Al hacer un análisis de la situación que priva en el municipio y justificar que existe una “alteración grave del orden público”, el decreto firmado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 25 de marzo reconoce la presencia de las principales organizaciones criminales del país en la entidad.
“Fuentes de seguridad refieren que Los Zetas y Familia Michoacana, registran operaciones sólidas en los últimos años en Puebla”, sostiene el decreto, “mientras que Los Beltrán Leyva y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene algunas células criminales ligadas a éstos en la entidad, en municipios como Palmar de Bravo, Cañada Morelos, Ciudad de Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan”.
Agrega que Puebla capital representa “uno de los objetivos prioritarios” del CJNG en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana, ante el atractivo de ganancias económicas que genera la extracción ilícita de combustible o “huachicoleo”.
“…de consolidarse esta pretensión, sería una fuerte amenaza a la seguridad pública, al desarrollo económico y el turismo, al maximizarse la violencia, disputa de “plazas”, cobro de extorsiones y vulnerabilidad institucional a nivel local”, sostiene el gobierno de Barbosa.
En el escrito publicado en el POE, se advierte que en el ámbito de la seguridad pública, el Ayuntamiento de Puebla requiere una estrategia real y contundente, que contemple la depuración policial.
Añade que más allá de la incidencia de delitos comunes, en el municipio se han registrado ejecuciones, cuerpos abandonados, feminicidios, robos, “lo cual ha generado un contexto de inseguridad, totalmente perceptible para la sociedad y desfavorable a la acción institucional, lo que permite afirmar que la labor de prevención es prácticamente nula”.
Este decreto, se emite como parte de la confrontación que ha sostenido el gobernador Barbosa y la alcaldesa Claudia Rivera por el control de la seguridad del municipio.
La edil morenista presentó una Controversia Constitucional en contra de la determinación de Barbosa de nombrar a Carla Morales Aguilar como delegada de Seguridad Municipal, a la que ubica como parte del equipo de Ardelio Vargas, asesor del gobernador.
De acuerdo a Barbosa este decreto será presentado ante la Corte para justificar “la alteración grave del orden público” que se registra en Puebla capital y que da paso a que el gobierno estatal tome el control de la seguridad.
Contradicciones
Cabe señalar que antes de este decreto, el gobernador Barbosa había asegurado en diversas ocasiones que en Puebla no operaban los cárteles nacionales del crimen organizado, sino bandas locales.
De acuerdo a una revisión hemerográfica, el mandatario poblano insistió sobre esto en declaraciones que hizo el 19 y 26 de septiembre, el 10 de octubre, el 17 y 24 de febrero.
El 26 de septiembre, el mandatario explicó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado elaboró un mapa delincuencial de la entidad, en donde se identificó a los grupos, sus cabecillas y las formas y ámbitos en los que operaban.
Así, sostuvo que en Puebla había sólo grupos criminales locales cuyos líderes quieren asumirse como parte de cárteles nacionales como “Los Rojos” o el CJNG, pero que en realidad son “bandas pequeñas que intentan sembrar miedo”.
Igual, el 10 de octubre frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en Puebla “no hay presencia de cárteles, tenemos solamente algunas bandas locales”.
El 17 y 24 de febrero, Barbosa Huerta volvió a insistir: “aquí en Puebla no te puedo decir que tengamos noticias de un cártel nacional pero si te puedo decir que los grupos delincuenciales son tan violentos como los cárteles nacionales”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
FECHA: 26 MARZO 2020.
LINK: https://www.proceso.com.mx/623500/para-barbosa-ahora-si-operan-en-puebla-capital-los-zetas-cjng-familia-michoacana
