La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también han apremiado a los gobiernos a tomar medidas que pongan a salvo a la población recluida en condición de vulnerabilidad, entre la que se cuenta a mujeres embarazadas y personas adultas mayores o con enfermedades crónico-degenerativas.
María Sirvent, directora de Documenta, organización que defiende los derechos de las personas privadas de la libertad, señala que, frente a la crisis sanitaria, es urgente ejercer la liberación anticipada de presos establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, medida que, por un lado, protegería la salud de la población vulnerable y, por el otro, ayudaría a desahogar la saturación de las cárceles tanto federales como estatales.
De acuerdo con el más reciente informe del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), hay un total de 202 mil 337 personas en reclusión; dicho reporte indica que 110 de los 297 centros penitenciarios federales y estatales del país tienen sobrepoblación; específicamente, el 45% de los reclusos comparte su celda con más de cinco personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi de 2016.
Sirvent afirma que al interior de las cárceles es imposible poner en práctica medidas como la sana distancia o el autoaislamiento, además de que hay centros penitenciarios que no cuentan con infraestructura de agua potable adecuada y tienen carencias en sus servicios médicos.
“Las medidas preventivas de contagio tienen que ser intensificadas y diferentes al interior de un reclusorio que las que están llevando hacia el exterior, porque al interior de un reclusorio, que duerman dos o tres personas en una celda ya no es una sana distancia, no puedes hacer aislamiento, y si aparte no hay agua, tampoco puedes llevar un régimen de limpieza riguroso para estar desinfectando; sí creo que se deben incrementar todas las medidas preventivas posibles porque, en caso de que entre el virus, va a ser muy difícil detenerlo”, advierte en entrevista.
“En el caso en que sí llegue el virus adentro, puede generar muchísimo contagio sin poderlo controlar, porque, si controlarlo afuera es difícil, imagínate adentro, y sobre todo porque no van a tener tampoco la capacidad de atenderlo, porque no creo que las torres médicas de los reclusorios tengan respiradores o el material que se necesita”.
Animal Político solicitó a la OADPRS, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –dependencia a la que está adscrita administrativamente-, un informe sobre las medidas preventivas adoptadas para proteger la salud de la población en reclusión, pero no recibió respuesta.
El área de comunicación de la SSPC se limitó a decir que la autoridad rectora del sistema penitenciario federal “sigue las recomendaciones de la Secretaría de Salud”.
Sirvent afirma que en algunas prisiones del país se tomó la decisión de restringir las visitas a las personas en reclusión sin tomar en cuenta que el 70% de los internos dependen enteramente de insumos y recursos que les proporcionan sus familiares, desde artículos de higiene personal hasta dinero que deben pagar dentro de las prisiones para garantizar su supervivencia.
“No queremos decir si está bien o mal que restrinjan las visitas por una cuestión de que no existan más contagios, porque a lo mejor sí es una medida responsable, sin embargo, junto con esa medida deben ir de la mano otras medidas responsables, como va a ser que la autoridad sí pueda proveer de todos los artículos que les dan las familias al interior (a los reclusos)”, expone.
“¿Y por qué sí es probable que el virus puede entrar? Porque el personal, la autoridad penitenciaria, los custodios, la gente de enfermería, ellos entran y salen; más allá de que restrinjas la visita, hay mucha gente que sí entra y sale. Han dicho que (han seguido) el mismo protocolo que han marcado aquí afuera, pero ese protocolo no puede aplicar allá adentro”.
La especialista apunta que la restricción no planificada de las visitas familiares puede propiciar protestas internas y poner en riesgo la gobernabilidad de los centros penitenciarios, como sucedió durante la epidemia de la influenza AH1N1, cuando hubo motines en al menos cinco cárceles.
“(Se debe) garantizar la gobernabilidad del centro, porque lo que ha sucedido en otros países, ya en este contexto del coronavirus, es que cancelar la visita te genera muchos disturbios al interior, inclusive llegando hasta motines, porque es la visita la que provee todos estos utensilios, la que les lleva a los internos dinero, cigarros, muchas cosas que representan una moneda de cambio al interior, entonces, el restringir la visita y no mitigar las consecuencias, puede traer efectos muy graves, como son estos motines”, detalla.
En Sri Lanka, por ejemplo, la confirmación de casos de COVID-19 al interior de una prisión, sumada a la decisión del gobierno de prohibir las visitas del exterior, desató protestas de internos que exigían ser puestos en libertad para evitar el contagio; dos de ellos murieron en enfrentamientos con las autoridades. Otros países en los que ha habido disturbios en prisiones por la exigencia de medidas de contención de la pandemia son Colombia, donde murieron 23 presos en choques con la Policía; Perú, con dos muertos, y Brasil, donde se fugaron más de mil 300 internos de tres cárceles.
