Su casa está en la calle Martha Hernández Loza, en el cruce con Juárez, a tres cuadras del río Santiago –cauce que recibe todas las descargas tóxicas del corredor industrial Ocotlán-El Salto y uno de los ejes industriales más importantes del país–, el principal del estado.
Postrado en su cama desde hace más de tres meses a causa de la insuficiencia renal e infecciones en los ojos provocadas por las letales aguas de ese afluente, el pasado 5 de febrero Jonathan recibió la noticia de que es uno de los beneficiarios de las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado –en sus tres niveles de gobierno– proteja los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas, a raíz de la contaminación ambiental en el río Santiago y el lago de Chapala.
La protección también es extensiva a los habitantes de El Salto y cuatro poblaciones del municipio de Poncitlán, afectado por los desechos químicos que arrastran esas aguas.
Jonathan insiste en que la autoridad debe actuar ya, pues el 28 de febrero venció el plazo para que el gobierno atendiera las medidas cautelares de la CIDH y con ello mitigar el número muertes, enfermedades y contaminación en ese entorno. Hasta ahora, el gobernador Enrique Alfaro no ha respondido al organismo regional.
El cauce del Santiago es el más contaminado en el país y el segundo en importancia de la vertiente del Pacífico.
Dentro del corredor Ocotlán-El Salto se contabilizan al menos 300 industrias, con diversos giros como metalurgia, química y farmacéutica, metalmecánica, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas. Estudios y documentos oficiales y académicos revelan que la mayoría descargan aguas residuales que incumplen los parámetros que marca la norma.
Estadísticas mortales
Jonathan era asesor de servicio a clientes en una compañía aérea. Tuvo que renunciar cuando comenzó a sentirse mal. Pensó que su malestar era provocado por el estrés.
Su familia ha gastado alrededor de 100 mil pesos en análisis clínicos, pago a especialistas y compra de medicamentos y ahora se encuentra endeudada, desesperada, porque Jonathan no se cura.
Al principio le dijeron que se trataba de una infección; después, que era gastritis. Una biopsia dio positivo a la bacteria helicobacter, por lo que se sometió a tres tratamientos de 14 días cada uno. Le informaron que ya estaba eliminada… pero los vómitos continuaron.
Miguel Ángel Baltazar González, vecino de la calle Benito Juárez, a una cuadra de la plaza municipal y a tres del cauce del río, tuvo una sintomatología similar a la de Jonathan. Le dijeron que se debía al estrés laboral.
Hace 10 años le diagnosticaron hipoplasia renal. Cuando el especialista le preguntó a qué clínica pertenecía, Miguel Ángel –hoy de 30 años– respondió: “a la de El Salto, la número 5 del IMSS”.
El médico le comentó: “están viniendo muchos pacientes con el mismo problema. Es donde está el río Santiago, ¿verdad? No eres el único, ya son varios los pacientes”.
Miguel Ángel acaba de someterse a una hemodiálisis cuando recibe a la reportera. Confiesa que creía que la insuficiencia renal se curaba con pastillas o inyecciones.
“Pensé que en 15 días iba a estar bien, pero al darme cuenta de cómo es, se me vino el mundo encima”.
Durante la entrevista se percibe un olor fétido. Miguel Ángel y su familia comentan que así sucede todas las mañanas y todas las noches. “Quizá ya nos acostumbramos”.
Sentado en un sillón viejo, con voz pausada, Miguel Ángel relata que empezó a sentir mareos, dolor de cabeza, calambres muy fuertes en los pies y mucho vómito.
“Se me doblaban los pies, y me desmayaba por el dolor. Por eso decidí ir al médico”, asegura.
Su única esperanza es un trasplante de riñón. Tiene varios amigos y vecinos con insuficiencia renal. Unos siguen luchando por recuperar su salud; otros se quedaron en el camino. La mamá de Miguel Ángel comenta que en dos cuadras a la redonda han detectado 15 enfermos renales.
Las víctimas
Hace 10 años, durante la gestión del panista Emilio González Márquez, el entonces director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll, encargó un estudio a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para conocer las condiciones de salud de un grupo de 330 niños que vivían cerca del cauce del río Santiago.
La entonces presidenta de la mesa de padres de familia de la Primaria Urbana 627, Verónica Gómez Gutiérrez, quien tiene dos hijos que formaron parte de ese estudio, reclama que no les entregaron esa valiosa información que podría haber ayudado a conocer el porqué de sus padecimientos.
Toda su familia siempre ha vivido en Puente Grande, Tonalá. Su hijo, Noé García Gómez, de 22 años, sufre alergias de forma frecuente.
“No puede respirar, sus ojos se ponen rojos, se llena de ronchas”.El médico le recomendó retirar al joven de la fuente de contaminación.
La señora pide que saneen el río o lo entuben; también solicita apoyo económico para solventar los gastos médicos de toda su familia. Dice que a ella le detectaron una “bola, del tamaño de un frijol, en la cabeza” que le provoca cefaleas y la pérdida gradual de la vista.
Su hija Wendy, de 16 años, presenta un tumor en el ojo izquierdo, del cual ya ha sido operada en dos ocasiones. A su esposo le detectaron insuficiencia renal hace cinco años. Su mamá y una de sus hermanas están a la espera de conocer si tienen cáncer, mientras que su padre murió a causa de esa enfermedad.
Candy Virginia Padilla tenía nueve años cuando le hicieron el estudio en la Primaria Urbana 627. Vive a tres cuadras del río Santiago, en Puente Grande. A los 15 años le detectaron linfoma de Hodgkin y se le desataron muchas enfermedades, entre ellas la neumonía.
Tras dos años y medio de tratamiento ya está curada, pero debe estar bajo revisión constante. Aunque no achaca su cáncer al río, sí lo culpa de sus constantes neumonías.
