"Hemos batallado mucho para poner un freno a quienes atacan al bosque. Para nosotros, el bosque es algo sagrado", dicen comunitarios de Nahuatzén.
Con las cicatrices aún frescas de tres balazos que estallaron en el cristal delantero, una vieja camioneta avanza renqueante por senderos sinuosos hasta adentrarse en la profundidad de los montes de Nahuatzén, en la meseta purépecha del estado de Michoacán.
La camioneta la maneja un integrante de la ronda comunitaria; un grupo de policías purépechas que desde 2015, cuando los vecinos de la localidad siguieron el ejemplo de lo sucedido en Cherán en 2011 y expulsaron a los partidos políticos y a la policía municipal por la corrupción y la violencia, tomó el control de la vigilancia del pueblo.
Aunque tomar el control no sería la palabra exacta.
Desde noviembre de 2017, el Tribunal Electoral michoacano reconoció al consejo comunal de Nahuatzén el derecho a autogobernarse sin partidos políticos. Pero, en los últimos dos años, la comunidad ha enfrentado -y enfrenta- múltiples problemas con el todavía existente gobierno municipal de Nahuatzén y con las autoridades del gobierno michoacano.
Derivado de esos problemas, una Misión Civil de Observación, integrada por organizaciones como Serapaz o el Centro Pro de Derechos Humanos, entre muchas otras, documentó agresiones por parte de la policía estatal en contra de los comuneros de Nahuatzén, el encarcelamiento de dos concejales y de otro comunero, y la “asfixia presupuestaria” del consejo comunal, al que no le llegan los recursos de la Federación que por ley le corresponde para ejercer su autogobierno.
Lo anterior ha mermado notablemente la capacidad operativa del consejo comunal.
Y a la ronda comunitaria, también.
Efraín Avilés, vocero del consejo indígena de Nahuatzén, explica que hace unos cuatro años la ronda comunitaria tenía 120 elementos, a los que se equipó con chalecos antibalas, uniformes tácticos, botas, y un par de patrullas.
Pero hoy, ante la falta de recursos, la ronda solo tiene 36 elementos que, además, no reciben un salario, que ya no tienen chalecos, ni uniformes, ni botas, y que siguen dando rondines en las dos viejas patrullas que tienen impactos de bala en los cristales.
El resultado: un grupo de apenas cuatro policías purépechas va ahora arriba de la camioneta tratando de cuidar una enorme extensión de monte sin más armas que las palabras y los puños para enfrentarse a los talamontes que, ante la precariedad de los guardabosques y la falta de oportunidades laborales, han vuelto a brotar con fuerza en Nahuatzén y en otras localidades vecinas, como Comachuén.
“Hace un par de años logramos detener la tala ilegal hasta en un 85%. Pero ahorita ya no podemos. Estamos volviendo a lo de antes”, asegura Sergio Ramírez, uno de los conejales mayores del consejo indígena, que va sujeto a los hierros de una de las camionetas que va rumbo hacia el invernadero que el consejo abrió arriba del cerro.
Mientras habla, el vehículo va dejando tras de sí una estela de polvo y un paisaje donde, a simple vista, se aprecian los efectos de la tala masiva: hay troncos cercenados y ramas regadas por extensas ‘calvas’ de tierra.
Cuando dice que están “volviendo a lo de antes”, Sergio se refiere a hace unos cinco años, aunque rápido matiza que ese “antes” era todavía mucho peor que ahora.
En aquel entonces, toda la zona estaba dominada por el crimen organizado, que cobraba extorsiones y ‘derechos de piso’ al por mayor, tanto a los aserraderos, como a cualquier campesino que se acercara al monte a cortar unos cuantos troncos.
Sacar a los malandros del pueblo les costó mucho, enfatiza Sergio que aún luce los restos de un tatuaje en la piel morena del brazo derecho.
Fueron años de barricadas, de las que aún quedan abandonadas por las carreteras de la comunidad, como si fueran vestigios del paso de una guerra. Fueron años de armarse cada quién como pudiera, de enfrentamientos con quienes tenían al pueblo en permanente toque de queda, de balaceras, y de comuneros que aparecían muertos en los caminos de terracería con el rocío escarchado de la madrugada.
