De acuerdo con el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), 7 mil 703 de los proveedores del gobierno se clasifican como micro empresas, 5 mil 844 como pequeñas y 3 mil 585 como medianas, el resto son corporativos o prestadores de servicios profesionales.
Así, con el objetivo de generar un paquete de 622 mil 556 millones de pesos, en medio de la parálisis impuesta por la pandemia de Covid-19, se prevé reducir uno de cada cuatro pesos que la administración pública gasta en materiales, suministros y servicios generales, con excepción de la Secretaría de Defensa Nacional, Salud, Marina, Energía y Seguridad y Protección Ciudadana en la Guardia Nacional.
Dichos ajustes resultan en 45 mil 380 millones de pesos; y si bien son casi el doble del programa de créditos para pequeños negocios anunciado por el presidente, es apenas una 37ava parte del billón 719 mil 157 millones que ocupan también en materiales, suministros y servicios generales la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
Otra de las propuestas principales del decreto es la eliminación de aguinaldos y la reducción de 25 por ciento a los salarios de altos funcionarios (subdirectores hasta presidente) por 3 mil 500 millones de pesos, monto que representa 0.4 por ciento de un gasto que se considera obligatorio en el Paquete Económico por 873 mil 829 que contempla el Paquete Económico 2020.
Violeta Rodríguez del Villar, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, detalló que en la actual crisis es positivo el ánimo de redistribuir, así como el agotar los recursos presupuestales sin acudir a más deuda. No obstante, sin crecimiento y sin diversificar los sectores estratégicos a los que se puede apoyar, todo efecto positivo se anula.
“La redistribución no sólo es una idea loable, sino necesaria y que en México era urgente. Sin embargo, debemos reforzar por el lado de impulso al crecimiento y éste requiere una estrategia de subsidios bastante tensada y que vaya a sectores estratégicos, los cuáles no pueden ser sólo uno. Esto es México. No va a crecer si solamente le apuesta al petróleo, tiene que ser bastantemente más diversificado sin abandonar el objetivo redistributivo”, explicó.
Sunny Villa, directora de Gasto Público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), abundó que aún falta ver hasta dónde llegará el decreto bajo el planteamiento que hizo Presidencia, sin embargo, también destaca la salida del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los sectores prioritarios, pese a que éste acompaña la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19.
La apuesta es simplificar el gobierno “lo cuál es bastante grave”, indicó. Y si bien antes de la crisis sanitaria ya había un problema de espacio fiscal, hay ciertos rubros que no están comprometidos y, aunque también necesarios, pueden reorientarse. Entre ellos las evaluaciones, regulaciones y promoción, pero no representan más allá del 5 por ciento del presupuesto.
Rodríguez del Villar explicó que en el contexto de volatilidad actual lo recomendable es reorientar el gasto público antes que acudir a deuda, pero es difícil a través de los mecanismos que se han planteado porque afectan los derechos laborales. En cambio se debería hacer una reingeniería de todo el presupuesto, fijar cuáles proyectos son prioritarios, rentables y cuáles tienen mayor efecto multiplicador. “Como se había planteado desde un inicio, si no hay crecimiento, no hay qué distribuir”, acotó.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: DORA VILLANUEVA.
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