Ni él ni sus principales colaboradores han sido investigados, procesados y juzgados, por los actos de corrupción que presuntamente realizaron cuando ostentaron el poder en el ejercicio del gobierno federal del año 2012 al 2018.
Con dos excepciones, evidentemente lo más delgado de la cuerda, como lo son Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, presa porque un Juez así lo determinó después de vincularla a proceso por el delito de ejercicio indebido de servicio público, cuyas omisiones habrían causado un daño al erario por arriba de los 5 mil millones de pesos, y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, prófugo por una causa penal en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, señalado de comprar una empresa, Agronitrogenados, causando un daño al erario, además de haber aceptado sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, no se investiga a otros “altos funcionarios” de la administración de Peña Nieto, la inmediata anterior a la del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque para este no sea la administración priísta la culpable de las condiciones negativas en que se encuentra el país, sino la anterior a esa, la encabezada hasta hace trece años por Felipe Calderón Hinojosa.
Enrique Peña Nieto y sus principales funcionarios, siguen en la impunidad.
Ya Presidente de la República electo, López Obrador dijo en una entrevista con la periodista Azucena Uresti, que le parecía que los compromisos de inicio de cada sexenio de combatir la corrupción eran “un circo”, en el cual terminaban investigando a “chivos expiatorios, siempre se deja con impunidad a los de arriba”, concluyó su frase, al tiempo que asumió su propio reto, “vamos a acabar con la corrupción política, que tenga que ver con el gobierno”.
Dos años antes, en 2017 cuando aún no se convertía en el candidato de Morena a la Presidencia de la República, también en una entrevista pero esta con el periodista Jorge Ramos de la cadena Univisión, declaró lo que se convertiría en un eslogan de su campaña y de su gobierno, “la corrupción es un problema que se da de arriba para abajo…”, y sancionó entonces: “Si el Presidente de la República es un corrupto, como Peña, los gobernadores van a ser corruptos”, sin embargo, en el mismo encuentro periodístico, López Obrador se negó a responder de manera directa, si iría por Enrique Peña Nieto. A la pregunta de si enjuiciaría al ex presidente respondió que eso no le correspondía a él, lo que sí dijo entonces es que habría, en caso de ganar las elecciones, Estado de Derecho, que no habría persecución, que si encontraban denuncias (en este entonces la Procuraduría General de la República estaba en el fuero del Presidente) se investigarían y habría justicia.
Pero no la ha habido. Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Jesús Murillo Karam, por mencionar algunos, siguen en la impunidad.
Como en todo gobierno pasado, en el actual los peces grandes no caen, los chicos sí.
Esta semana fue portada en el periódico Reforma el caso de la licenciada en derecho Judith Aracely Gómez Molano, un Juez la vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades.
Judith Aracely fue Oficial Mayor en la Procuraduría General de la República cuando esta institución la encabezó Jesús Murillo Karam, al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Y en 2013 fue ella, junto con el subdirector de Banobras (hoy trabaja en el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México) Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, quienes firmaron los documentos para la adquisición de un avión, a solicitud del entonces Procurador Jesús Murillo Karam, se entiende, a razón de 19.6 millones de dólares.
El avión, utilizado en la PGR para viajes del Procurador, es un Bombardier Challenger CL900 con once asientos para pasajeros, que tenía un valor real en el mercado de 16.4 millones de dólares, y que la FGR valuó en 14 millones de dólares.
Por supuesto que quien utilizó el avión, se supone, fue el ex Procurador Murillo Karam, y probablemente sus sucesores, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Elías Beltrán, quienes conformaron la cuarteta de Procuradores en el sexenio peñista.
Cuando la PGR se transformó en FGR (Fiscalía General de la República) y fue designado su titular, Alejandro Gertz Manero, por el Poder Legislativo, el abogado se encontró con una seria cantidad de irregularidades en la institución. Nómina inflada, compadrazgos en nombramientos, una policía corrompida, un ministerio público sin funcionar adecuadamente, sin una oficialía de partes, investigaciones mal realizadas, sin rigor científico, y muchos excesos para los altos funcionarios de la que fue la Procuraduría, entre ellos, vehículos blindados, 35 helicópteros y 17 aviones, uno, el avión de los 20 millones de dólares adquirido en la época de Murillo Karam.
Para que el caso de la abusiva compra del avión de Murillo llegara a un Juez, fue necesario que la propia Fiscalía General de la República realizara una investigación y presentara la denuncia por el daño patrimonial causado a la institución, en la audiencia de vinculación de proceso de Judith Aracely Gómez, el Fiscal del caso informó, “no se requiere una aeronave con ese lujo y confort para la persecución de delitos. Únicamente se utilizó para el traslado del entonces titular de la PGR, así como de sus colaboradores cercanos”, y la Juez determinó al momento de vincular a proceso a los dos ex funcionarios, que al momento de hacer la compra no tomaron en cuenta el “impacto costo-beneficio de la adquisición de la aeronave”, y el arrendamiento comprometió las finanzas de la PGR durante cinco años. Además, “se dijo que el avión tiene 11 asientos. Yo me pregunto si comprar 11 boletos en vuelo comercial no habría sido más barato que pagar más de 344 millones de pesos”.
A pesar que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los dos ex funcionarios, la Jueza decidió no concederla, pero sí imponerles un pago en garantía de 100 mil pesos y la restricción migratoria para que salgan del País.
Pero en todo caso, como en gobiernos anteriores, quienes están cayendo son los de abajo, no los de arriba, esos como dijo el Presidente López Obrador, siguen en la impunidad.
Rosario Robles está siendo juzgada por un caso que también hubo de llegar a la Secretaría de Hacienda para su activación, como debió suceder con la compra del avión de Murillo, pero el Secretario de Hacienda que fue con Peña Nieto, Luis Videgaray, no es investigado, a pesar que el abogado de Emilio Lozoya también dijo que todas las acciones en las adquisición de Petróleos Mexicanos que hoy son investigadas, fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda.
Si a Rosario Robles la investigan porque sus omisiones como titular de las Secretarías (y de su ex Oficial Mayor, Emilio Zebadua, quien permanece amparo para no ser aprehendido) causaron un multimillonario quebranto a las arcas federales, ¿por qué al ex Procurador no lo tocan por haber autorizado/permitido que su oficial mayor le comprara un lujoso avión a casi 20 millones de dólares? Por qué no investigan al ex Secretario de Hacienda, al ex Presidente que los coordinó a todos ellos.
Pero no, las investigaciones no han pasado del segundo nivel. No han llegado a Murillo Karam, no han llegado a Videgaray, mucho menos han tocado al ex Presidente Enrique Peña Nieto, a quien López Obrador en su momento calificó de corrupto, y cuya administración ciertamente plagada de actos de corrupción contribuyó al hartazgo electoral que llevó al triunfo al hoy Mandatario Nacional.
En México, tenía razón López Obrador en 2017, caen los de abajo, no los de arriba; y en su gobierno, el primero de Morena en el País, no se ha perdido ésta viciada tradición de impunidad a los peces grandes… hasta ahora ¿Les llegará el día?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: https://www.sinembargo.mx/12-02-2020/3729115