Las quejas administrativas y las sanciones –como proporción del número de expedientes ingresados en los juzgados– aumentaron nueve y 44 por ciento entre 2016 y 2019, de acuerdo con cifras por cuatrimestre del TSJCDMX.
En ese mismo periodo hubo registro de al menos un magistrado, 13 jueces, 105 secretarios y 51 funcionarios públicos más que fueron castigados por faltas administrativas o por la comisión de algún ilícito.
La causa más común de sanción en los últimos nueve años fue el incumplimiento de Ley. La información pública disponible refiere que el 64 por ciento de las multas y castigos en contra de servidores públicos fue ocasionado por dicha razón. El resto de las sanciones fue causado por omisiones administrativas o en declaraciones patrimoniales (32 por ciento), así como por errores o irregularidades administrativas (cuatro por ciento).
Entre 2011 y 2019, el tipo de sanción más común (48 por ciento de los casos) fue la amonestación escrita, pública o privada. A ella siguieron el apercibimiento público o privado (25 por ciento), multas (17 por ciento), inhabilitación temporal (ocho por ciento) y suspensiones definitivas y temporales (dos por ciento).Tan solo el año pasado, las cifras preliminares indican que hubo sanciones disciplinarias para cinco jueces, 37 secretarios y 15 funcionarios más.
De los jueces sancionados, cuatro –Benjamín Armando Avilés Plazola, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, María del Rocío Martínez Urbina y Oscar Nava López– recibieron una amonestación por incumplir la ley vigente, y uno más –Julia Ortiz Leandro– recibió una advertencia o apercibimiento por una omisión administrativa o patrimonial.
Pese a las quejas y testimonios que acusan la existencia de redes de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias en el máximo tribunal capitalino, el presidente del TSJCDMX Rafael Guerra Álvarez aseguró en mayo de 2019 que no hay jueces, magistrados u operadores corruptos en la dependencia pública y que de haberlos, está garantizado que el problema “sí se va a atacar”.
DEBILIDAD EN EL TRIBUNAL
Hay dos elementos básicos, que no se excluyen entre sí, para entender la prevalecía de algunos vicios al interior del Tribunal Superior capitalino, dijeron a SinEmbargo fuentes al interior de la dependencia local.
Por un lado, existen problemas sistemáticos —corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, entre otros— que dependen de una “red de magistrados, jueces y consejeros con pleno acuerdo para delinquir o doblar las reglas”; y por otra parte, hay una “estructura gerontocrática” —sobre todo en las magistraturas— que lo permite al impedir la rotación de talentos nuevos y así, “la renovación constante del Tribunal”.
A estos dos elementos se suma uno de carácter administrativo-funcional, ya que según las fuentes consultadas, también existen disfunciones en el Consejo de la Judicatura capitalina.
Acerca del Consejo, las fuentes indicaron que a pesar de que el órgano “inquisitivo” con “características de juez y parte e investigador” –porque el presidente del Tribunal es el presidente del Consejo– es “bueno desde el punto de vista administrativo ya que en lo jurisdiccional no intervine”, su capacidad de reacción ante presuntos casos de corrupción y parcialidad judiciales es “limitada”.
De acuerdo con Aguayo y su defensa legal, la demanda en proceso es “absurda” porque implicó la injerencia de un juez –Francisco José Huber Olea Contró– en conflicto de interés, un político priista –Moreira– que goza de protección en la Ciudad de México y una serie de contradicciones legales que permiten el hostigamiento en contra de la prensa crítica o independiente.
En entrevista con este medio digital, el abogado Héctor Beristain Souza explicó que en la capital del país la impartición de justicia puede ser como un volado, ya que en su experiencia profesional le han tocado buenos y malos juzgadores.
Para el defensor de Aguayo, “es como un poquito de extremos: o te tocan muy buenos [juzgadores], o de plano muy malos o con decisiones dictadas al margen de la ley”. Al respecto, añadió que en la Ciudad de México hace falta un Consejo de la Judicatura “realmente independiente, que tome decisiones fuertes, porque tal parece que se mueve el Consejo de la Judicatura solamente cuando hay presión política, o cuando hay línea”.
Beristain también refirió que a pesar de no haber pruebas contundentes, “el resultado de las quejas que se presentan constantemente no hacen nada [contra] jueces y magistrados involucrados en temas de corrupción”. Por ello, urgió la necesidad de implementar “sanciones más ejemplares y requisitos más amplios para ser Juez y Magistrado de carrera”, además de mantenerlos en constante vigilancia, ya que “están como muy sueltos y muchos hacen lo que se les pega la gana, de verdad”.
Además de las fallas en el Consejo de la Judicatura local, las fuentes consultadas al interior del TSJCDMX ejemplificaron la capacidad de los magistrados para hacer y deshacer a voluntad, inclusive al margen de la ley, con acciones como la creación de la Contraloría Interna del Tribunal, que es un “organismo ilegal” porque sus atribuciones son responsabilidad inalienable de los magistrados conforme a derecho, no obstante que la hayan delegado de manera ilícita y sin consecuencias negativas para ellos.
JUSTICIA PARCIAL EN LA CDMX
El caso de “acoso judicial” en contra del académico Sergio Aguayo es uno de muchos casos de impartición de justicia parcial en la Ciudad de México.
