Pese a los múltiples señalamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho el último año sobre corrupción en ese organismo, dedicado a financiar la vivienda de los trabajadores, en los hechos es imposible que una entidad externa al Infonavit revise su operación de los últimos dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha podido revisar ningún aspecto sobre el manejo financiero y de cumplimiento de la normatividad que rige al Infonavit, debido a que dos amparos y el consecuente proceso de apelaciones ha dejado en suspenso la facultad auditora respecto a su operación y administración de los recursos para vivienda, que forma parte del sistema de seguridad social.
En las últimas semanas el Infonavit cobró relevancia por señalamientos de corrupción que estaría relacionada con un cheque por 2 mil millones de pesos que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, entregó a López Obrador por cobros indebidos realizados por una empresa.
El origen de esos recursos no es claro, pero fue en columnas políticas donde se difundió que correspondían al Infonavit.
Sin embargo, la FGR rechazó –a consulta expresa de Proceso– tener una investigación abierta sobre el Infonavit o sobre su exdirector, el priista hidalguense David Penchyna Grub.
La búsqueda de información en la plataforma de la ASF tampoco arrojó resultados de auditoría con el organismo, una acción explicable en la suspensión de que goza como parte de los procesos que sigue para evitar que se le audite.
Resistencias administrativas
El peregrinar jurídico del asunto desembocó en la SCJN que está pendiente de asignarle ponencia a fin de que un análisis constitucional determine si el organismo está obligado a someterse a las acciones revisoras de la ASF o se debe mantener exenta de esa supervisión.
Con el argumento de que los recursos que administra son de los trabajadores, originados en las aportaciones de los patrones, el Infonavit, por conducto de su representante jurídico, Juvenal Lobato Díaz, sostiene que el dinero del fondo no es público, por lo que no tiene por qué auditarse.
El caso fue presentado el 10 de diciembre de 2018 en contra del interés de la ASF por revisar al Infonavit en relación a la cuenta pública de 2017, así como contra la Cámara de Diputados, que aprobó el Programa Anual de Auditoría en el que se sustentó la orden de la Auditoría Superior. Se añadiría después otro recurso para el Programa Anual de 2018.
Es decir, en la administración encabezada por López Obrador y cuatro días antes de que asumiera la dirección del organismo Carlos Martínez Velázquez, se inició la resistencia sobre la revisión al penúltimo año de gestión encabezada por Penchyna el sexenio pasado, a quien el actual presidente se ha referido en diversas ocasiones por sus excesos al frente del instituto.
Además, fue consejero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el sexenio pasado. En su gestión, el litigio contra la ASF ha sido intenso en dar continuidad a la negativa iniciada en la pasada administración.
Todo se inició cuando la ASF emitió un oficio, el 20 de noviembre de 2018, notificando al Infonavit –todavía bajo la dirección de Penchyna– que practicaría la auditoría 1717-DS como parte del Programa Anual aprobado por la Cámara de Diputados.
Aunque estaba a unos días de terminar su gestión, el equipo de Penchyna actuó de inmediato y en los siguientes días interpuso la demanda de amparo.
Un mes después, el 20 de diciembre, ya con Martínez Velázquez al frente del Infonavit, el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva que, a través de los diferentes recursos, se ha sostenido con la decisión de jueces y magistrados.
Eso obligó a la ASF a llevar el asunto a la SCJN.
AMLO insiste en señalar corrupción
Con la promesa de erradicar la corrupción, que desde hace años ofrece López Obrador, el Salón Tesorería de Palacio Nacional ha sido el marco de diferentes señalamientos sobre el Infonavit desde los primeros meses de gobierno.
La primera referencia es la del 29 de enero de 2019, cuando el mandatario reveló, sin mencionarlo por su nombre, que Penchyna ganaba 700 mil pesos mensuales, mientras miles de trabajadores no podían pagar su hipoteca.
Días después, el 8 de febrero, al presentar un programa para liquidación de créditos, el mandatario insistió:
“Ya se terminaron los lujos. Hace dos días informábamos que el que estaba en el Infonavit, ¿saben cuánto ganaba?: 700 mil pesos mensuales. ¿Ya lo escucharon? Se rayaba. Ya eso se acabó. Se bajaron los sueldos arriba porque estamos aumentando los sueldos de los de abajo”.
En ese mismo evento, Martínez Velázquez precisó que en 2018 Penchyna tuvo un ingreso bruto de 9.3 millones de pesos; esto es, 745 mil pesos mensuales, y anunció una reducción de su propio salario en 80% para quedar en poco más de 107 mil pesos mensuales.
