Luego de un centenar de pedidos de información, el equipo periodístico encontró que en los últimos nueve años se presupuestaron 30 millones de dólares para Servicios Periciales, pero la mayoría fue gastado de forma discrecional. De este dinero, los registros oficiales sólo tienen evidencia de una inversión de 8.9 millones de dólares en equipo tecnológico, apenas el 20 por ciento. También se comprobó que este recurso fue gastado de forma arbitraria por cuatro fiscales entre los años 2010 y 2018 en compras a sobreprecio, licitaciones simuladas, y adjudicaciones directas sin justificación.
Lo presupuestado exclusivamente para Veracruz durante un periodo de 9 años, es superior a lo que ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció para abatir la crisis forense del país. 21.5 millones de dólares que serán destinados para la creación de cinco institutos regionales forenses, que atenderán el rezago de 12 estados del país, y cinco cementerios forenses para cadáveres no identificados.
Al evidente desvío de recursos entregados para los servicios forenses en Veracruz, se sumaron otras anomalías: la violación de por lo menos nueve circulares, protocolos irregulares de identificación y búsqueda de desaparecidos que generaron un desorden en las fosas comunes del territorio, y la simulación en la integración de una base de datos genéticas.
La primera traducción de esta profunda crisis es el rastro doloroso que ha dejado para las familias de desaparecidos en Veracruz: Más de 2.000 cuerpos y 30.000 restos y fragmentos óseos sin rostros ni nombre, esparcidos en institutos forenses o enviados a fosas comunes sin los protocolos obligados para identificarlos, según registros oficiales.
Desde 2010, en plena guerra contra el narcotráfico, y hasta 2019, Veracruz ha registrado más de 8.000 muertes violentas según el Sistema Nacional de Seguridad, más de 3.600 desaparecidos (hasta 2016), y el brote de más de 400 fosas clandestinas, lo que rebasó los servicios forenses existentes.
Ante la situación llegó ayuda en 2013, cuando la Cruz Roja Internacional donó un sistema de base de datos basados en cuestionarios Ante Mortem (AM) -personas desaparecidas- Post Mortem (PM) – registros forenses de restos humanos no identificados-, como parte del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Pero la base de datos que donó la Cruz Roja se empleó hasta 2015 y con registros incompletos, lo que hace hasta ahora imposible su utilización para hacer cruces de datos e identificaciones positivas.
Asimismo la iniciativa Mérida, un tratado de colaboración entre Estados Unidos y México para abatir la inseguridad, también aportó recursos para que Veracruz certificara su sistema forense. Pero en el territorio, mientras la violencia crecía, los servicios forenses estaban siendo desmantelados.
Por ejemplo, hace más de seis años, la Fiscalía General del Estado programó más de 500 mil dólares para el proyecto ejecutivo de construcción de un servicio forense en el puerto de Veracruz, que nunca se construyó, porque la Secretaría de Finanzas no entregó el recurso federal a la Fiscalía.
En diferentes recorridos se pudo evidenciar el desmantelamiento forense que prevalece. Una visita, previo a la remodelación del servicio forense de Coatzacoalcos – que concluyó en enero de este año-, permitió constatar las instalaciones insalubres del lugar. Mientras en Acayucan se observó que el servicio forense está abandonado desde hace varios años, y desmantelado por criminales. A pesar de esto, la Fiscalía General lo cuenta entre sus servicios activos: entre 2018 y 2019, en donde afirma haber recibido y hecho 127 necropsias en ese sitio.
También, en un recorrido realizado para esta investigación se constató que en la región sur donde se ubican los municipios más violentos de la entidad: Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Isla y Acayucan, los servicios forenses son casi inoperantes. Una situación que se repiten en Isla, la ciudad de Veracruz, Boca del Río, donde la promesa de un nuevo semefo quedó a medias.
El registro sobre el mal uso de los recursos en Servicios Periciales se remonta a 2010, bajo el primer año de gobierno de Javier Duarte, cuando se detectaron compras a sobreprecio y adjudicaciones directas sin control. Los desvíos continuaron en 2015 y 2016 y entre 2017 y 2018, con el cambio de gobierno, del PRI al PAN, y la llegada de Jorge Winckler a la Fiscalía General que acaba de ser destituido definitivamente como fiscal de Veracruz.
Las fallas en los Servicios Médicos Forenses se detectaron desde 2014, cuando en documentos de la federación se registraron las graves fallas: falta de infraestructura, de personal capacitado, nula inversión. Pero las alertas otra vez fueron ignoradas por la Fiscalía de Veracruz.
Asimismo, a pesar de que entre 2011 y 2017, la Fiscalía de Veracruz firmó al menos nueve acuerdos y protocolos de actuación en el tema de desaparecidos, Entre 2010 y 2018, envió al menos 1.000 cuerpos a fosas comunes en cementerios municipales a lo largo del estado. El 80% sin una prueba de identidad, según informó esta misma entidad a través de diversas solicitudes de transparencia. Varias fiscalías regionales afirman que llevan hasta nueve años esperando pruebas genéticas de estos cuerpos.
La investigación también hace evidente el caos que se presenta a lo largo del territorio con las fosas comunes, que pasaron a ser clandestinas, por las deficiencias en el registro de inhumaciones. Al desorden de la fiscalía se sumó la complicidad de ayuntamientos, quienes permitieron el crecimiento desordenado de fosas comunes, sin reglamentos ni normativa en el número de cuerpos inhumados en sus terrenos.
La posibilidad de lograr identificar a todos los desaparecidos en Veracruz parece que nunca va a llegar. En 2011, se informó de la elaboración de una base de datos en el área genética para ser utilizada en los comparativos de perfiles para la identificación de personas. Esta promesa envejece desde hace ocho años.
La fiscalía informó que, hasta junio de 2019, tenía 4.851 perfiles: 1.162 perfiles genéticos de cadáveres no identificados, y 3.419 de familiares de desaparecidos. Es decir, tampoco cuenta con material suficiente para hacer confrontas que permitan la identificación de cuerpos.
Para los expertos forenses de la Cruz Roja Internacional, la crisis de identificación por la que atraviesa el país y Veracruz se tiene que resolver bajo un modelo especial.
“No estamos hablando de los desaparecidos de una guerra de hace 20 años, estamos hablando de que cada día se suman más desaparecidos y muertos, es una problemática abierta, al trabajo forense de identificación, se suma el día a día”, opina Jordi Raich, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La estimación de la Cruz Roja es que, creando mecanismos especiales, la identificación de cadáveres en fosas y cuerpos no identificados, puede tardar al menos 20 años.
INVESTIGACIÓN COMPLETA
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FLAVIA MORALES, EIRINET GÓMEZ.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/03/crimen-y-negligencia-la-crisis-forense-que-exploto-veracruz/