El pasado 30 de marzo, Documenta promovió ante la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México una solicitud de preliberación de personas en centros de reclusión para garantizar su derecho a la salud e integridad ante la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, conforme la Ley Nacional de Ejecución Penal.
¿Tienes una persona privada de la libertad? 👥— Documenta A.C. (@DocumentaAC) April 3, 2020
Si no cometió delitos graves o que ameriten prisión preventiva oficiosa y cumple con los requisitos del art. 146 de la #LNEP descarga el formato para pedir su #preliberación por la pandemia por #COVIDー19
👉 https://t.co/5USdcZIAIY pic.twitter.com/1WFjpOb23B
La asociación civil solicitó aplicar la medida en los 13 penales de la capital, en los que hay aproximadamente 24 mil 850 personas privadas de la libertad: los centros de ejecución Varonil Norte y Oriente; el centro varonil Santa Martha Acatitla; los centros femeniles Santa Martha Acatitla y Tepepan; los centros varoniles de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) y de seguridad penitenciaria I y II; la Institución Abierta Casa de Medio Camino; la Penitenciaría del Distrito Federal y los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente y Sur.
El artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal puede beneficiar a personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de enfermedades crónico-degenerativas o terminales, no importando el tiempo que hayan compurgado o les falte compurgar de su condena. La medida también puede aplicar para personas que hayan cometido delitos sin violencia y cuya pena máxima sea de cinco años de prisión.
“La ventana de oportunidad es muy amplia, porque aquí no está importando nada, por ejemplo, cuánto tiempo (llevan en prisión), por qué delito, no importa, dice simplemente que es por el hecho de ser adultos mayores o tener enfermedades crónico-degenerativas, yo veo este artículo como algo muy importante, porque es justo la población que estamos hablando que está en riesgo (ante el COVID-19)”, indica Sirvent.
El beneficio de preliberación excluye a personas sentenciadas por delitos graves, como desaparición forzada, crimen organizado, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, corrupción, fraude electoral y robo de hidrocarburos.
La directora de Documenta indica que no existe una estadística oficial que permita saber qué porcentaje de la población privada de la libertad en centros de reclusión está en condición de vulnerabilidad de contagio de COVID-19.
“Yo creo que ni la propia autoridad sabe bien, ese es un problema, la falta de datos, pero nosotros estamos solicitándolo y sería responsabilidad de la autoridad hacer un censo”, demanda.
Preocupación mundial por cárceles
La OMS publicó un documento sobre prevención y control del COVID-19 en prisiones y centros migratorios en el que sostiene que las personas privadas de la libertad son especialmente vulnerables al contagio de coronavirus debido a las condiciones precarias en las que viven juntas durante periodos largos.
“La experiencia muestra que las cárceles y entornos similares donde las personas se reúnen cerca pueden actuar como fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas dentro y más allá de las cárceles. La salud de la prisión, por lo tanto, se considera ampliamente como salud pública. La respuesta al COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención es particularmente desafiante, ya que requiere un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad”, señala el documento.
Agrega que, a diferencia de la población en el exterior, la privación de la libertad expone a las personas a mayores riesgos de salud.
“Las personas en las cárceles suelen tener una mayor carga subyacente de enfermedad y peores condiciones de salud que la población general, y con frecuencia se enfrentan a una mayor exposición a riesgos como el tabaquismo, la falta de higiene y la defensa inmune débil debido al estrés, la mala nutrición o prevalencia de enfermedades coexistentes, como virus transmitidos por la sangre, tuberculosis y trastornos por consumo de drogas”, indica.
El pasado 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos evaluar la liberación de individuos vulnerables al coronavirus, como adultos mayores, personas enfermas y presos no peligrosos y quienes fueron recluidos por motivos políticos.
“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo, los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”, dijo la también expresidenta de Chile.
“En esta crisis, los gobiernos se enfrentan a cuantiosas exigencias de recursos y tienen que adoptar decisiones difíciles. Pero les insto a que no olviden a las personas que están encarceladas o recluidas en instalaciones cerradas, tales como hospitales psiquiátricos, hospicios y orfanatos, porque las consecuencias de su abandono podrían ser catastróficas”, añadió.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
LINK: https://www.animalpolitico.com/2020/04/carceles-covid-19-distancia-insumos/