Otro ejemplo de ello fue el proceso judicial en torno al homicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaón, quien fuera asesinada por su ex esposo Juan Carlos García, el 25 de noviembre del año pasado.
Cinco días después del homicidio doloso, la presidencia del TSJCDMX dio a conocer que los jueces de control Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz fueron suspendidos –no cesados– por actuar con presunta parcialidad a favor de García, con la finalidad de reclasificar el delito que lo mantenía en la cárcel para regresarle su libertad.
“El Poder Judicial de la Ciudad de México se suma a la indignación social y ratifica su compromiso de actuar con perspectiva de género y contra toda violencia contra la mujer, sin menoscabo de la independencia judicial y la autonomía de las y los juzgadores”, se lee en un comunicado firmado por el presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez.
Además de los casos de Aguayo y Pérez, una situación que dejó en duda la autonomía y el prestigio del Poder Judicial capitalino fue la acusación (2020) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en contra del ex presidente del Tribunal Superior (2008-2017) Edgar Elías Azar.
De acuerdo con el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ex Magistrado contaba con ingresos anuales de 78 millones de pesos por la renta de inmuebles cuya procedencia no es clara, ya que su posesión no corresponde con los ingresos del litigante como funcionario público durante más de 51 años de servicio.
También estuvo la situación de Nasly Tapia Rosas, quien lleva un proceso de juicio de controversia familiar por guardia, custodia y pensión alimenticia de un bebé de dos años tres meses, desde principios de 2019.
Hasta el momento, Nasly lleva más de un año sin ver a su bebé porque su ex pareja Israel Alvarado Martínez, quien fungió como ex consejero del Tribunal Superior de Justicia entre 2008 y 2013, se lo llevó en medio de un proceso “plagado” de conflictos de interés y tráfico de influencias.
En entrevista con SinEmbargo, Nasly refirió que el año pasado su ex pareja se llevó a su hijo. El mismo día en que se lo llevó, Israel la habría denunciado por violencia familiar –sin pruebas que acreditaran el acto– ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, para justificar la custodia del bebé.
A pesar de que la demanda por violencia “no trascendió y [que] la carpeta de investigación se fue al archivo”, según Nasly hubo “mano negra” de las autoridades a favor de Israel.
En la Procuraduría, por ejemplo, la subprocuradora de atención a víctimas Nelly Montealegre Díaz, que es la “mejor amiga” de Israel, de acuerdo con Nasly, “le puso gente para que tomaran su declaración, y después, esa denuncia, con un testigo singular y aislado porque no hay pruebas, va al Juzgado Familiar 37 donde el Juez José Antonio Navarrete Hernández, que también es su amigo, le asigna un número de expediente sin pasar por Oficialía de Partes, que es lo común para que se asigne un turno y caiga con un juez”.
Dado que el Juez Navarrete ya tenía conocimiento del expediente bajo el que su ex pareja tramitó una “terminación de concubinato”, por antecedente, el expediente fue remitido para proceso en el Juzgado 37. Acto seguido, el 11 de enero de 2019, Navarrete le dio la guardia y custodia provisional a Israel, sin que Nasly fuera notificada.
“El Juez, en ese acto, dice que como hay una carpeta de investigación por violencia familiar en mi contra, como juzgador por actos de buena fe, le da la guardia y custodia cuando ni siquiera es una carpeta con vinculación a proceso, o con una sentencia en mi contra. Sólo incluye su dicho singular, y con eso le dio la guardia y custodia” a su ex pareja Israel, explicó la madre del bebé con Alerta Amber.
Tres días más tarde, el 28 de enero, Nasly presentó un recurso de recusación para separar a Navarrete del caso. Sin embargo, el Juez mandó el recurso a Oficialía de Partes, que a su vez le notificó a ella que su trámite no era procedente porque el expediente no existía. Como consecuencia, las autoridades determinaron que hubo una “burla del turno”; es decir, una anomalía procesal.
A partir de allí, Nasly presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura. De acuerdo con ella, dicho órgano le impuso una multa de más de 7 mil 900 pesos al Juez y a cinco abogados, sin que hasta la fecha fuera ejecutada o saldada.No obstante y debido a las inconsistencias, el año pasado el Juzgado 37 declaró nulo el proceso a favor de Israel, por lo que hasta ese momento sólo quedaba viva la demanda que Nasly había presentado ante el Juzgado 28 Familiar.
Pese al progreso, dijo Nasly, en dicho juzgado “está una Juez que, por órdenes de una Magistrada de la Primera Sala” que conoce a Israel, “le dio línea para que no avanzara el asunto. Desde febrero que se declaró nulo, hasta noviembre que se excusó la juez por una denuncia de negación de servicio público, no hubo mucho avance en la demanda” con todo y a que Nasly consiguió un emplazamiento para que su ex pareja se presentara ante tribunales.
Hasta el momento ya fue ordenada la búsqueda y localización de Israel y del bebé de Nasly, pero “hay mucha mano negra” ya que cuatro de los seis consejeros que hay en el Tribunal son amigos de Israel.
En lo que se resuelve el proceso, Nasly –quien labora en la Séptima Sala Penal– continúa sin saber el paradero de su hijo, e incluso, ha recibido amenazas de fabricación de delitos en su contra, a no ser que desista del caso.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EFRÉN FLORES.
LINK: https://www.sinembargo.mx/05-02-2020/3721612