Ahora, la situación es otra.
El narco se mantiene a raya, por ahora. Aunque cada vez más, la gente se está lanzando al monte a buscar madera para sacar unos pesos.
“La tala se nos está saliendo un poco de control”, admite Sergio, al tiempo que la camioneta se encuentra de frente con un campesino montado a caballo que detiene su marcha en seco.
A simple vista, el hombre no trae armas. A lo sumo, el clásico machete que la mayoría en la zona lleva siempre pegado al cinturón.
Los guardabosques se miran unos a otros y el ambiente se torna tenso.
A lo lejos, el campesino se lleva la mano al sombrero. Saluda sin perder el gesto hosco, mientras, con la otra mano, tira de una lona azul para tratar -torpemente- de ocultar la mercancía que lleva en un viajo carromato: decenas de troncos gruesos de pino recién cortados.
Los guardabosques se dan cuenta del movimiento, pero asienten con la cabeza, regresan el saludo, y el hombre pasa con sus troncos ilegales.
Ante la escena, Sergio se encoge de hombros. Explica que para mucha gente en el pueblo “cortar unos pinos para luego fabricar muebles y venderlos” es prácticamente su única salida para subsistir en un municipio donde, según cifras oficiales, 8 de cada 10 de sus habitantes viven en condiciones de pobreza, y donde la alternativa es subir al monte, o emigrar, o acabar en la maña. No hay muchas más.
“Desafortunadamente -comenta el concejal agarrado de los fierros de la batea y aguantando como si fuera un vaquero arriba de una res brava los embistes violentos que da la camioneta a su paso por los senderos escarpados y llenos de baches-, si la gente no tiene otra forma de obtener un ingreso para dar de comer a su familia, tampoco podemos estar deteniéndolos a cada rato”.
“Nadie nos ayuda a defender el bosque”
Una hora y media después de partir desde la casa comunal de Nahuatzén, en la cabecera municipal donde hay calles pintadas con murales que aseguran que en el pueblo “no queremos a los partidos políticos”, la camioneta de los policías purépechas hace cumbre en una pequeña meseta, donde hay una basta extensión de campo cercado por vallas metálicas y una balsa de agua para riego.
Los policías y el concejal Sergio acceden al lugar, y rápido sale al encuentro Arnulfo Espino, un hombre de 60 años que viste una camisa de cuadros roja, pantalones tejanos y un sombrero estilo cowboy.
Las manos grandes y el rostro angosto de Arnulfo están agrietadas y polvorientas por el paso de los años, y por el desgaste del trabajo en el campo desde que prácticamente era un niño imberbe.
Por eso, por su experiencia, lo escogieron a él para cuidar del invernadero con el que el consejo comunal de Nahuatzén pretende ir reforestando lo que los talamontes devoran a diario, como si fueran termitas en una tienda de muebles.
“Todos los días vienen los talamontes, todos”, dice con el ceño fruncido el campesino, que está parado junto a una plantación de cientos de pinos que apenas sobresalen unos centímetros del suelo arcilloso del invernadero.
“Le hemos batallado mucho para poner un freno a quienes atacan al bosque. Para nosotros, el bosque es algo sagrado, porque sin bosque no hay agua, no hay animales, y tampoco hay vida”, dice con la mirada puesta en sus pinos, para los que asegura que tampoco cuenta con fertilizantes “para ayudarlos a que crezcan más rápido” y así acortar el proceso de reforestación.
“Pero a los presidentes eso no les importa -añade acariciándose el mentón por donde una barca grisácea brota desde la barbilla hasta el bigote formando un candado-. Por eso nunca han puesto un pie acá y por eso nadie nos ha echado la mano para defender el bosque”.
Y lo peor del caso, abunda Arnulfo, es que ahora que ya tienen su propio consejo y su propia ronda comunitaria “tampoco los dejan trabajar” porque los recursos no están llegando por el pleito con los gobiernos municipal y estatal. Y sin dinero, el sueño del autogobierno está muy complicado. Casi imposible.