El 19 de febrero, una vez más, el presidente se refirió al instituto: “estamos limpiando el Infonavit de corrupción, a pesar de que muchos de sus empleados están acostumbrados a actuar con prepotencia, con corrupción”.
Luego presumió que ya había detenidos por operaciones fraudulentas en el organismo.
En mayo siguiente se inició el proceso penal contra los exmagistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, así como contra los exjueces Baldomero Zamora, Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez.
Se les implicó en presunta colusión con funcionarios del Infonavit, quienes habrían cometido fraude contra 246 mil derechohabientes que perdieron sus viviendas entre 2013 y 2018.
Aunque Martínez Velázquez anunció días después que darían a conocer las condiciones del caso una vez que estuviera judicializado, hasta ahora no ha habido ningún informe al respecto y el resarcimiento del daño podría correr a cargo del Infonavit.
En octubre, otro escándalo puso en la discusión al Infonavit, cuando el diario Reforma publicó que los titulares del organismo el sexenio pasado, Alejandro Murat y David Penchyna, se obsequiaron bonos millonarios.
El primero, quien hoy gobierna Oaxaca, presuntamente se asignó 5.1 millones de pesos, mientras el segundo se asignó 7 millones.
Luego vinieron los señalamientos por la devolución de los 2 mil millones que, de acuerdo con el columnista Darío Celis, de Excélsior, la empresa Telra cobró de manera indebida al Infonavit. Hasta ahora la información no ha sido desmentida ni confirmada por la FGR.
Entre esos y otros casos, el pasado 23 de febrero, López Obrador asistió a la celebración por los 84 años de la fundación de la CTM.
Ahí reiteró su promesa: “vamos a limpiar de corrupción el Infonavit. Nada de construir en pantanos, nada de construir unidades en barrancas, nada de departamentos de 30 metros cuadrados, huevitos. Nada de eso. Nada de que el trabajador paga y paga y nunca termina de pagar”.
Cuentas pendientes
El pasado 20 de enero, Filiberto Villalobos Quintero obtuvo un amparo que, en síntesis, obliga al Infonavit a pagar la vivienda que perdió producto del fraude que tiene ahora detenidos.
La sentencia abrió la puerta a que los 246 mil afectados procedan del mismo modo, por lo que el impacto económico para el organismo es por lo pronto incalculable.
No es todo. En cuanto al caso de la empresa Telra, con los pagos confirmados y el señalamiento de Murat –quien dijo que la autorización la dio Penchyna, de acuerdo con una tarjeta informativa entregada a Proceso por la oficina del gobernador oaxaqueño–, el daño patrimonial presuntamente ascendió a 3 mil millones de pesos ejecutados durante el ejercicio fiscal de 2017; es decir, precisamente el año que la ASF se proponía auditar hasta el amparo.
Los alegatos del Infonavit observados en el expediente del caso consisten en la afirmación de que en su desempeño no maneja, custodia, controla ni administra recursos federales y que los recursos que maneja no son públicos.
Además, sostiene que las facultades de fiscalización, vigilancia y control financiero son competencia de sus propios órganos de gobierno. Es decir, convertido en juez y parte a la hora de supervisar los recursos que ejerce, el organismo intenta operar como entidad financiera privada.
La ASF opone a ese argumento que las aportaciones son contribuciones destinadas al gasto público en materia de seguridad social.
Además, que esas contribuciones, al integrarse al patrimonio del Infonavit, en numerario, servicios y subsidios del gobierno federal, “lo hace sujeto incuestionable de fiscalización”.
Los alegatos de una y otra parte son los mismos tanto en el mencionado amparo 1607/2018 como en el 97/2019, este último interpuesto contra la fiscalización del ejercicio 2018.
Los casos fueron radicados en apelación en el primer caso en el Octavo Tribunal Colegiado; el segundo, en el Undécimo Primer Tribunal Colegiado, ambos en materia administrativa del Primer Circuito; es decir, con sede en la Ciudad de México.
El Infonavit presentó su petición de atracción a la SCJN el pasado 13 de febrero, mientras que la ASF lo hizo 12 días después, el 25, y versa sobre resolver acerca de la procedencia del artículo 74 constitucional fracción VI, 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como por el artículo 123, apartado A, fracción XII de la Constitución.
Mientras la SCJN asigna ponencia y desahoga el asunto, el Infonavit permanecerá sin ser auditado por un órgano autónomo que determine si en su operación hay o no corrupción.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: https://www.proceso.com.mx/621547/auditoria-4t-infonavit-epn