En 2004, en el sexenio de Vicente Fox, con la creación del Seguro Popular comenzó la precarización laboral de ese sector. Ahora con el cambio de modelo, este movimiento médico –con la consigna ¡Justicia e Igualdad Laboral, Bases para Todos!–, demanda que el Insabi corrija los daños laborales que les ocasionó el sistema anterior.
El pasado 29 de enero el doctor Gabriel Pérez, de la unidad de niños quemados del Hospital Pediátrico Tacubaya, subcontratado desde hace cinco años y, por lo tanto, sin todas las prestaciones de ley, se unió a la protesta de decenas de trabajadores de la Secretaría de Salud federal y secretarías estatales afuera de Palacio Nacional, con el lema: “¡Bases para todos ya!”.
“Los médicos no estamos siendo tomados en cuenta en la reforma al sistema de salud. Esa reestructura estará incompleta si no incluye a quienes recetamos, a quienes vemos a los pacientes. Si no incluye a los trabajadores, estará destinada al fracaso”, sentencia Pérez en entrevista.
Ese día él y otros médicos, enfermeras y trabajadores sociales entregaron un pliego petitorio a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Salud para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades y un censo nacional para la basificación del ciento por ciento del personal de las instituciones de salud, que incluya a trabajadores regularizados, formalizados, que cumplen suplencias e interinatos prolongados y no sólo a los contratados por honorarios.
“No nos vamos a detener hasta conseguir nuestros derechos laborales. La lucha es por la salud de la población, porque no merece médicos desgastados, cansados, que tienen dos trabajos, sin dormir. Los hospitales hoy en día son comercios ambulantes… los compañeros y compañeras tienen que vender pinturas, comida, ropa, de todo”, cuenta el pediatra.
López Obrador prometió que antes de que termine su administración se basificará a 87 mil trabajadores que ahora cobran por honorarios; sin embargo no incluye a unos 200 mil subcontratados, regularizados o formalizados, dice el licenciado en enfermería y médico cirujano Fabián Infante, uno de los organizadores de la manifestación.
“La Secretaría de Salud modificó las condiciones generales de trabajo en 2007 y agregó estos membretes: formalizados y regularizados, pero eso no está previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces se está violentando. Todo esto es culpa del Seguro Popular y es momento de corregir, porque en apariencia tenemos algunos beneficios laborales, pero no tenemos acceso al ciento por ciento de las prestaciones de ley ni acceso a las condiciones generales de trabajo”, añade Infante, quien fue regularizado en 2007.
David Velasco, médico legista de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien trabaja en la unidad departamental de medicina legal y en reclusorios, dice a Proceso que se unió al movimiento con algunos de sus compañeros porque aproximadamente unos 300 médicos legistas, de un total de 536 a escala nacional, están contratados bajo un esquema de estabilidad laboral que si bien les da servicios de salud básicos, les impide el acceso a la atención de alta especialización o quirúrgica.
“Tampoco contamos con ahorro para el retiro, ahorro para la vivienda, no generamos antigüedad y todas las demás prestaciones. No tenemos seguro de riesgo, siendo que atendemos a personas detenidas que muchas veces tienen heridas sangrantes y estamos expuestos”, señala Velasco.
Personal médico y trabajadores sociales por honorarios del primer nivel de atención de la Ciudad de México, que pertenecían al Seguro Popular, acudieron a la protesta porque no se les ha pagado desde el 1 de enero, cuando se creó el Insabi, y como todavía no se establecen las reglas de operación, no saben si serán absorbidos por este nuevo instituto. El último contrato que firmaron se venció el 29 de diciembre de 2019.
“Nos deben la primera y segunda quincena de enero y nos han comentado que tentativamente nos van a hacer un pago a finales de febrero… pero nosotros seguimos trabajando.
“La otra cuestión que nos tiene en la incertidumbre es el contrato temporal que se venía firmando cuando existía el Seguro Popular y que se renovaba cada mes o cada tres meses. Ahora no hemos firmado ningún contrato. Con el fin del Seguro Popular no sabemos a quién pertenecemos”, dice a la reportera un trabajador social de la jurisdicción sanitaria de la alcaldía Iztacalco, bajo condición de anonimato por temor a represalias.
13.5 egresados por cada mil habitantes
El pasado 13 de enero el doctor Vladimir Román –quien lleva varios años trabajando en una farmacia en la Ciudad de México ante la falta de oportunidades en el país para los médicos generales– escuchó que en la conferencia mañanera de López Obrador se hizo un importante anuncio: la creación de la Universidad de la Salud en la capital para formar a médicos que luego atiendan en las comunidades más alejadas.
Ese día, acompañado de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y quien encabeza el programa, López Obrador dijo que el país tiene un problema estructural de fondo: “Nos faltan médicos”.
“Es uno de los saldos negativos del modelo neoliberal, el apostar a la privatización de la educación, el imponer los exámenes de admisión como pretexto, usarlos como excusa para rechazar a los jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión porque no tenían presupuesto las universidades públicas”, explicó.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, repitió sin titubear que faltan médicos generales y enfermeras: “Esta universidad surge por una necesidad, que es la formación de profesionales de la salud”.
Por ello, afirmaron, además de la Universidad de la Salud en la capital, el gobierno puso en marcha 11 escuelas de medicina como parte del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez: en Tlalpan, en la Ciudad de México; Ocosingo y Venustiano Carranza, Chiapas; Juan R. Escudero, Guerrero; Chilchota, Michoacán; San Juan Bautista Valle Nacional, Santa María Jalapa del Marqués y San Pedro Pochutla, Oaxaca; Zinacatepec, Puebla, Ezequiel Montes, Querétaro y Ticul, Yucatán.
“Y tenemos que abrir más”, remató López Obrador.