“Nosotros solo pedimos que nos den los recursos que nos corresponde como consejo comunitario y que nos dejen trabajar para detener la taladera de nuestro monte”, hace hincapié el campesino, que sostiene entre sus grandes manos ocres uno de los pinos que, tal vez en meses, sirva para repoblar la vida del bosque que da la vida a Nahuatzén.
A garrotazos
Abel Sánchez, jefe de los pocos guardabosques que aún quedan en Nahuatzén, no viste ningún uniforme policiaco ni militar.
Como el resto de la ronda comunitaria, lleva un pantalón de mezclilla, un polo azul claro, y una gorra de béisbol. Poco más.
Arriba de la batea de la camioneta, ya de vuelta al pueblo antes de que termine de caer el ocaso anaranjado de la tarde, Abel lamenta que proteger el bosque se ha vuelto una tarea cada más más complicada y peligrosa, por la que muy pocos quieren arriesgar la vida. Y que conste que no lo dice como reproche, matiza a colación. Nadie trabaja de gratis, por mucho que se quiera al pueblo y a la comunidad. Y menos si en ello va implícito arriesgar la vida ante los delincuentes.
“Nosotros no vamos armados, no traemos nada porque no tenemos dinero para comprarlas”, insiste el hombre quien, no obstante, dice conciliador que los guardabosques “no son gente de violencia”.
“Siempre tratamos primero de hablar con los vecinos -recalca-. Les explicamos que no pueden llevarse tanta cantidad de árboles porque todos tenemos que cuidar el bosque. La mayoría lo entiende, aunque siempre sale por ahí algún rebeldito que no quiere entenderlo”.
¿Y qué pasa con esos que no entienden? -se le pregunta a Abel, a lo que éste, responde espontáneo con una sonrisa burlona.
“Entonces, de las palabras pasamos a los puños y a los garrotazos, como se ha hecho toda la vida”.
A unos 11 kilómetros del bosque, en Comachuén, la localidad vecina que desde el 2018 también consiguió el reconocimiento del Tribunal Electoral de Michoacán como comunidad que se autogobierna sin partidos políticos ni policía local, Virginia explica que la situación de la tala ilegal en su comunidad es idéntica a la de la cabecera Nahuatzén.
Aunque ella sí va uniformada con botas, pantalón y polo azul marino -al estilo de la Policía Federal-, la ronda comunitaria de Comachuén tampoco porta armas porque no tienen el dinero para comprarlas, y también porque legalmente aún no están autorizados para portarlas.
Por ello, su única autoridad en la calle y en los campos de la comunidad es la simbólica que le otorgó el pueblo. Y con eso, asegura Virginia, les alcanza para hacerse respetar y para imponer el orden.
“Cuando pillamos a los talamontes les quitamos los caballos y entonces tienen que venir a la presidencia comunal a pagar para poder recuperarlos. A veces, traemos tres y cuatro caballos por día. Pero también se nos escapan muchos”, expone la mujer.
En cuanto a si no reciben ayuda de otros cuerpos policiacos para cuidar los montes, Virginia encoge los hombros y sonríe resignada.
A veces, reciben apoyo de la policía estatal michoacana, dice. Pero la mayor parte del tiempo es ella y sus compañeros los que enfrentan “a los malos” con palabras o “a los puros golpes”, como sus compas de la ronda comunitaria de Nahuatzén.
Aunque, en otras ocasiones, también tienen que mirar para otro lado.
“Acá todos sabemos quiénes son los que suben al monte para cortar unos pocos troncos, y quiénes son los que suben con camionetas y armados”, asegura la policía, enigmática.
“Los que van con armas siempre se organizan en grupitos, nunca suben solos. Y cuando vemos que son ellos, mejor solo pasamos de largo y no nos acercamos…”, dice Virginia, que clava la mirada en sus botas negras recién boleadas con grasa y cierra los puntos suspensivos con una sentencia cargada de lógica: “Porque sin armas no podemos hacerles nada”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/03/sin-dinero-y-a-garrotazos-asi-combaten-comunitarios-de-nahuatzen-la-tala-ilegal/