En esta industria, conformada por más de 8 mil empresas y 600 mil empleos directos, destaca la presencia de varios ex funcionarios que estuvieron a cargo de la seguridad pública durante los últimos 20 años. El mercado es fructífero y la demanda de protección y servicios de seguridad aumenta en un entorno en el que cada quince minutos es asesinada una persona, de acuerdo con los números oficiales.
“Este sector ha crecido mucho, [sus empresarios] no estarían interesados en que la violencia se resuelva, porque un país seguro no sería negocio para ellos”, dijo Ricardo Ravelo, experto en tema de seguridad en entrevista con SinEmbargo.
El analista precisó que no quiere decir que el sector sea el que detona la violencia, sino que es la inseguridad la que le resulta conveniente.
“Entre más inseguridad tiene un país, mayor es la posibilidad de negocio, de riqueza y de poder que ellos puedan generar, de tal manera, a quienes menos les conviene un país seguro, es a los empresarios de la seguridad”, agregó.
LA PUERTA GIRATORIA
La incursión de ex funcionarios así como directores de seguridad en las empresas de seguridad privada es una práctica que se “ha normalizado”, pero en la oscuridad, pues la participación de ex servidores públicos en estas compañías no es transparente, porque constituyen sus empresas con prestanombres y porque son pocos los contratos en los que se da información, escudándose bajo el argumento de “temas seguridad”.
Hay casos conocidos de funcionarios que se encargaron de la seguridad en México y que, después de concluir sus periodos en el Gobierno, decidieron ofrecer servicios en el sector de la seguridad privada, con consultorías o asesorías.
Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y el asesor Facundo Rosas, son algunos de los ex funcionarios de seguridad que, de acuerdo a documentos y fuentes periodísticas, aprovecharon la puerta giratoria para pasar de un puesto público al sector privado en la misma materia. Algunos fueron contratados por empresas, otros se presentaran como sólo como asesores y otros se hicieron las propias. El ejemplo más claro de esto último, es García Luna, hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
Para Ravelo, la mayoría de los funcionarios que están en áreas de seguridad pública también son parte de empresas de seguridad privada.
“Al mismo tiempo que despachan como funcionarios ofrecen servicios de seguridad a través de sus empresas, sacando provecho de las relaciones que logran hacer a nivel político, es decir, hacen una doble función: son funcionarios y al mismo tiempo empresarios”.
Explicó que la razón por la que la mayoría, al terminar sus periodos al cargo, se van a la iniciativa privada es porque adquirieron buenas conexiones y relaciones en el sector o bien porque las empresas son de su propiedad. Añadió que también hay casos donde personajes ya vinculados con empresas de seguridad privada entran después a cargos públicos.
Para evitar la fiscalización, detalló el especialista, la mayoría constituyen y mantienen a sus empresas con prestanombres, a través de familiares, amigos, socios.
“Como en el caso de García Luna que tienen intereses en empresas de seguridad privada, y cuando llegan al poder como titulares de seguridad pública, benefician a sus empresas con contratos, con asesorías a estados, que a través de sus relaciones políticas logran tener una doble función.
La UIF identificó que, durante el sexenio de Calderón, en 2011, se creó una empresa en Panamá y previo a ello, en 2008, García Luna adquirió de un software de espionaje de la Secretaría de Seguridad Pública, “y siguió utilizando el software más allá de las instalaciones de la SSP. Se usó un bien público para una empresa privada”, explicó Santiago Nieto.
Además, la UIF identificó recursos provenientes de la Tesorería de la Federación por un millón de pesos y de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2017 y 2018 por dos mil 623.4 millones de pesos y 77.7 millones de pesos a las empresas de García Luna.
En el caso del Gobierno capitalino, encontraron que en 2017 se realizó una transferencia por 31.1 millones de pesos desde la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, empresa dirigida por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Adamantium recibió por lo menos 24 contratos públicos federales por un monto total de 510 millones 470 mil pesos a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto. En el caso de Facundo Rosas, a él solo se le ha relacionado como asesor de seguridad en Puebla.
Para el especialista en seguridad, Ricardo Ravelo, es necesaria una mayor más vigilancia y fiscalización a los aspirantes a cargos públicos, “que se investigue bien los antecedentes de cada aspirante a servidor público, que se investigue si son empresarios, y bueno, no están exentos de participar como funcionarios, pero que al entrar tienen que dejar las empresas”.
También consideró que frente a la expansión de empresas de seguridad privada y violencia, se están generando las condiciones con la intención de privatizar la seguridad pública en México.
“Todo está encaminado a ir demostrando que el Estado mexicano no puede resolver el problema, y lo que más les convenga es que la seguridad publica esté en manos privadas. Ya se ha hablado, que es un proyecto que viene, no sé qué tan cerca o lejos, que en México se va a privatizar todo, dado el fracaso del estado mexicano, se van a privatizar las cárceles, los servicios de seguridad pública porque el estado no puede con el problema”, expuso.¿DE CUÁNTO ES EL NEGOCIO?
El Gobierno federal se hizo cliente de las industrias de seguridad. De acuerdo con los números de Compranet, base de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la que están los contratos celebrados por año.
Una revisión hecha por SinEmbargo arrojó un total de 412 contratos con empresas de seguridad privada por los servicios de protección, custodia, vigilancia, seguridad en bienes e instalaciones y vigilancia intramuros.
En esas bases de datos destacan como los principales contratantes del servicio de seguridad subrogada el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Los 412 contratos celebrados de 2010 a 2018, fueron por 2 mil 359 millones 043 mil 414 pesos y los números muestran que la demanda fue en aumento año con año.
En 2013 se celebraron 59 contratos, para 2014 bajó a 35. En 2015 de nuevo resultaron de la búsqueda 59 contratos, en 2016 fueron 44 y para 2017 subió a 107 y luego a 108. El crecimiento de la demanda de 2013 a 2018, que abarca la administración de Enrique Peña Nieto, fue de 83 por ciento.
Pero en la base de datos de Compranet no están reflejados todo los contratos, esto porque por solicitudes de información se puede acceder a gastos de las principales secretarías para cubrir sus necesidades de seguridad. Por ejemplo, en Compranet no están registrados los gastos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o de Petróleos Mexicanos (Pemex), que contrataron empresas privadas para la seguridad tanto de sus oficinas en Ciudad de México como de sus delegaciones en los estados.
De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del Inegi, hasta el año 2016 se tenían registradas 4 mil 102 empresas de seguridad privada; en tanto que en 2015, había 3 mil 990.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
LINK: https://www.sinembargo.mx/03-02-2020/3721709