El PFTPG busca promover y fomentar condiciones para alcanzar “la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país; y de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género”.
En 2018, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los 327 millones 230 mil 590 pesos que le fueron asignados, se convirtieron en la aplicación de menos programas de los que se proyectaron; gastos sin facturas; se imprimió propaganda que no tenía qué ver con el programa; adjudicaciones directas sin justificar y computadoras y mobiliario que no aparecen.
Este programa funciona con tres modalidades; la I, que es con la que se busca incorporar la perspectiva de género en las acciones de la administración pública estatal; la II, que se va con las acciones a nivel municipal y de alcaldías y la III, que llega a la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.
En 2018, se benefició, con los recursos del PFTPG, a las 32 entidades federativas en la modalidad I, 520 municipios en la modalidad II y 31 entidades federativas en la modalidad III.
La ASF realizó auditorías al Inmujeres y a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Jalisco y México, para constatar que se efectuó el programa en los términos previstos.
LOS PROYECTOS Y EL DINERO
La auditoría hecha al Inmujeres detectó que de los mil 029 proyectos que ingresaron su solicitud a la Plataforma, sólo se validaron 583, de los cuales 32 proyectos corresponden a la modalidad I, 520 a la modalidad II y 31 a la modalidad III.
Son de los 520 validados para la modalidad II, que 8 proyectos no recibieron recursos debido a la “insuficiencia presupuestal” y 19 declinaron sus recursos por no cumplir con los últimos requisitos para la recepción de los recursos o por decisión propia.
En el balance no se cumplió con el porcentaje establecido para los proyectos. Esta situación se debió a que únicamente 42 Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) presentaron proyectos; no obstante, en las Reglas de Operación no se exceptúa, en ninguna circunstancia, el cumplimiento de los porcentajes establecidos. En consecuencia, la ASF consideró que la gestión de esos procesos presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que los regula.
También hubo problemas en el registro de las fechas, en la integración de la documentación jurídica y del proyecto, en las notificaciones de los proyectos rechazados y de los convenios; y en el respaldo anual de las asesorías y criterios definidos para su contabilización.
Y sobre de los informes de avances financieros, se presentaron deficiencias por el incumplimiento en los plazos y algunas inconsistencias de la información.
La auditoría al Gobierno del Estado de México, mostró que hubo una falta de dinero reintegrado a la Tesorería Federal por 101 mil 526 pesos, correspondientes a los rendimientos generados en la cuenta bancaria que la Secretaría de Finanzas estatal del ejercicio fiscal 2018.Sobre la integración de la información financiera, se encontró que faltó la documentación comprobatoria del gasto de una factura y los sellos de operado en toda la documentación presentada por la entidad fiscalizada. Además, se identificaron facturas que también carecían del sello con el nombre y año del programa.
El Gobierno tampoco realizó la difusión y presentación de los proyectos, resultados y productos mediante su órgano oficial de difusión y en su página oficial de Internet. Pero en cambio, se adquirieron lonas y folletos para la difusión del programa, pero sin las imágenes y frases establecidas por la normativa.
Por su parte, el Gobierno de Jalisco presentó insuficiencias en la transferencia de los recursos del programa ya que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (hoy, Secretaría de la Hacienda Pública), transfirió al Instituto Jalisciense de las Mujeres, el total de los recursos del Programa a la cuenta bancaria que fue abierta para la administración de los recursos de la modalidad II, no obstante que se disponía de cuentas bancarias por cada una de las modalidades.
En la evidencia del uso de los recursos, ninguna de la documentación comprobatoria de la modalidad I fue cancelada con la leyenda “Operado”; para la modalidad III, la documentación comprobatoria del gasto fue cancelada con la leyenda “operado recurso federal”, lo cual tampoco cumplió con lo señalado en la normativa vigente.
Por otro lado, se identificó que en el 72.2 por ciento de los servicios contratados para el proyecto de la modalidad III, la fecha de la justificación en la que se sustenta la excepción a la licitación pública es posterior a la del acta mediante la cual emitió su dictamen el comité de adquisiciones.
Finalmente, en la revisión física de los activos fijos adquiridos con recursos del PFTPG, no se localizaron físicamente tres lap top, “se desconoce su ubicación y tienen un valor de 38 mil pesos”, señaló la ASF.
La última auditoría se realizó al Gobierno del Estado de Oaxaca. Aquí, se identificó que la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (ahora Secretaría de las Mujeres de Oaxaca) “no cumplió diversos aspectos de la normativa, para efectuar la adjudicación directa de bienes y servicios”.
El mobiliario adquirido con recursos del programa, dos sillas de oficina no fueron inventariadas y estaban en desuso; un librero se encontró en uso, pero sin resguardo; y siete sillas secretariales y un librero se encontraron en la bodega de la entidad fiscalizada. Tampoco se proporcionó la documentación comprobatoria de la publicación en su órgano oficial de difusión o medio local, de los proyectos beneficiados, los resultados y los productos del programa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: https://www.sinembargo.mx/04-03-2020/3741342