Por su parte, comunidades, activistas, colectivos y organizaciones defensoras de los pueblos indígenas rechazaron que la construcción del Tren Maya continúe a pesar de la emergencia sanitaria por coronavirus y denunciaron el «estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto».
«Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria», criticaron las organizaciones, entre las que se encuentra la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (Frayba).
En la asignación, la SCT confirió los derechos de exclusividad a la empresa y puntualizó que la construcción de la vía férrea y demás inmuebles necesarios para prestar el servicio público de transporte ferroviario deberá realizarse dentro de los 48 meses siguientes a partir de la publicación de la asignación.
En el documento se señala que Fonatur Tren Maya debe ser responsable “de la preservación y conservación de los bienes asignados que tienen valor histórico, cultural o artístico”.
“El Asignatario será responsable de la remediación ambiental derivada de los daños que en materia ecológica y protección al ambiente se originen a partir de la vigencia de la presente Asignación, y que deriven de actos u omisiones a su cargo, de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables en la materia”, agrega el documento.
Finalmente, la SCT estableció que la asignación tiene un vigencia de 50 años, contados a partir del día siguiente de la fecha de su firma.
Por su parte, las organizaciones y colectivos que se oponen al megaproyecto exigieron al gobierno federal que suspenda la construcción del denominado Tren Maya y, con posterioridad a la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información de los pueblos indígenas.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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