La noticia no cayó bien en el Movimiento Médico Nacional, del que forma parte Vladimir Román y que surgió en los últimos meses del año pasado por la falta de plazas y condiciones laborales en el sector salud y por la poca transparencia del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), única vía en México que tienen los doctores para realizar una especialidad.
“Dice que no hay médicos generales en México. ¡Sobramos médicos generales!”, señala Román, quien forma parte de un fenómeno creciente de médicos que no tienen cabida en las instituciones públicas y se ven orillados a malbaratar su trabajo en consultas de 50 pesos en los más de 16 mil consultorios anexos a las farmacias del país.
“No tiene por qué producir más médicos, lo único que tiene que hacer es dar a los médicos salarios dignos y seguridad, y entonces se van a ir a la sierra, pero por 15 mil pesos mensuales nadie se va a ir a que lo maten de un machetazo”, añade.
Las cifras confirman que el problema del sistema de salud mexicano no es la falta de estudiantes de medicina o egresados. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud, en 2018 había 56 mil 326 estudiantes de medicina en el país, y según datos del Colegio Médico de México, cada año se gradúan unos 20 mil pero sólo 3% de ellos llega a trabajar en un hospital público.
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que en México cada año hay 13.5 egresados de la carrera de medicina por cada mil habitantes, lo que coloca al país entre las 16 naciones con mayor cantidad de ellos, por arriba de Alemania, donde anualmente son 12.0, y Suiza, 11.2.
En contraste, según datos de la OCDE, apenas hay 2.4 médicos en activo por cada mil habitantes en México, mientras que en Alemania son 4.3 y en Suiza 4.1. El más elevado en el ranking, que sólo toma en cuenta a países miembro de la Organización, es Austria, que tiene 5.2 por cada mil habitantes.
Además, en 2018 el Sistema Nacional de Información en Salud registró a 17 mil 413 médicos dedicados a labores ajenas a la medicina.
En México hay unas 187 escuelas donde se imparte la carrera de medicina, 82 de ellas son públicas, y en la Ciudad de México es en donde más hay: 18, nueve de las cuales son públicas, según datos de 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad.
“Mientras más carreras de medicina, más médicos, y más difícil será que ingresen al mercado laboral”, apunta el doctor Román.
El Movimiento Médico Nacional aglutina a diferentes organizaciones, como el “YoSoy08”, de médicos suplentes que después de una década siguen sin base en el IMSS; la Asamblea Nacional de Médicos Residentes y Transparencia ENARM.
Este último fue el origen del actual movimiento, luego de que el 29 de septiembre de 2019 un grupo de 200 doctores que concursaron para una de las 27 especialidades a través del ENARM, detectó que la prueba de este año contenía graves errores.
Para ellos era impensable que un examen de tal importancia y que tiene un costo de 3 mil pesos por persona tuviera errores ortográficos –como “embaraso” o “náucea”– o de contenido.
Ante ello, los médicos generales del movimiento piden que se reforme el proceso de selección de aspirantes y que se amplíe el número de plazas, pues cada año hay más de los primeros y el de las segundas se mantiene, pese a que desde hace 43 años el ingreso a una especialidad médica tiene como requisito principal haber sido seleccionado en el ENARM. Este año presentaron el examen alrededor de 49 mil personas y sólo se otorgaron 8 mil 500 plazas, lo que representa un rechazo de alrededor de 80%.
“El problema no son los médicos”
La Universidad de la Salud y las otras universidades del programa Bienestar Benito Juárez buscan dar solución al déficit de médicos en las zonas rurales del país, una de las principales preocupaciones del presidente, quien incluso ofrece un aumento salarial a los especialistas que trabajen en aquellas comunidades.
Pero para las doctoras consultadas el problema es más profundo y para que médicos generales y especialistas vayan a las zonas más apartadas tiene que destinarse más presupuesto, dotar a los centros de salud de las comunidades de los materiales y medicamentos necesarios y mejorar la seguridad de esos municipios, porque quienes han decidido brindar sus servicios en esos lugares muchas veces tienen que irse de ellos por las condiciones de riesgo que enfrentan.
“En mi caso no me dieron ni siquiera un baumanómetro o un estetoscopio, no había ni soluciones. En mi servicio social me exigieron atender emergencias sin equipo. Me llegaron pacientes con hipoglucemia grave y les tuve que dar galletas María para salvarles la vida; no me dieron materiales, no me dieron nada. Si tú estás en una zona rural y no le salvas la vida al paciente porque no tienes el material, los pobladores se enojan contigo y toman represalias”, narra la doctora Alma Díaz, de Mexicali, sobre su experiencia en el centro de Salud González Ortega de esa ciudad en 2018.
La doctora Genoveva Oseguera, egresada de la UNAM, cuenta que su sueño era dar consultas en las comunidades rurales y regresarles al menos “un poco de lo que la educación pública me dio”. Pero en 2016 se fue al servicio social a atender ella sola el centro de salud de la comunidad de Gerocoa, en Álamos, Sonora, y a los seis meses tuvo que irse de ahí, por su seguridad.
Una noche estaba a punto de dormir en su cuarto en el centro de salud de la comunidad, donde no había ni un policía, cuando fue hostigada por un grupo de narcos de la zona que entró al lugar y comenzó a hacer destrozos.
“La gente me decía: ‘¡No se vaya doctora! Ya no viva en el centro de salud, véngase a mi casa y yo la cuido, todos los días voy por usted y la traigo a mi casa para que no le pase nada, pero no se vaya, porque nos quedamos sin doctor’”, cuenta.
Este reportaje se publicó el 2 de febrero de 2020 en la edición 2257 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.
LINK: https://www.proceso.com.mx/616573/medicos-alzan-la-voz