El juez federal, Brian Cogan, a cargo de los procedimientos para un eventual juicio a García Luna, negó el domingo pasado por la noche el pedido del exfuncionario de conseguir su libertad a cambio del pago de una fianza, lo que otro juez de la misma corte ya le había negado. El reciente fallo es en respuesta al recurso de apelación que interpuso el abogado de García Luna tras la primera negativa de concederle libertad bajo fianza.
El juez Cogan emitió por escrito la moción en que sustenta el rechazo, anotando que García Luna representa un “riesgo de que huya” a México si fuera puesto en libertad como pide su abogado de oficio César de Castro.
“El acusado representa un riesgo de fuga, tiene acceso a recursos financieros y el peso de evidencias en contra de él es muy fuerte”, subrayó el juez Cogan para reiterar el fallo que en el mismo sentido emitió el magistrado federal Ramón Reyes, el pasado 31 de marzo.
García Luna solicitó la libertad condicional pagando una fianza de dos millones de dólares en propiedades, y por temor a contagiarse del covid-19 en la prisión donde se encuentra desde al pasado 9 de diciembre del año pasado cuando fue detenido en Dallas, Texas.
“De ser declarado culpable, el acusado enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de cárcel… aunque el acusado pueda estar en desacuerdo con esta posibilidad, es indisputable que sería encerrado un tiempo significativo. En otras palabras, esto es otro fuerte incentivo de fuga”, remató en su decisión escrita el juez Cogan.
El exsecretario de Seguridad Pública está acusado de conspirar para traficar cocaína en colusión con el Cártel de Sinaloa, de recibir millones de dólares como pago a sus servicios de esta organización criminal y de mentir bajo juramente a agentes federales.
Como sentencia máxima y de ser declarado culpable en un juicio, García Luna podría recibir una condena de cadena perpetua.
La próxima audiencia de preparación de juicio a García Luna esta calendarizada para el próximo 4 de junio. Al mismo tiempo el exfuncionario mexicano y el Departamento de Justicia negocian un acuerdo para evitar el litigio y convertirse en testigo cooperante.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
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