e incluso manipulado– por intereses políticos y económicos”, refirió México Evalúa.
De acuerdo con la organización de la sociedad civil, “para garantizar la autonomía e independencia de la función fiscal es condición necesaria que su actuar no se encuentre sujeto al arbitrio de otro poder o institución, y que la pugna por recursos presupuestales no pueda ser un inductor de cambio o un castigo”.
EL GASTO POR CONTRATO
De acuerdo con el “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” del Gobierno federal, prohibir las adjudicaciones directas es uno de los propósitos sexenales para lograr “un combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo”.
La Ley Federal de Austeridad Republicana –que entró en vigor en noviembre del año pasado– también refiere que “las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas”, y que las excepciones “deberán estar plenamente justificadas” (Artículo 8, segundo párrafo).
Sin embargo, la realidad en la Fiscalía General apunta otra cosa.
La FGR celebró al menos 500 contratos en 2019 por un monto de 2 mil 221 millones 739 mil 868 pesos, así como cinco contratos en los primeros días de 2020, por un monto conjunto de 872 millones 193 mil 116 pesos.
El 58 por ciento de los 505 contratos reportados en la plataforma de compras gubernamentales CompraNet fue adjudicado de manera directa. Ello implicó que el 66 por ciento del dinero ejercido –equiparable a 2 mil 27 millones 78 mil 478 pesos– fue otorgado sin concurso público de por medio.
Al contrario, sólo la tercera parte de los contratos fue otorgado a través de un procedimiento de licitación pública; o bien, sólo el 30 por ciento del gasto ejercido por contrato –equivalente a 925 millones 476 mil 5 pesos– fue otorgado por concurso público.En cuanto al ejercicio presupuestario por objeto de gasto se refiere, las cifras oficiales indican que el 75 por ciento de los recursos fueron utilizados para el mantenimiento y reparación de maquinaria y de bienes muebles, inmuebles e intangibles (956 mdp), así como para la adquisición de boletos aéreos y terrestres para funcionarios públicos (785 mdp), el pago de servicios básicos (335 mdp) y seguros patrimoniales e individuales (256.4 mdp).
Además del dispendio en eventos para días festivos y parques temáticos, la FGR tuvo registro de dos contratos: uno por 16 mil 58 pesos relacionados con la compra de “flautas escolares Soprano”; y otro correspondiente a la compra de “útiles escolares de primaria y secundaria” por 1 mil 186 pesos.
También destacaron los contratos para vales de despensa de “fin de año” (62.3 mdp), para pensión y estacionamiento de vehículos oficiales (1.7 mdp) y para la compra de “medallas y estuches” (1.1 mdp).
Para poner en contexto el peso de algunos de estos gastos, cabe destacar que el ejercicio en vales de despensa para fin de año de 2019 fue equivalente al 84 por ciento del presupuesto total anual de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de acuerdo con lo establecido en el “Análisis Funcional Programático Económico” de la FGR que está contenido en el PEF 2019.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: https://www.sinembargo.mx/01-02-2020/3720534