La Auditoría Superior de la Federación descubrió el gasto irregular de al menos 10 mil millones de pesos durante la gubernatura de Graco Ramírez en Morelos. Entre las observaciones destaca el desvío de fondos para obras que beneficiaron a particulares, trabajos inconclusos o que no se hicieron, el pago de salarios de empleados que los auditores no pudieron encontrar y sueldos para “comisionados” ligados al SNTE. También halló anomalías en el uso que dio a los fondos federales destinados para la reconstrucción tras los sismos del 19 de septiembre de 2017.
El gobierno de Morelos debe responder por el paradero de al menos 10 mil millones de pesos ejercidos en el sexenio del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu (2012 a 2018), de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Señalado por diversos personajes como la administración más corrupta del estado, sobre el entonces mandatario de origen tabasqueño y sus colaboradores también pesan 30 carpetas de investigación luego de que el actual gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco interpuso denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos.
La mayoría de esos procesos locales contra Graco están ligados a la “distracción” de recursos de origen estatal; el dinero fue desviado y utilizado para pagar a sobreprecios millonarios obra pública inconclusa o que nunca se realizó.
Por dichas acusaciones se destacan los casos de los exsecretarios Patricia Izquierdo, de Obras Públicas; Topiltzin Contreras, de Desarrollo Sustentable, y Jaime Álvarez, de Turismo. Los dos primeros aprobaron el pago de proyectos que nunca se terminaron; el último funcionario autorizó a sobreprecio el desembolso de al menos 8 millones de pesos para un concierto.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2267 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 12 de abril de 2020
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.