Esmeralda García Reynoso, de 19 años, quien vive en la calle Nicolás Bravo, es otra de las alumnas incluidas en el estudio de la CEA. Durante algún tiempo padeció alergias y asma.
En tiempo de lluvias, relata, las calles de su colonia se inundan con las aguas negras provenientes del río. Hasta ahora ninguna autoridad les ayuda a limpiarlas: mucho menos les paga los daños a su menaje.
La reportera visitó El Salto, donde encontró a muchos jóvenes con enfermedades renales. Algunos de ellos estudiaron en la Primaria Urbana 59 Pedro Ogazón, junto al río Santiago.
Juan Carlos Díaz, de 30 años, recuerda que “la espuma” que venía en el caudal del río llegaba al patio del plantel donde estudiaba. Sin saber que era tóxica, él y sus compañeros jugaban con ella.
Dice que cuando tenía 20 años le detectaron insuficiencia renal crónica. Su padre le donó un riñón hace seis años. Pide a la autoridad el saneamiento del río, así como apoyo económico para todos los nefrópatas de la región. Entre ellos están Mayra Valladolid, de 28 años, y Diego Armando, de 26. Ambos reciben hemodiálisis, en espera de un trasplante.
La solicitud a la CIDH
El 18 de julio de 2019 los pobladores de Juanacatlán y El Salto, así como de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, ubicadas en el municipio de Poncitlán y cercanas al río Santiago, solicitaron el apoyo de la CIDH.
Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), se encargó de enviar el documento.
El Estado respondió el 6 de septiembre, pero minimizó los hechos. En octubre la activista presentó más información que demostraba el daño causado a las personas por las aguas contaminadas del río Santiago y el lago de Chapala.
El 7 de febrero la CIDH emitió la medida cautelar 708-19 (resolución 7/2020) a favor de los afectados que vivan hasta cinco kilómetros de la orilla río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de las cuatro localidades de Poncitlán, tras demostrarse que se “encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable”, según el documento.
Entre las pruebas entregadas a la CIDH se incluye la del menor Miguel Ángel López Rocha, quien hace 12 años murió intoxicado por arsénico al caer en las aguas del río Santiago.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco incluso emitió la macrorrecomendación 01/2009 sobre ese caso. La dirigió al gobierno del estado, a la CEA, al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y a 14 municipios.
A más de una década no ha habido ningún avance en las indagatorias. Persiste el olor putrefacto del río y las enfermedades siguen en aumento.
En 2016, Gutiérrez presentó un estudio de Greenpeace que demostró la presencia de contaminantes tóxicos vinculados a actividades industriales que causan cáncer, corroen la piel, perjudican a la reproducción humana y dañan el hígado y los riñones.
Ese estudio se hizo tras la instalación de una planta de tratamiento de aguas sólo de uso doméstico, no industrial.
Un dato que destacó la organización ambiental: la mayoría de las sustancias halladas no están sujetas a ninguna regulación bajo las normas mexicanas, “por lo que, aunque las aguas del río Santiago cumplieran con los parámetros oficiales, aun así podrían mantener altos niveles de toxicidad”, menciona el documento.
Aporta otro dato: el mismo año, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU visitó Jalisco y constató que el Santiago recibe descargas de más de 300 empresas en el corredor industrial Ocotlán-El Salto, y que hay dos macroplantas –El Ahogado y Agua Prieta–, en las cuales sólo se tratan aguas residuales domésticas, no industriales.
Los estudios de Idea
Para probar que van en aumento las enfermedades gastrointestinales, cancerígenas y respiratorias, así como insuficiencia renal, Idea, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, aportó una investigación realizada en 2017, según la cual niños y niñas de la comunidad de Agua Caliente tienen una prevalencia de albuminuria de tres a cinco veces más alta que los valores conocidos en la literatura especializada. Esa sustancia, según el estudio, es uno de los primeros indicios de daños en los riñones.
También se entregó un estudio similar, ahora aplicado a la comunidad de San Pedro Itzicán, que mostró la presencia de albuminuria en 75% de la muestra de niños y niñas evaluados. En esa comunidad se tiene documentado que entre 2003 y mediados de 2019 hubo 28 muertes por enfermedades renales crónicas.
Raquel Gutiérrez llevó otros dos estudios efectuados en 2019 en los que se detectó en menores de Agua Caliente la presencia de pesticidas, lo que afecta sus desarrollos cognitivos.
Asimismo, se incluyeron análisis científicos que probaron concentraciones de mercurio, sulfuros, cadmio y coliformes fecales muy por encima de la norma.
El 13 de febrero, en conferencia de prensa, Alfaro Ramírez declaró que toca a la federación responder a las medidas cautelares emitidas por la CIDH y calificó de “ocurrencias” los señalamientos de que las plantas de tratamiento no son la solución para la contaminación del río.
No obstante, dijo que su gobierno lleva a cabo acciones de saneamiento en Chapala mediante 19 plantas de tratamiento de aguas residuales. Comentó que en El Salto y Juanacatlán habrá tres plantas con capacidad de 52 litros por segundo, en tanto que ya operan dos plantas de aguas residuales, una en El Ahogado y otra en Agua Prieta, que contribuyen a sanear esos municipios.
Informó también que la CEA rehabilita nueve plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del río Santiago y que en 2019 publicó el “plan de Gobernanza y Desarrollo del estado de Jalisco”, con el tema especial “Recuperación Integral del río Santiago”.
Este texto forma parte del número 2261 de la edición impresa de Proceso, publicado el 1 de marzo de 2020
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA REZA M.
LINK: https://www.proceso.com.mx/620412/las-aguas-de-la-muerte-del-rio-santiago-en-jalisco